María Gámez, directora general de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

María Gámez, directora general de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

España caso ere

La trama que se investiga del marido de Gámez se desarrolló siendo ella alto cargo de la Junta

María Gámez abandonó en 2011 el cargo en la Administración autonómica, para presentarse como candidata por el PSOE a la Alcaldía de Málaga.

23 marzo, 2023 03:24

La socialista María Gámez se ha visto obligada a dimitir este miércoles debido a los fondos que su marido, Juan Carlos Martínez, percibió presuntamente de una empresa vinculada a la trama de los ERE de la Junta de Andalucía.

En su comparecencia pública realizada este miércoles, Gámez calificó la decisión de "difícil", pero aseguró que lo hace para proteger a su familia y a la Guardia Civil. Sus tres años como directora han supuesto uno de los periodos más convulsos en el Cuerpo con una pandemia de por medio y el caso 'Mediador' y el 'Cuarteles' también como colofón.  

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha citado a su pareja en calidad de investigado para aclarar el supuesto desvío de dinero público desde la agencia IDEA —la que pagaba los fondos de los ERE— hacia un entramado de empresas propiedad de tres hermanos. Entre ellos se encuentra el marido de María Gámez.

Ni en los 12 folios del primer auto, fechado el pasado 22 de febrero, en el que ordena investigar a la empresa de Juan Carlos Martínez, ni en los dos de la providencia, del pasado 16 de marzo, aparece el nombre de María Gámez. Pero en los años en los que el instructor centra su investigación, entre 2009 y 2011, ella ocupaba un alto cargo en la Administración andaluza.

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Tras su carrera como funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta, María Gámez fue nombrada en 2004 delegada en Málaga de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de la que dependía la Agencia IDEA.

Ocupó este puesto hasta 2008 cuando se convirtió en delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, cargo que desempeñó hasta abril de 2011, prácticamente el periodo en el que el juez instructor centra su investigación. Gámez dejó ese cargo para convertirse en la candidata por el PSOE a la Alcaldía de Málaga, pero se quedó en la oposición al obtener el alcalde popular Francisco de la Torre su tercera mayoría absoluta. 

Un año después, dejó la primera línea de la política, a la que no regresó hasta 2018, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la rescató para nombrarla subdelegada del Gobierno en Málaga, y desde allí llegó luego a la cúpula del Instituto Armado.

Los tres hermanos Martínez Martínez (entre ellos, Juan Carlos Martínez, marido de María Gámez) y quien fuera director de la agencia IDEA entre 2008 y 2009, Jacinto Cañete —que ya ha sido condenado a inhabilitación en otra pieza del caso ERE— han sido citados a declarar ante el juez en calidad de investigados por el supuesto desvío de fondos que estaban destinados a reflotar empresas en dificultades económicas.

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El juez señala como cerebro de la trama a Bienvenido Martínez (cuñado de Gámez), quien siendo presidente de la ya extinta Santana Motor, participada por la Administración andaluza, presuntamente desvió fondos procedentes de la agencia IDEA en beneficio de su propia consultora, Experience Management Group

Según el instructor, entre 2009 y 2011, esta sociedad habría recibido dinero público de Santana Motor por importe de 339.701 euros, siendo Bienvenido Martínez, al mismo tiempo directivo de ambas sociedades. El total de ayudas desviadas asciende, según la investigación, a 1,3 millones de euros.

Presumiblemente los pagos se justificaron como pago por el alquiler de un despacho en las oficinas del Centro de Negocios que la Junta abrió en Madrid.

La trayectoria de Juan Carlos Martínez

Los tentáculos de la trama llegan a dos de sus hermanos porque supuestamente parte de estas ayudas públicas fueron transferidas a otras sociedades de su familia, según las pesquisas del instructor de la causa quien apoya su tesis en un informe de la UDEF. En concreto, el juez se refiere a la sociedad Be Make Create, titularidad de Manuel Martínez, y a Job Management Liberty, de Juan Carlos Martínez, marido de la ya exdirectora de la Guardia Civil María Gámez.

Juan Carlos Martínez tiene una larga trayectoria relacionada con el PSOE. En política, no pasó de ser concejal de Juventud en su localidad, La Carolina (Jaén), pero desde 1997 ha tenido varios cargos entre bastidores, un eterno asesor.

Primero estuvo a las órdenes del consejero Francisco Vallejo, como asesor en la Consejería de Obras Públicas y, posteriormente, en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

De ahí, dio el salto a Madrid como director de Comunicación y de Gabinete del ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, quien también está en el punto de mira judicial por supuesto alzamiento de bienes.

A continuación, Juan Carlos Martínez fue jefe de gabinete de la persona de confianza de Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, durante su etapa como secretario de Estado de Cooperación Territorial en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Tanto Vallejo como Zarrías y Chaves también han sido condenados por el caso ERE.

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Justo después, el marido de María Gámez pasó por tres empresas públicas andaluzas, en las que nunca llegó a estar más de seis meses trabajando. Desde julio 2011 se gana la vida como consultor al frente de su propia empresa.

No es la primera vez que la Justicia cerca al marido de Gámez. En 2022 también fue investigado en la causa abierta para investigar las posibles irregularidades en la concesión de ayudas públicas millonarias a la empresa Santana Motor, que presidía su hermano Bienvenido, pero unos meses más tarde el mismo juez lo exoneró.

Ahora sobre la mesa tiene otra citación judicial que ya le ha costado el puesto a la primera mujer directora de la Guardia Civil en este país.