La presidenta del Congreso, Meritxell Batet (c), junto al vicepresidente segundo y la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Sofía Herranz (i) y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (d).

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet (c), junto al vicepresidente segundo y la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Sofía Herranz (i) y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (d). Efe

España MERITXELL BATET

La Mesa del Congreso pospone la suspensión de los diputados presos y pide un informe a los letrados

El órgano de gobierno de la Cámara Baja decidirá probablemente este viernes sobre la suspensión que defiende (pero no ordena) el Tribunal Supremo. 

Los cuatro diputados independentistas procesados ante el Tribunal Supremo continúan con sus derechos intactos. Tras alrededor de tres horas de reunión, la nueva Mesa del Congreso de los Diputados, presidida por Meritxell Batet, ha acordado pedir un informe a los letrados de la Cámara antes de decidir, probablemente este viernes, qué hacer.

La decisión "no es discrecional y en ningún caso política", ha dicho Batet. Por ese motivo, la Mesa ha decidido "solicitar una informe a la secretaría general del Congreso para tener esta mayor seguridad jurídica y garantizar que toda decisión que tome la Mesa al respecto tiene fundamentos jurídicos sólidos", ha dicho.

No todos los partidos querían solicitar el informe a los letrados. Batet solicitó la unanimidad para encargarlo, pero el PP se opuso. Una nueva reunión del órgano, este viernes a las 12:30, estaría ya en disposición de decidir, ya con el informe sobre la mesa. "Esta presidencia y la Mesa no tiene ninguna voluntad de dilatar esta decisión", ha dicho Batet. 

Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (Junts per Catalunya) se convirtieron en diputados este martes en un pleno insólito en el Congreso. Aunque están siendo juzgados ante el Tribunal Supremo, sus derechos políticos están intactos y la ley no les impide presentarse a las elecciones. Todo cambia ahora que se han convertido en parlamentarios.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice en su artículo 384 bis que todo cargo público procesado por rebelión y en prisión provisional, como es su caso, quedará "automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión". Otras interpretaciones aseguran que bastaría el artículo 21 del reglamento del Congreso para aplicar dicha suspensión

"La humillación del pueblo español"

Para Ana Pastor, exvicepresidenta del Congreso y ahora vicepresidenta tercera, la ley "es inequívoca, clara y de obligado cumplimiento". "Hemos pedido a la Mesa que se aplique ya la ley y se adopten las medidas" de suspensión. "Lo demás supondría incumplir la ley", ha advertido. "Los informes jurídicos se solicitan cuando hay dudas jurídicas. En este caso, la ley es clarísima". 

"Sánchez y Batet están siendo cómplices de los golpistas, que seguirán cobrando de todos los españoles porque el PSOE lo permite", ha dicho por su parte el diputado Juan Carlos Girauta, en nombre de Ciudadanos.

"Batet no puede arrodillar a la democracia española ante los golpistas por el hecho de tener un pacto entre los partidos", ha añadido. "Cada minuto que están cobrando de todos los españoles y ocupando un escaño es un minuto de humillación al pueblo español", según él.

Ciudadanos tampoco considera necesario informe alguno de los letrados y asegura que si este viernes no son suspendidos, pedirán la dimisión de Batet. 

¿Quién debe decidir?

Quién debe decidir esa suspensión ha sido motivo de controversia esta semana entre el poder legislativo y el judicial. PP y Ciudadanos consideran que es la Mesa del Congreso, su órgano de gobierno, quien debe aplicar la ley y suspenderlos de sus derechos.

La nueva presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, aseguró el miércoles que corresponde al Tribunal Supremo reclamar esa suspensión para que la Mesa se limite a aplicarla sin mayor margen. Por ese motivo, la propia Batet se dirigió al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para pedirle las aclaraciones pertinentes. Lo hizo al margen de la Mesa, donde están representados PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, basándose en que es su competencia velar por los derechos de los diputados. 

La respuesta del Supremo fue escueta y, en la práctica, rechazaba la petición de Batet, argumentando que la responsabilidad recae en la Cámara