Guardia Civil: críticas a los "años perdidos" de Gámez y a la "falta de currículum" de Mercedes González

Su mandato comenzó con una pandemia, continuó con los ceses de varios mandos importantes, como Diego Pérez de los Cobos por "pérdida de confianza", siguió con la tragedia de las muertes de subsaharianos en la valla de Melilla; luego, con la polémica retirada de los agentes de Tráfico de Navarra y de diversas competencias que tenían en Cataluña... y ha finalizado con dos grandes escándalos en la cúpula. La guinda ha sido su renuncia tras la imputación de su marido en un caso de corrupción.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había encontrado en Gámez una fiel aliada. Sin embargo, no son de la misma opinión ni los mandos ni buena parte de los colectivos que representan a los guardias civiles. Para todas las fuentes consultadas, la etapa de Gámez es una de las más decepcionantes que se recuerdan. 

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Los escándalos en la cúpula durante el ocaso de su mandato retrotraen a los tiempos de Luis Roldán, en gran medida, por las adjudicaciones irregulares en los cuarteles y por las juergas con prostitutas y las mordidas del caso Mediador.

Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Gámez "no ha demostrado la capacidad suficiente para implantar los cambios de modernización y democratización" que se necesitan.

"Se ha vuelto a perder otra oportunidad de llevar a la Guardia Civil en consonancia con los tiempos. La situación actual en el Cuerpo es inaceptable. La falta de avances profesionales, sociales y económicos para los guardias y los casos de presunta corrupción que afectan a altos mandos, indignan y avergüenzan a todos", continúan.

A JUCIL, la asociación mayoritaria, le parece insólito que Marlaska califique a la directora saliente como la mejor: "No ha logrado ninguna mejora. Hemos vivido una de las peores etapas de la historia en la Benemérita. Pero ese logro se lo debemos al Gobierno y su ministro de interior".

Su secretario general, Ernesto Vilariño, apunta,además, a la falta de transparencia. "Es una condición exigible en una sociedad democrática y avanzada como es la española. La claridad en las actuaciones es la que debe marcar el camino futuro de la Guardia Civil", asegura.

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Es lo mismo que opinan otros colectivos, como Independientes de la Guardia Civil (IGC): "Son años perdidos. No ha habido mejoras, ni en material ni en medios. Por no hablar de la equiparación salarial... En los momentos importantes no nos ha defendido. Por ejemplo, en la propuesta de la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana". Muchos respondían, entre bastidores, a los mensajes difundidos que anunciaban la noticia, aliviados: "Ya era hora de que se fuera".

Falta de preparación

Gámez da paso a otra mujer: Mercedes González, la delegada del Gobierno en Madrid. Su nombre no gusta, de entrada. Los agentes subrayan su perfil "muy político y con poca preparación" para el cargo que va a desempeñar. "Sin currículum", dicen, concretamente. Su llegada a la Guardia Civil es, para ella, una vía alternativa a su destino frustrado, que no era otro que tratar de ser alcaldesa de Madrid.

María Gámez vivió durante un tiempo junto a sus diez hermanos y sus padres en el faro de Estepona (Málaga). EE

Aunque nunca llegó a designarla oficialmente, el PSOE madrileño sí lanzó a Mercedes González como candidata de facto. En julio de 2022, antes de configurar siquiera las listas, ya participaba en actos del partido con un evidente tono electoralista.

Sin embargo, la candidata oficiosa nunca llegó a ser candidata oficial. Y ello, pese a que en un acto de julio de 2022, Adriana Lastra, entonces vicesecretaria general del partido, al dar paso al discurso de González, señaló que ésta y Juan Lobato serían "dos extraordinarios líderes" del PSOE "en esta ciudad y en la Comunidad". Finalmente, el PSOE madrileño optó por designar a la ministra Reyes Maroto.

Recientemente, un juez archivó una querella interpuesta contra Mercedes González por el supuesto delito de prevaricación. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica la había señalado por, presuntamente, no haber autorizado que una manifestación de esta organización, contraria a la Ley de Memoria Democrática, ocupara una zona cercana al Congreso, pese a que una protesta de sesgo izquierdista sí había podido acceder a dicha área unos días antes. El magistrado, no obstante, no vio indicios de delito en la actuación de la delegada del Gobierno en la capital.