En un contexto internacional marcado por el debilitamiento del multilateralismo y los retrocesos en derechos humanos, la lucha contra la impunidad con enfoque de género se ha convertido en una prioridad urgente. No es un debate abstracto, sino una prueba concreta de credibilidad política.
Las tensiones globales se reflejan en los foros internacionales. La reciente sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas del pasado marzo evidenció divisiones inéditas, con votaciones en lugar de consensos, confirmando un escenario cada vez más fragmentado en materia de igualdad.
Este contexto enmarca una reciente investigación España como agente promotor del enfoque de género en la lucha contra la impunidad: una evaluación estratégica desde la justicia global, impulsado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y cofinanciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales. La conclusión es clara: el liderazgo internacional no depende solo del discurso, sino de la coherencia entre acción exterior y práctica interna.
España ha construido una posición relevante en el ámbito internacional. Su implicación en mecanismos de justicia global y su presencia activa en foros multilaterales reflejan una apuesta sostenida por incorporar el enfoque de género en los estándares internacionales.
A ello se suma un marco normativo interno avanzado en igualdad, alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que busca alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Esta base refuerza su legitimidad en el plano exterior.
La Política Exterior Feminista, impulsada desde 2021, ha permitido articular este enfoque como eje estratégico. Su desarrollo progresivo sitúa a España en una posición destacada para influir en la agenda internacional de justicia y derechos humanos.
Este posicionamiento se traduce en acciones concretas. España ha apoyado iniciativas legales internacionales en defensa de las mujeres afganas y ha impulsado espacios de coordinación orientados a garantizar justicia y rendición de cuentas a largo plazo.
Asimismo, ha participado en la activación de mecanismos ante instancias internacionales para investigar crímenes contra mujeres y niñas, reforzando su compromiso con la persecución de violaciones graves de derechos humanos en contextos especialmente vulnerables.
Sin embargo, este liderazgo encuentra límites claros. La restricción de la jurisdicción universal ha reducido de forma significativa la capacidad de actuación de España, debilitando una de las herramientas más eficaces contra la impunidad.
A esta limitación se suma una brecha persistente entre normas y práctica. Los compromisos internacionales no siempre se traducen en una aplicación efectiva dentro del sistema institucional, lo que erosiona la coherencia del conjunto de políticas públicas.
Otro desafío clave es la gestión del pasado. Las dificultades para abordar violaciones históricas de derechos humanos, incluidas aquellas con dimensión de género, generan tensiones con la proyección internacional de España como referente en justicia y reparación.
También destaca la limitada implicación de la sociedad civil. Pese a contar con un tejido sólido, su participación en la política exterior feminista sigue siendo fragmentaria, lo que puede afectar tanto a la legitimidad como a la sostenibilidad de estas iniciativas.
El contexto actual, sin embargo, abre oportunidades relevantes. Los avances hacia una futura Convención Internacional para la Prevención y Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad ofrecen un espacio clave para reforzar la integración del enfoque de género en el derecho internacional.
A ello se suma la celebración en Madrid de la V Conferencia Ministerial sobre Política Exterior Feminista del último junio, que puede consolidar alianzas estratégicas y reforzar el posicionamiento de España en la agenda global de igualdad.
Pero aprovechar estas oportunidades exige algo más que presencia. El liderazgo no se mide por los compromisos asumidos, sino por la capacidad de cumplirlos, especialmente cuando implica abordar contradicciones internas.
España no necesita redefinir su papel, sino consolidarlo. Reforzar sus herramientas jurídicas, cerrar la brecha entre norma y práctica y avanzar en coherencia interna serán claves para sostener su credibilidad internacional.
*** Alessia Schiavon es directora ejecutiva de FIBGAR.