El PSOE y sus socios votan en la UE en contra de que policía y guardia civil sean profesiones de riesgo

Sólo cinco días después del asesinato en Barbate de dos agentes de la Guardia Civil, arrollados por una narcolancha que dejó heridos a otros dos, los representantes de PSOE, ERC, BNG, Podemos y Sumar rechazaron la asunción de esta petición urgente, presentada por la Confederación Española de Policía (CEP), sindicato representativo de la Policía Nacional y defendida por la presidenta de la comisión, la española Dolors Montserrat.

Este miércoles se reunió la mesa de coordinadores de la Comisión PETI, en cuyo pleno se presentó también el informe sobre la misión de eurodiputados que evaluaron la inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña.

En la reunión, los representantes del PP, Ciudadanos y Vox aceptaron la propuesta de la presidenta, haciendo valer su mayoría frente a los demás grupos. La petición, pues, se tratará en el próximo pleno de PETI, el 19 de marzo. Allí la defenderán tanto CEP como la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

Los coordinadores de la Comisión se reunían para debatir, entre otras, la calificación de esta petición, presentada por la vía de urgencia el pasado mes de diciembre.

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La iniciativa de CEP proponía la legislación, vía directiva europea, de dos aspectos diferentes.

Por un lado, el aumento de las penas mínimas a quienes agredan a un agente del orden, incluyendo este tipo penal en el listado de delitos de la legislación comunitaria. Es decir, los llamados "eurodelitos", especialmente protegidos por las instituciones de la UE.

En el escrito, planteaban que una agresión en la que no median lesiones, la pena mínima se aumentase a un año y medio de prisión. Y si el agente sí sufre lesiones tras ser atacado, lo que CEP sugería era un aumento de las penas hasta los tres años de cárcel.

La segunda parte de la iniciativa de este colectivo policial incluía una propuesta para que se regule que los agentes de las diferentes policías de la Unión Europea, entre ellos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), sean declarados como "profesión de riesgo". 

Profesión de riesgo

Cada año, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se sitúan en los primeros puestos entre las profesiones mejor valoradas por los ciudadanos. Sin embargo, las cifras de agresiones que sufren no han parado de crecer en los últimos años, alcanzando en 2022 niveles nunca vistos.

Ese año se registró el dato más alto de delitos de atentado contra agente de la autoridad de los últimos quince años. Hasta 12.843 policías y guardias civiles fueron víctimas de un delito de atentado en esos 12 meses.

La cifra supone más de 1.000 agresiones al mes, sólo a las fuerzas y cuerpos españoles. El dato, sumado a las agresiones a los trabajadores de las prisiones -también en aumento-, refleja la magnitud del problema. Por eso, los grupos del centro y las derechas apoyaron la petición, a pesar de que la representante socialista acusó a los impulsores de la iniciativa de "estar instrumentalizando políticamente" el ataque de Barbate.

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En 2023 esa tendencia ha continuado al alza, y los recientes y trágicos acontecimientos en Cádiz han vuelto a poner sobre la mesa esta problemática que denuncian desde hace años los sindicatos y colectivos que representan a los agentes.

El año pasado, el Partido Popular se comprometió si llegaba a la Moncloa tras las elecciones del 23 de julio a cambiar la ley para incluir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre los oficios considerados "profesión de riesgo".

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones detalla que los oficios que sean de naturaleza "penosa, peligrosa, tóxica y acusen elevados índices de mortalidad" podrán solicitar la jubilación anticipada. 

En este grupo profesional, además de al personal de vuelo de trabajos aéreos, se incluye a los mineros, a los trabajadores ferroviarios, a los artistas, a los toreros, a los bomberos, a los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza y a los policías locales. 

Así, un policía local que trabaja en pequeñas urbes está considerado dentro de una profesión de riesgo, mientras que un policía nacional que trabaja en grandes ciudades, no lo está. Se trata de una lucha interna hace años que denuncian los sindicatos, hablando de "discriminación".

Petición de la CEP

Desde la Confederación Española de Policía manifiestan no comprender los motivos que pueden impulsar a un grupo político a votar en contra de su petición. No saben si están en contra de que se proteja mejor a los policías y guardias civiles, o si no les parece suficientemente urgente la necesidad de hacerlo.

Por ello reclaman el apoyo de todos los grupos políticos, sindicatos y asociaciones, para que apoyen esta iniciativa necesaria para proteger mejor a todos sus compañeros.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo es la vía de entrada directa de las quejas de los ciudadanos para pedir amparo a la Unión frente a decisiones o políticas de las autoridades de su país, o de la misma UE.

Cualquier europeo puede pedir a la Eurocámara que examine una cuestión que le afecta, o formular una queja sobre cómo se aplica el Derecho de la UE. Esto es lo que se denomina una "petición". Luego, el Parlamento Europeo estudia la cuestión en la Comisión PETI y transmite sus conclusiones a los interesados.