“¿Qué planteamiento hacemos?”: el viceconsejero cerró en persona el apaño de la contrata de ambulancias

Ambulancias Alerta dio su brazo a torcer. Los responsables de la empresa llegaron en al límite ante las presiones de la Administración para que abandonaran un contrato de 72 millones de euros. Tanto que incluso comunicaron verbalmente a los responsables de Sanidad en la Comunidad de Madrid que renunciaban a la licitación estrella de la Consejería por el "boicot" al que presuntamente estaban siendo sometidos, y antes de que a alguno de sus responsables le diera “un infarto”.

Las palabras textuales fueron trasladadas a la cúpula de Sanidad en una reunión celebrada en enero de 2016 en la sede de la Comunidad de Madrid. Y desde ahí, arrancó un proceso confidencial y controlado directamente por el actual viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, para que la empresa saliera de forma pactada del contrato, pero la maniobra fuera presentada ante la opinión pública como una decisión unilateral, tomada al margen de cualquier ingerecia política. 

Dos semanas antes de este encuentro, el 12 de enero, la mesa de contratación del SUMMA 112 abrió las plicas del concurso del transporte urgente por ambulancia, el contrato estrella de la Consejería, y se hizo pública que la oferta más barata era la de Ambulancias Alerta.

Desde ese momento y tal como ha publicado EL ESPAÑOL en los últimos días, arrancó un proceso de presiones por parte de la Comunidad de Madrid para que el licitador mejor colocado abandonara de forma voluntaria el contrato. Una estrategia lanzada con el argumento de que su oferta acarrearía despidos y movilizaciones que minarían la imagen de la nueva Administración madrileña presidida por Cristina Cifuentes. Poco después, el contrato fue otorgado al segundo licitador en la lista, Ferrovial, que hasta ese momento explotaba también el servicio.

Que no se acceda "al fondo del asunt

En la primera reunión para negociar la salida de Ambulancias Alerta, el viceconsejero reconoce textualmente que la necesidad de que la empresa abandone la licitación tiene más que ver con cuestiones políticas de su departamento que con un planteamiento económico.

De hecho Molina afirma que la oferta de la empresa es válida “dentro de los recovecos que permiten los pliegos” pero que generará “conflictividad social, conflictividad política, y al final repercusión en el paciente y repercusión en el servicio”. Tras estos argumentos, Molina reconoce que las “arterias” de la Consejería “también son frágiles” por lo que antes de buscar un desencuentro con la empresa, propone un acuerdo. Un pacto para que Ambulancias Alerta deje el contrato “sin penalización” y que la imagen de la firma “no quede tampoco dañada”. Así, todos contentos.

En ese mismo encuentro, los responsables de Sanidad reconocen que el pliego de condiciones del contrato estaba mal elaborado, y que por eso ha dado problemas desde el primer momento, pero que el equipo de Gobierno ha sido incapaz de encontrar un argumento legal para tumbarlo y poder licitarlo de una forma correcta: “planteamos desistir, planteamos pero no había razones de salud pública para anular el concurso. No había razones de procedimiento que nos permitieran hacer un desestimiento del concurso”. “A nosotros nos hubiera gustado más que nos hubieran tumbado estos pliegos”, llega a reconocer el viceconsejero.

Es entonces cuando se pone sobre la mesa la primera propuesta de la Adminitración: que la empresa inclumpla un requerimiento de información enviado por Sanidad y quede así fuera del concurso. De esta manera, Ambulancias Alerta y el viceconsejero pactan que la Administración envie una petición de información complementaria que caducará “el día 11” y que la empresa se demore “tres días” para que la documentación llegue fuera de plazo y ni siquiera se acceda “al fondo” del asunto.

Escenificado en la calle

El pacto quedó cerrado entre Ambulancias Aleta y Sanidad de forma confidencial. Tanto que el 14 de febrero de 2014 y tras una protesta sindical, fue el propio viceconsejero quien salió a la puerta de la Consejería y, de viva voz, informó a la plantilla de conductores de ambulancias de que Sanidad iba a a pedir información sobre su oferta a Ferrovial, ya que Ambulancias Alerta había inclumplido plazos en la presentación de la documentación, y por tanto, estaba fuera del concurso.

Nada dijo el responsable público de que, en realidad, la medida se había pactado entre la Administración autonómica y la empresa. De hecho, Molina enfocó su discurso en el sentido contrario: “En este momento le vamos a solicitar a la siguiente adjudicataria, SAFE (filial de Ferrovial) en los mismos términos el plan presupuestario de viabilidad de su propuesta”, mantuvo ante la plantilla del servicio de transporte urgente, días después de pactar que esa petición de información, en el caso de Ambulancias Alerta, era en realidad un artificio formal. Una excusa que su administración sabía que nunca llegaría.

Un nuevo intento

Sin embargo, la estrategia pactada entre los responsables de Sanidad y la empresa no surtió efecto. Como reveló EL ESPAÑOL, Ambulancias Alerta comenzó a sufrir impagos de dinero público desde que arrancó el conflicto. Y así siguieron mientras el contrato permanecía bloqueado.

En mayo de 2016, tres meses después de alcanzar el primer acuerdo y con varias reuniones de por medio, se produce una nueva reunión con el viceconsejero. El resumen es simple: el método pactado meses antes no se puede llevar a cabo, ya que los letrados de la Comunidad de Madrid no dan a la empresa por desistida. Para ello,  requieren una comunicación expresa de la empresa para que renuncie de forma voluntaria la contrato.

El matiz jurídico es importante, aunque no se verbaliza en ninguna de las conversaciones. Una renuncia expresa de Ambulancias Alerta blindaría el contrato ante una posible batalla legal. Si la empresa desistía por escrito y de forma voluntaria, perdería cualquier derecho a impugnar después la licitación cuando fuera concedida a otro competidor.

Es entonces cuando se produce una nueva reunión con el viceconsejero. Y es Manuel Molina quien pone de nuevo la cuestión sobre la mesa. En ese momento, la empresa acumula ya casi tres millones en impagos por parte de la Administración. Tres millones en facturas bloqueadas que los responsables de Sanidad desligan de los problemas con la licitación y explican con una falta de liquidez al hacer frente a sus pagos con varios proveedores.

“Los letrados nos piden que para  elevar a Consejo de Gobierno la propuesta (de un nuevo candidato) tiene que haber un documento que diga que por cualquier motivo, o por el análisis o por lo que quieran, pues decir: pues no. No estamos interesados actualmente en este contrato [...] el cauce el que manifestéis vosotros”, mantiene el número dos de la Sanidad madrileña. La empres aceptó la renuncia a cambio de que la Comunidad de Madrid no hiciera “más leña” con la empresa. “Al contrario”, contesta el Molina ante esa inquietud.

Es el día cinco de mayo (el día 4 según los registros de la Consejería de Sanidad) cuando se presenta formalmente la renuncia de Ambulancias Alerta al contrato. Y dos días después, en una operación que según los responsables de Sanidad no está vinculada a estas negociaciones, se liberan los pagos de los 2,9 millones de euros que la Comunidad de Madrid adeudaba a la empresa.