Actualmente nos encontramos en el ecuador de la ambiciosa Agenda 2030, y entre las figuras claves para cumplir con los objetivos para la descarbonización del sistema eléctrico y la transición energética se encuentra el almacenamiento.

Las energías renovables como la solar y la eólica, que dependen del sol y el viento respectivamente, son irregulares al depender de condiciones climatológicas variables. Por ello, en un sistema eléctrico basado en energías renovables la producción de electricidad se desacopla de la demanda y, por consiguiente, es necesario impulsar el almacenamiento de la energía como respaldo para situaciones de necesidad de energía en el sistema y maximización de la producción renovable exenta de emisiones de gases de efecto invernadero.

El almacenamiento se trata de un vector energético, que permite almacenar energía en los momentos de mayor producción, para posteriormente venderla cuando la producción sea menor o la demanda sea elevada, apoyando así la generación de energías renovables. Esto permite la utilización de estas incluso en los momentos de poca producción, es decir, cuando las rachas de viento o el sol son mínimas.

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De esta forma, el almacenamiento aporta flexibilidad, gestionabilidad y estabilidad al sistema eléctrico, ya que garantiza el suministro de energía en cualquier momento dando al mismo tiempo estabilidad en los precios de la electricidad en el mercado.

En línea con lo establecido en la Directiva (UE) 2019/944, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, mediante el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, se modifica la Ley del Sector Eléctrico para introducir por primera vez la definición de almacenamiento:  “Instalaciones en las que se difiere el uso final de electricidad a un momento posterior a cuando fue generada, o que realizan la conversión de energía eléctrica en una forma de energía que se pueda almacenar para la subsiguiente reconversión de dicha energía en energía eléctrica.”

Existen diversos tipos de tecnologías de almacenamiento, entre ellos, las centrales de bombeo reversible de agua, la termosolar con almacenamiento, almacenamiento de energía por gravedad, almacenamiento de calor en masas, aire comprimido y, por último, las baterías o BESS (Battery Energy Storage System), que es la tecnología con mayor evolución en el mercado actualmente.

Un punto crítico sobre el almacenamiento es la regulación sobre la integración de la misma en el sistema. En España se ha empezado a desarrollar con la Estrategia del Almacenamiento Energético del año 2021. Sin embargo, todavía quedan muchos retos por alcanzar, como es el marco regulatorio de mercados de capacidad del sistema eléctrico peninsular, ya que son los que van a proporcionar una retribución adicional para los desarrolladores que asegure la rentabilidad de las inversiones.

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Otras materias pendientes de regulación son la gestión de la demanda, la operación del sistema con los diversos servicios de almacenamiento dependiendo del tipo de tecnología y las diversas capacidades (a corto, medio y largo plazo), así como el procedimiento de solicitud de acceso y conexión a la red, puesto que el almacenamiento puede actuar como productor o como consumidor. 

El almacenamiento es un ingrediente imprescindible en el sistema, en el que se debe poner especial atención para cumplir con los objetivos establecidos para el año 2050, al aportar diversas ventajas para el sector energético.

Entre las principales ventajas se encuentran la eficiencia energética, ya que permite almacenar energía para su posterior uso, evitando desperdiciar energía que se produce de más; aporta estabilidad a la red eléctrica, puesto que con la energía almacenada se satisface los picos de demanda de energía; y contribuye a la descarbonización, sustituyendo todos los combustibles fósiles que tenemos en el sistema. 

El objetivo principal es obtener un planeta sostenible y que la energía sea asequible y accesible para todo el mundo. Y el almacenamiento tiene esa función, puesto que tiene como finalidad almacenar energía que se use posteriormente a un precio más bajo.

***Rosa Sanz García, responsable de ESG y Compliance en Grupo Arrate y socia young en Women in a Legal World.