Javier Pérez Dolset.

Javier Pérez Dolset. Javier Pérez Dolset, principal detenido en la operación Hanta.

España Operación Hanta

Casals consiguió para los Dolset 16 millones de euros en ayudas que eran incompatibles

ZED, la compañía a la que el presidente de La Razón prestó su influencia, debe todavía 28,4 millones a la Administración, principalmente con el Ministerio de Industria.

Alejandro Requeijo Carlota Guindal

Las empresas de los hermanos Javier e Ignacio Pérez Dolset, detenidos ambos en el marco de la operación Hanta, recibieron en el año 2011 ayudas de los ministerios de Industria y Economía por valor de casi 16 millones de euros que eran incompatibles entre sí, según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En este caso está investigado el presidente de La Razón, Mauricio Casals, por prestar su influencia a Pérez Dolset y lograr subvenciones públicas para su empresa. A cambio, habría cobrado 2,1 millones de euros por los servicios prestados.

En esas labores de penetración en las administraciones públicas, el propio Javier Pérez Dolset manifestó a los investigadores que "todas las labores de obtención de financiación pública para sus empresas se realizaron bajo el asesoramiento del Grupo Planeta" y que era Casals quien tenía "la función de mantener las relaciones necesarias con las instituciones públicas para lograr obtener la aprobación de las concesiones de ayudas". De la documentación aportada por Dolset, la Fiscalía infiere que "este cometido se ejecutó esencialmente por Mauricio Casals".

De este modo, ZED, cuyo fundador y director es Javier Pérez Dolset, obtuvo 11,7 millones en el marco del programa SOCAM del Ministerio de Industria. La mayoría de esa partida era en concepto de préstamos y 41.000 euros en subvenciones. ZED solicitó ese dinero junto a Factory Holding Company 25 SL, otra compañía -con el domicilio social en la misma calle que ZED- en la que figura como consejero delegado Ignacio Pérez Dolset y su hermana Patricia como consejera, según el Registro Mercantil.

En ese momento, el ministro del ramo era el socialista Miguel Sebastián, si bien estas ayudas fueron convocadas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que ese año tuvo hasta tres responsables: Bernardo Lorenzo Almendros, Juan Junquera Temprano y Víctor Calvo-Sotelo.

La Fiscalía indica que “las referidas empresas presuntamente confeccionaron de forma mendaz las memorias necesarias para la obtención  de las ayudas públicas, así como las memorias para la justificación de los proyectos ante la administración pública”. Explica el documento que “en estas memorias se incluye a una serie de personas que indiciariamente no tuvieron participación en el proyecto, carecían de la cualificación reseñada o cumplían funciones totalmente ajenas a las indicadas a las memorias”.

Segunda partida

Además de los 11,7 millones procedentes de Industria, se da la circunstancia de que Factory Holding Company 25 SL fue beneficiada ese mismo año también por el Ministerio de Economía a través del programa INCORPORA. Se le otorgaron otros 4,2 millones de euros, también en su mayoría en concepto de préstamo. Entonces la ministra de Economía era Elena Salgado y aquel proyecto estaba contemplado dentro del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 y, dentro de este, en el Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos.

Aunque el dinero partía de Economía, el órgano encargado de la instrucción de los procedimientos fue la Subdirección General de Centros Tecnológicos y Desarrollo Empresarial, que dependía entonces del Ministerio de Ciencia. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción advierte de la incompatibilidad entre el proyecto SOCAM de Industria y el proyecto INCORPORA de Economía.      

“Hay que reseñar que las ayudas otorgadas ese mismo año al proyecto SOCAM por el Ministerio de Industria eran incompatibles con cualquier otro tipo de financiación pública y que en la convocatoria de ese programa INCORPORA se recoge que, a pesar de ser compatible con otra ayuda, esta situación debe ser comunicada al órgano instructor para la graduación de la cuantía de la ayuda”, dice el Ministerio Público.

Añade la querella que “dada la elevada cuantía de ambas subvenciones y que en ambos casos se están justificando en base a supuestos gastos de personal, de las diligencias realizadas resultan indicios objetivos de que los investigados ejecutasen fraudulentamente una duplicidad en la imputación de costes”.

Deuda de de 28 millones de euros

Estas partidas son sólo un porcentaje de los 70 millones de euros públicos que obtuvo ZED, con la ayuda del presidente de La Razón, Mauricio Casals, imputado por tráfico de influencias en esta causa. De ese dinero, los investigadores cifran en 28,4 millones de euros la deuda que aún mantiene ZED con la Administración, principalmente con el Ministerio de Industria al que debe todavía 23 millones de euros.

Se investiga el periodo comprendido entre 2009 y 2015 que afecta a los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Durante la Administración popular en ese tiempo los ministerios de Industria y Economía estuvieron dirigidos por José Manuel Soria y Luis de Guindos, respectivamente.