Sánchez envía a Bruselas un Presupuesto con cinco vías de agua que amenazan su viabilidad

El Gobierno ya tiene un borrador de Presupuestos. Este lunes envió a Bruselas las grandes cifras de las cuentas públicas para 2019. Celebró para ello un Consejo de Ministros extraordinario, a lo que siguió la comparecencia de tres ministras, la de Hacienda, María Jesús Montero, la de Economía, Nadia Calviño, y la portavoz, Isabel Celaá. 

El Gobierno quería darle solemnidad al acto. Empaque para unas cuentas públicas sobre las que se ciernen muchos nubarrones. 

1. La desaceleración

El Gobierno rebajó este lunes la previsión de crecimiento del 2,7% al 2,6% para este año y del 2,4% al 2,3% para el que viene en relación al PIB. Es la primera vez que se constata esa rebaja en las previsiones. En julio, la ministra Calviño confirmó los datos que calculó el anterior Gobierno. "Mantenemos las previsiones de crecimiento económico del anterior gobierno", dijo hace menos de un mes el presidente del Gobierno en una entrevista en La Sexta. 

La rebaja de la previsión de crecimiento llega tras meses de análisis económicos que pronosticaban una desaceleración de la economía europea y, en particular, de la española, que llevaba varios años creciendo con fuerza tras la grave crisis económica que, por otra parte, llegó un poco después que a otros países. 

Calviño circunscribió a la demanda externa las causas de esa desaceleración, que sería en cualquier caso leve si se cumplen los nuevos cálculos del Gobierno. Sin embargo, una nueva revisión a la baja podría tener tanto otras causas, en particular las internas, como un efecto en otros indicadores que puedan constituir el germen de otra crisis económica. En ese sentido, el aumento de la presión fiscal y un mayor gasto social podría no ayudar a cuadrar las cuentas públicas. 

2. Una senda de déficit irreal

El Gobierno presenta una senda de déficit que no le permite la legislación nacional. Según los datos presentados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el déficit en 2019 será del 1,8% del PIB y no del 1,3%, como estaba comprometido. 

El Gobierno justifica con dos argumentos esa previsión. El primero es que la Comisión Europea ha aceptado ese incremento del déficit, que incluiría aumentar el gasto de las autonomías en 2.500 millones de euros, según el Ejecutivo. 

La segunda razón es la falta de credibilidad que, para el Ejecutivo, tienen los presupuestos de este año: los que dejó Mariano Rajoy. Según Montero, era una "falacia" que España pudiera acabar este ejercicio con un déficit del 2,2% del PIB sino que lo hará con un 2,7%. Esa previsión, hecha en pública en julio por el Gobierno y basada en informes de la Autoridad Fiscal (Airef), hace imposible ajustar en un año desde el 2,7 al 1,3, una cantidad que obligaría a detraer ingentes recursos que podrían motivar una contracción de la economía. 

En cualquier caso, el Gobierno ha remitido a Bruselas unos presupuestos cuyo objetivo de déficit prohibe el Congreso y el Senado. Para aprobar una nueva senda, ambas cámaras deben dar su consentimiento. Pero en el Senado el PP tiene mayoría absoluta y no está por la labor, por lo que los socialistas quieren cambiar la ley para que sea sólo el Congreso donde recaiga la autorización. La reforma es lenta y el Ejecutivo no espera que salga a la luz hasta bien entrado 2019. En ese momento, el Estado y las comunidades tendrían más margen, aunque la letra de los Presupuestos se presente al Congreso con la senda que dejó el PP. 

3. ¿Ingresos inflados?

Un primer análisis de las cifras presentadas por el Gobierno hacen dudar no de la previsión del crecimiento ni tampoco de la de déficit sino de que el Estado vaya a lograr los ingresos que pretende. 

Un contundente comunicado de la CEOE, la principal organización de empresarios, duda de que el Ejecutivo recaude 1.200 millones gracias a las tecnológicas, "ya que las estimaciones de recaudación del gobierno anterior, sobre una propuesta de impuesto muy similar, ascendían a 600 millones de euros".

Lo mismo ocurre con el impuesto de sociedades, donde la CEOE ve 1.300 millones de posible recaudación y no 1.600 (aunque el papel del Gobierno habla de 1.776). "En cuanto al aumento de la fiscalidad del gasóleo, las estimaciones anteriores suponían un aumento de recaudación de 400 millones de euros, que pasan ahora a ser 670 millones de euros", según la patronal. El economista Daniel Lacalle, feroz crítico de la política del Gobierno, también pone en duda todas estas cifras en un artículo publicado en EL ESPAÑOL.

4. Más por diesel que a las fortunas

El PSOE y el Gobierno han prometido no gravar a la clase media y trabajadora, pero la nueva fiscalidad verde, donde el impuesto al diesel es el protagonista, supondrá un aumento de los ingresos del Estado de 670 millones de euros. 

Según explicó Montero hace semanas, eso se traduce en 3,3 euros al mes para el consumidor medio. El dato de 670 millones contrasta con lo que el Gobierno subirá los impuestos a rentas altas y grandes fortunas. En total, 667 millones. 

El Ejecutivo gravará con un 1% a los patrimonios de más de 10 millones de euros, una medida con la que espera recaudar 339 millones más. Los que cobren más de 130.000 euros también sentirán el abrazo de Hacienda, que les obligará a contribuir con 328 millones de euros más.

Es decir, ingresará más por los impuestos verdes, que afectan de lleno a clases medias y trabajadoras, que por los que se aplican a los privilegiados, algo que rompe el discurso del Gobierno en esta materia. 

5. La falta de apoyos

El borrador presentado a Bruselas tiene en principio 156 votos a favor en el Congreso. Además de los 84 diputados socialistas, los 67 de Unidos Podemos, los cuatro de Compromís y el de Nueva Canarias (partido que se presenta a las elecciones en coalición con el PSOE) podrían apoyarlos. Pero sin el concurso de otros tres partidos, las cuentas públicas de Sánchez nunca verán la luz.

Se trata de los 9 de ERC, los 8 del PDeCAT y los 5 del PNV. Y todos ellos prometen vender caro su apoyo. Los independentistas catalanes condicionan en estos momentos el apoyo a que el Gobierno interfiera en el juicio a los dirigentes procesados por rebelión a través de órdenes a la Fiscalía, que por ley actúa con independencia de criterio. 

Hace unas semanas, el president de la Generalitat, Quim Torra, dio un ultimátum a Sánchez. O antes de noviembre se comprometía con la celebración de un referéndum de autodeterminación o no habría apoyo posible. La advertencia fue suavizada después, pero la influencia de los círculos independentistas más radicales hace prever que el apoyo a los Presupuestos sólo llegará, si llega, tras un largo viacrucis.