Fotografía de un hotel construido a pie de una de las pocas playas naturales de esta isla.

Fotografía de un hotel construido a pie de una de las pocas playas naturales de esta isla. SOS Costas Canarias

Historias

Las costas canarias, al borde del abismo: pierden 4 kilómetros de litoral al año por culpa del turismo masivo

La demanda hotelera e inmobiliaria convierte este suelo en el activo más codiciado de las islas y crea una presión de clasificación urbanística constante.

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Las islas Canarias están viendo sus costas mermadas a un ritmo vertiginoso. Cada año pierden 4 kilómetros por la artificialización y el culpable es el turismo masificado convertido en motor económico de la zona. Así lo denuncia el informe SOS Costas Canarias.

El documento, elaborado por la Fundación Canarina para la Naturaleza y el Medio Ambiente y el Observatorio de la Sostenibilidad, es el primer y único diagnóstico riguroso y público sobre el estado real del litoral del archipiélago, advierte la primera entidad.

Anne Striewe, directora de la fundación, denuncia que en ese terreno perdido se levantan hoteles, apartamentos, urbanizaciones o puertos deportivos, entre otros. Una prueba de la relación que hacen entre esta destrucción del entorno y el turismo masificado.

El mecanismo es doble: por un lado, la demanda hotelera e inmobiliaria convierte el suelo costero en el activo más codiciado del archipiélago, generando una presión de clasificación urbanística constante sobre los últimos tramos sin transformar, expone la directora de Canarina.

Por otro, la demanda de infraestructuras asociadas al turismo (carreteras de acceso, campos de golf, instalaciones de desalación, etc.) ocupa suelo adicional que no aparece en las estadísticas de uso hotelero pero forma parte del mismo modelo, denuncia.

Primera línea de playa

Aquí, el concepto 'primera línea de playa' ha ido más allá. El 18% del suelo en la franja de los primeros 500 metros desde el mar ya está transformado. Fuera de los espacios naturales protegidos (EPN), este porcentaje se dispara: supera el 40% en varias islas y tramos costeros, alcanzando su pico en Lanzarote y Gran Canaria con un 43%.

El problema de los ENP, desarrolla Striewe, es que protegen el interior de los espacios, pero no pueden hacer lo mismo con su perímetro inmediato. Aunque esta etiqueta ha sido el principal freno a la urbanización costera en las islas, cuenta con una doble cara.

La directora de Fundación Canarina explica que la declaración de ENP eleva el valor paisajístico de su entorno y atrae la inversión hotelera e inmobiliaria hacia sus bordes. Más tarde, los ayuntamientos responden a eso clasificando ese suelo perimetral como urbanizable para captar la inversión.

El resultado de esa suma es que el espacio protegido queda progresivamente rodeado de urbanización, lo que reduce su conectividad ecológica y su viabilidad a largo plazo, lamenta. Las Dunas de Maspalomas, agrega, son el ejemplo más extremo: una reserva natural "completamente cercada por hormigón, desconectada ecológicamente del resto del territorio insular".

Esta pérdida no es solo cuantitativa sino cualitativa, dice Striewe. Los ecosistemas costeros que desaparecen –dunas, lagunas costeras, palmerales en fondos de barrancos, etc.– son hábitats de alta biodiversidad y, en muchos casos, prioritarios según la Directiva Europea de Hábitats.

Eso significa que su desaparición genera responsabilidad directa del Estado español ante la Unión Europea (UE). El informe documenta que la mayor parte de las especies catalogadas en los espacios Natura 2000 costeros están valoración global desfavorable en la mayoría de las islas.

Más turistas que habitantes

Las islas Canarias tienen un índice de turistificación (la relación entre plazas alojativas y población residente) del 19,47%. Una cifra que, prácticamente, multiplica por cinco la media española (3,94%). Además, la capacidad alojativa total del archipiélago ya roza las 600.000 camas entre plazas registradas e irregulares, refleja el informe.

En este sentido, hay 5 municipios turísticos clave donde el número de plazas alojativas supera el 100% de la población residente: Yaiza (Lanzarote), Pájara (Fuerteventura), Mogán (Gran Canaria), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y Adeje (Tenerife). Tienen, más camas turísticas que habitantes viviendo en el territorio.

Obras de un hotel construido a pie de una playa natural.

Obras de un hotel construido a pie de una playa natural. SOS Costas Canarias

Para Striewe este es el concepto clave: hay casi 300.000 turistas simultáneamente en el archipiélago, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC). San Bartolomé de Tirajana tiene en cualquier momento del año 52.000 personas más que sus residentes habituales; Adeje, 35.000, ejemplifica.

Además, todas estas personas no se distribuyen uniformemente: se concentran en los mismos pocos kilómetros de playa y los mismos aparcamientos, sistemas de depuración y vertido.

"El resultado es una presión per cápita sobre los recursos naturales que no tiene equivalente en ningún otro lugar del territorio español", lamenta la directora de Canarina.

Las playas canarias solo suponen el 13% de la línea de costa total del archipiélago (muy por debajo del 82% que tiene Huelva). Sin embargo, soportan una demanda que en temporada alta "puede multiplicar por 20 la densidad de usuarios que los ecosistemas litorales pueden absorber sin degradarse".

A 20 metros de la costa

Otra denuncia del informe es que la "lentitud deliberada" de la administración al trazar los mapas oficiales de la costa (deslindes) sirvió de coladero urbanístico. Cuando se aprobó la Ley de Costas en 1988, quedaba radicalmente prohibido construir hoteles o viviendas en los primeros 100 metros de terreno desde el límite del mar.

Sin embargo, la norma incluyó una excepción: si una zona ya estaba urbanizada antes de 1988, esa franja de protección de 100 metros podía reducirse a solo 20 metros para no tener que demoler pueblos o barrios enteros ya consolidados.

Al no estar fijada la frontera pública, los ayuntamientos redujeron la protección litoral al mínimo legal de 20 metros, permitiendo edificar grandes resorts turísticos pegados a la arena, dice el documento canario.

Irma Ferrer, abogada de Transparencia Urbanística y de Acción Cívica contra la corrupción, señala que esto es una muestra de que las instituciones no funcionan como deberían. "En materia urbanística y medioambiental no se legisla en defensa del interés general", se queja.

Para la que fuera abogada de la acusación en el Caso Yate (el mayor hito de corrupción urbanística en la historia del litoral canario), se ha fomentado una economía "basada en el destrozo del territorio y en la especulación".

Un modelo que acabará por salir caro a la administración, augura Ferrer. "Asumiremos con dinero público el daño ambiental de este urbanismo desenfrenado en nuestras costas".

Casi tres décadas después del famoso Caso Yate, la impunidad sigue intacta en el litoral canario, se quejan los autores en el informe.

El documento denuncia que numerosos macrohoteles continúan operando con total normalidad y sin el permiso vigente, esquivando de forma sistemática las sentencias judiciales de demolición.

Esta parálisis administrativa evidencia el desmesurado poder de la industria turística sobre las instituciones locales, expone el trabajo. Lejos de restaurar la legalidad, los cabildos han llegado a conceder calificaciones de Gran Lujo a complejos irregulares, consolidando un modelo masivo que devora la costa protegida mediante una preocupante política de hechos consumados.

Los autores del informe SOS Costas Canarias exigen una moratoria inmediata y la anulación de los suelos urbanizables que aún no se han desarrollado en la costa.

Algo para lo que no faltan recursos al gobierno autonómico, defiende la abogada. "Tiene todas las herramientas para eliminar las camas turísticas y preparar las islas para las consecuencias del cambio climático". Solo tiene que utilizarlas.

Carmelo Javier León, director de la cátedra UNESCO de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPCG), está de acuerdo con la petición: "Los límites siempre hacen falta para evitar costes innecesarios a la ciudadanía".

Las zonas de costa tienen un valor estratégico para Canarias porque aportan calidad de vida y contribuyen al paisaje, además de todos los servicios ecosistémicos que contiene, subraya.

Por lo tanto, uso u ocupación antrópica requieren "una planificación exquisita" que evalúe los costes y beneficios de todas las acciones, y no se centre solo en los beneficios económicos, "como se ha hecho tradicionalmente".

Turismo frente a conservación

León cree que este es otro resultado de la lucha que ha habido siempre en las islas entre la conservación del territorio y" la implementación de más y más oferta alojativa".

El economista advierte de que ocupar el territorio casi siempre tiene costes irreversibles, aunque también hay cosas regenerables. Si se quiere vivir del turismo, debe ocupar el territorio, pero "debe planearse para ocasionar los menores costes ambientales posibles".

No se puede olvidar que el capital natural y ambiental son también parte de esa oferta turística y preservarlo es necesario para atraer visitantes y que siga siendo un destino atractivo.

Para él, todavía estamos a tiempo de evitar un desastre irreparable. "Se puede transitar hacia un mayor equilibrio, desde un actitud serena, aproximativa y responsable", asegura.

Eso sí, hay que implantar un modelo turístico conservador y reparador del capital natural. Debe ser proactivo para internalizar todos los costes generados en la ciudadanía a través de los impactos sociales y ambientales.

Canarias ya ha asumido el deterioro del capital natural. "Ahora tenemos que rectificar y reordenar nuestra relación con los entornos sociales y naturales, reparando los daños causados y mejorando el equilibrio entre los sistemas".

No obstante, Ferrer no lo ve de la misma manera. Para ella, ya no hay tiempo para pensar en un turismo sostenible. "Hace 30 años tuvimos la posibilidad de desarrollar una industria turística respetuosa con el territorio y sostenible desde lo económico, pero no quisimos parar"

Ahora, agrega, solo se puede garantizar la supervivencia de los habitantes de las islas invirtiendo dinero y acción pública en autonomía energética, soberanía alimentaria, preservación de la biodiversidad y, por supuesto, decrecimiento.