La exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

La exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Efe

España SALIDA DE LA POLÍTICA

La Ley de Incompatibilidades traba las puertas giratorias de Sáenz de Santamaría

Soraya Sáenz de Satamaría ha dejado de ser la mujer fuerte del Gobierno del PP para convertirse en un objeto de deseo empresarial. Un posible activo con contactos en el poder al que las grandes empresas de este país estarían encantadas de abrir sus puertas.... giratorias. Sin embargo, la Ley de Incompatibilidades puede ser un buen candado. Al menos en el plazo de dos años. 

El artículo 15 de la legislación dicta que los altos cargos cesantes, ministros y secretarios de Estado, deben guardar un período de cesantía de dos años sobre los ámbitos en los que han tenido capacidad de decisión directa. Es decir: que el ministro de Economía no puede dejar el cargo y volver a dirigir un fondo de inversión. Al menos en dos años. Mientras tanto, los afectados por esta normativa cobran un sueldo público pese a que su trabajo real para el Estado haya desaparecido.

En el caso de Soraya Saenz de Santamaría, la madeja se vuelve un poco más compleja. Antes de la moción de censura que costó el cargo a Mariano Rajoy como presidente, Sánez de Santamaría había sido vicepresidenta, responsable del Ministerio de Presidencia, ministra portavoz, cubrió las funciones del presidente de la Generalitat tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, ocupó durante un tiempo las carteras vacantes de Justicia e Industria y mantuvo bajo su control al servicio secreto español, el Centro Nacional de Inteligencia.

Sin embargo, la normativa tiene también algunas grietas. Si se interpreta de la forma más restrictiva, la exvicepresidenta no podría trabajar en ninguna empresa privada de este país en dos años, al considerar que su poder de decisión como número dos del Gobierno efectaba a todos los ámbitos de actuación desde el Consejo de Ministros. Pero si se analiza de forma parcelada, ella no ha ocupado nunca una cartera como la de Economía, por lo que se supone que no tendría problemas para fichar, por ejemplo, por un gran banco. 

Para resolver este tipo de conflictos, la exlideresa del PP tendrá que consultar sus ofertas laborales durante dos años con la Oficina de Conflicto de Intereses, el organismo encargado de analizar los pasos dados por ministros y secretarios de Estado a la hora de dejar la política y pasar a la empresa privada. Si el organismo no aprecia conflicto alguno, la mano derecha de Rajoy podrá fichar por una empresa financiera, un grupo de inversión o cualquier otro negocio privado.

De hecho, hay un precedente positivo si finalmente decide saltar al sector financiero: en 2015, el que fuera número dos de su cartera como subsecretario de presidencia, Jaime Pérez Renovales, recibió autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses para ocupar una silla en el consejo del Banco Santander.