Más de la mitad de los hogares potencialmente beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (55%) se queda fuera de la ayuda. iStock
UNICEF alerta de que hasta el 72% de las familias en España con derecho a ayudas para la infancia no las recibe
El informe revela que la burocracia, la falta de información y la fragmentación administrativa dejan fuera a miles de hogares vulnerables.
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España cuenta con un amplio sistema de prestaciones sociales destinado a proteger a la infancia, pero una parte sustancial de esas ayudas nunca llega a quienes más las necesitan.
Esa es la principal conclusión del informe Prestaciones locales eficaces en la lucha contra la pobreza infantil, presentado por UNICEF España en el séptimo Congreso de Ciudades Amigas de la Infancia celebrado en CaixaForum Madrid, que pone cifras a una paradoja persistente.
Y es que mientras el país mantiene una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de la Unión Europea, miles de familias con derecho a recibir apoyo económico quedan fuera del sistema por desconocimiento, trámites complejos o barreras administrativas.
El estudio sitúa el foco en el llamado non take-up, el fenómeno que describe la brecha entre quienes podrían acceder a una prestación y quienes finalmente la reciben.
Según los datos recogidos en el informe, esta tasa alcanza el 55% en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el 72% en el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Esto significa que más de la mitad de los hogares con derecho al IMV y casi tres de cada cuatro familias potencialmente beneficiarias del CAPI no perciben estas ayudas.
"La magnitud del problema resulta especialmente alarmante", subraya el documento, que advierte de que "una parte muy significativa de la población con derecho a estas ayudas ni siquiera llega a iniciar el proceso de solicitud”.
La falta de información, el miedo a cometer errores, el lenguaje administrativo complejo, la exigencia de abundante documentación y los largos tiempos de espera conforman un recorrido que muchas familias abandonan antes de completarlo.
La situación es especialmente preocupante en un país donde la pobreza infantil continúa siendo estructural.
El 72% de las familias con derecho al Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) no llega a cobrar esta prestación. iStock
En ese sentido, el informe recuerda que el crecimiento económico no se ha traducido en una mejora generalizada de las condiciones de vida de los niños y adolescentes, y que España sigue registrando niveles muy superiores a la media europea.
Las consecuencias van mucho más allá de la falta de ingresos. Afectan a la salud, al rendimiento escolar y a las oportunidades futuras de toda una generación.
Además, el coste de criar a un hijo no deja de aumentar. Según datos citados en el estudio, mantener a un niño en España suponía en 2024 un gasto medio de 758 euros al mes, una cantidad que alcanza los 812 euros entre los 7 y 12 años.
Para miles de familias, estos gastos cotidianos en alimentación, vivienda, energía, material escolar o conciliación pueden convertirse en un factor decisivo de exclusión.
En primera línea
Si estas ayudas llegan a parte de las familias es, en gran medida, gracias a los ayuntamientos. Aunque prestaciones como el IMV o el CAPI son de titularidad estatal, el 86,2% de las entidades locales participa en su gestión o acompañamiento.
En el caso de las rentas mínimas autonómicas, la implicación municipal asciende a casi el 89%.
![Dos niñas en una casa española.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/05\/30\/actualidad\/1003743782675_256049710_320x180.jpg"])
"Su papel no es únicamente complementario, sino habilitador, pues son quienes hacen posible activar el derecho y convertirlo en un acceso real a la prestación”, destaca el informe.
Los servicios sociales municipales orientan a las familias, ayudan a reunir la documentación, tramitan expedientes y derivan a otras administraciones cuando es necesario.
Bajo el paraguas de las ayudas de emergencia, prácticamente todos los municipios ofrecen apoyos para cubrir alimentación, productos de higiene, suministros básicos o necesidades infantiles. Un 27% incluye también ayudas para material escolar o acceso a la vivienda.
A ello se suman prestaciones específicamente dirigidas a la infancia, como becas de comedor, ayudas para material escolar, campamentos de verano, actividades extraescolares, servicios de educación de 0 a 3 años y recursos terapéuticos como psicología o logopedia.
El 86,2% de los ayuntamientos participa en la tramitación o acompañamiento del IMV y del CAPI. iStock
Muchas de estas iniciativas no responden a obligaciones estrictamente municipales, sino a la necesidad de cubrir vacíos que dejan otras administraciones.
El informe es rotundo al respecto: "El municipio se convierte en el engranaje que permite que el sistema de protección social funcione cuando las capas superiores de la administración fallan o se quedan cortas”.
Red de protección
Ese esfuerzo tiene un coste considerable. El 42,5% de las entidades locales financia principalmente con recursos propios las ayudas de emergencia, mientras que casi un tercio recibe financiación externa para todas o casi todas las prestaciones dirigidas a la infancia.
La financiación autonómica desempeña un papel importante, pero la aportación estatal es prácticamente residual en muchas de estas ayudas.
La complejidad administrativa sigue siendo uno de los principales obstáculos. El informe describe el proceso para acceder a una prestación como un itinerario lleno de etapas críticas: conocer que la ayuda existe, entender que se puede solicitar, disponer de tiempo y recursos tecnológicos, demostrar que se cumplen los requisitos, completar el trámite y esperar una resolución clara y en un plazo razonable.
![Dos niños juegan en una calle cubierta de barro en Algemesí (Valencia) tras el paso de la dana, imagen de archivo. Efe / Villar Lopez](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/04\/24\/actualidad\/1003743728359_255036122_320x180.jpg"])
En este recorrido, las familias migrantes en situación administrativa irregular afrontan dificultades adicionales. Las trabas para empadronarse, la exigencia de documentos difíciles de conseguir y la digitalización sin alternativas presenciales suficientes incrementan el riesgo de exclusión.
El estudio también señala que la difusión de las ayudas es insuficiente. Aunque el 64,7% de los ayuntamientos considera que las prestaciones son suficientemente conocidas, casi un tercio opina lo contrario y cerca del 40% cree que los canales de información solo funcionan parcialmente.
En muchos casos, las familias terminan enterándose de las ayudas a través del boca a boca, recomendaciones de otros padres o indicaciones del personal de los centros escolares.
Ante este diagnóstico, UNICEF España propone ocho líneas de actuación para mejorar la eficacia del sistema: reforzar el enfoque de derechos, simplificar los procedimientos, mejorar la comunicación, flexibilizar requisitos, fortalecer el acompañamiento profesional, garantizar financiación estable y avanzar hacia una mayor coordinación entre administraciones.
