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La investidura más surrealista: guía para no perderse en el laberinto catalán

El presidente del Parlament propondrá el lunes a Carles Puigdemont como candidato a la investidura. ¿Qué ocurrirá a partir de ese momento?

La incertidumbre domina el futuro de Cataluña. En las próximas semanas se tiene que resolver la investidura del president de la Generalitat. Y, si no es así, habrá que repetir las elecciones autonómicas. Aunque las posibilidades son diversas y en la política catalana todo parece imprevisible en los últimos tiempos, es posible auspiciar una suerte de manual de instrucciones para no perderse en este laberinto donde se entreveran aspectos reglamentarios y estrategias partidistas.

Torrent propone candidato

Lo primero que tiene que ocurrir es que el nuevo president del Parlament, Roger Torrent, proponga una fecha y un candidato para la investidura. Lo hará cuando termine la ronda de contactos que está manteniendo con los diversos grupos parlamentarios. Para hacerlo tiene un plazo máximo de diez días hábiles, por lo que la primera sesión del debate de investidura quedará fijada para antes del 31 de enero. Lo más probable es que el candidato propuesto sea Carles Puigdemont, tras el acuerdo suscrito por JxCat y ERC.

La vía telemática y el voto delegado

Cuando Torrent convoque el pleno de investidura de Puigdemont, la Mesa del Parlament, controlada por la mayoría nacionalista, no tiene por qué especificar (y lo más probable es que no lo haga) cómo va a ser esa investidura. No aclarará si el proceso va a ser por vía telemática o por vía presencial hasta el propio día de la investidura.

Por otro lado, la Mesa también tiene que decidir, como ocurrió en la sesión constitutiva, si acepta o no el voto delegado de los ocho diputados que están encarcelados -Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn- y en Bruselas -el propio Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Antoni Comín y Meritxell Serret-.

¿Cuántos diputados independentistas podrán votar?

A este respecto, se abren diversas opciones, porque la Mesa puede permitir el voto delegado de unos y otros (los separatistas mantendrían los 70 diputados), dejar solo que voten los encarcelados (los independentistas tendrían 65), permitir que puedan votar solo quienes están en Bruselas (los soberanistas sumarían 67) o no dejar que participen ni unos ni otros (los nacionalistas serían 62). Como puede verse en el gráfico adjunto, esta decisión de la Mesa es clave porque, una vez que los comunes (8 diputados) han dicho que votarán contra la investidura de Puigdemont, los no nacionalistas acumulan 65 votos negativos contra el expresident.

Dos votaciones en 48 horas

Para ser investido, el president de la Generalitat necesita en la primera votación de la investidura obtener la mayoría absoluta: 68 votos. Si Puigdemont no alcanzase esa cifra, se celebraría una segunda votación 48 horas después -es decir, el 2 o 3 de febrero como tarde-. En este segundo round, el candidato solo necesita para ser investido la mayoría simple de la Cámara.

Recurso ante el TC contra la investidura telemática

Cuando la Mesa del Parlament llegue a un acuerdo sobre la investidura telemática y acerca del voto delegado, tanto el Gobierno como los partidos constitucionalistas (Ciudadanos, PSC y PP) tendrán la oportunidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional para que suspenda los efectos del pleno de investidura. Teniendo en cuenta los plazos de procedimiento que acarrean esos recursos ante el TC, lo más probable es que el pleno de investidura de Puigdemont se celebre aunque sea de forma telemática. Cuestión distinta es que, después, el tribunal suspenda lo que ocurra en el Parlament.

El improbable regreso de Puigdemont

Si, como todo parece indicar, Puigdemont es el elegido para ser investido, cabe la posibilidad, aunque remota, de que vuelva a España para la sesión de investidura en el Parlament. Aunque ha pedido formalmente el voto delegado y por ello parece que no volverá, esta posibilidad de regresar es temida por el Gobierno, según desveló El Periódico, porque podría ser designado pese a que fuera detenido por su situación procesal. Más allá de esta opción que le supondría entrar en prisión, crece la tesis de que Puigdemont se quedará en Bélgica y aspirará a ser elegido como eurodiputado en el futuro.

La estrategia del Gobierno 

El Gobierno tiene una estrategia en marcha para afrontar el intento de investidura de Puigdemont. Como ha publicado este diario, el plan consiste en no permitir que el nombramiento se haga efectivo. Moncloa tiene dos vías para hacerlo. Por un lado, interpondrá un recurso exprés al TC -como ya se ha dicho- contra el acuerdo de la Mesa del Parlament que autorice la investidura telemática. Por otro, el Ejecutivo, que sigue ejerciendo la autoridad en Cataluña, utilizará el 155 para poner las trabas administrativas a su alcance y que no conste el hipotético nombramiento de Puigdemont.

La segunda sesión de investidura o la repetición electoral 

Si en la primera sesión de investidura Puigdemont (o cualquier otro candidato) no lograse los votos necesarios para ser president, se abriría un plazo de dos meses para investir a otro candidato. La fecha límite para celebrar esta segunda investidura sería el 2 abril -justo dos meses después de la segunda votación de la primera investidura-. Durante esos dos meses posteriores al primer intento, las formaciones separatistas tendrían que tratar de ponerse de acuerdo para presentar a otro candidato. Roger Torrent volvería a reunirse con los grupos parlamentarios y, si tuviese un nombre sobre la mesa, tendría que proponerle para esa segunda tentativa.

Ese plazo de dos meses empezaría a correr en todo caso desde la primera investidura, incluso aunque Puigdemont resultase elegido y después el TC suspendiera dicha decisión del Parlament. Así las cosas, si se llega a la fecha tope (2 de abril como tarde) y no hay ningún candidato investido, automáticamente se convocarían otras elecciones autonómicas. Unos comicios que, siempre con el calendario más largo, se celebrarían a finales de mayo o principios de junio, teniendo en cuenta los plazos que establece el Estatut de Cataluña.