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La misiva, publicada el lunes 4 de diciembre, anima a la sociedad a actuar y a los individuos a convertirse en “activistas climáticos”. Esta carta llega en medio de unas negociaciones frenéticas: esta semana en Dubái se debate si hablar de “eliminación” o “reducción” paulatina de los combustibles fósiles en los acuerdos finales.

Además, el llamamiento de la comunidad científica se publicó poco antes de revelarse los datos del Global Carbon Budget Report 2023, una evaluación anual del consorcio científico Global Carbon Project sobre el ciclo de carbono y su impacto en la emergencia climática. El estudio proyecta que las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de todos combustibles fósiles aumentarán un 1,1% a finales de este 2023.

Así, alcanzarán los 36.800 millones de toneladas de dióxido de carbono. Algo que eleva las emisiones un 1,4% por encima de los niveles pre-Covid.

Las emisiones, eso sí, están reduciéndose en 26 países que representan el 28% del total global, especialmente en la Unión Europea y Estados Unidos. Sin embargo, dice la investigación, “estos esfuerzos son insuficientes para revertir el aumento de emisiones globales”.

El director del estudio, Pierre Friedlingstein, profesor del Instituto de Sistemas Globales de Exeter, explica en un comunicado que "los impactos del cambio climático son evidentes a nuestro alrededor, pero la acción para reducir las emisiones de carbono de los combustibles fósiles sigue siendo dolorosamente lenta".

Algo que, además, está quedando de manifiesto en la COP28 que se está celebrando estas semanas en Dubái. El pasado sábado 2 de diciembre se presentó un paquete de la energía que, como aseguró el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, viene “cargado de combustibles fósiles” y con pocos detalles. “El anuncio de lograr emisiones netas cero para 2050 no dice nada acerca de eliminar las emisiones derivadas del consumo de combustibles fósiles”, dijo Guterres al respecto un día después.

Los investigadores a cargo del Global Carbon Budget Report aseguran que a finales de año, entre las generadas por los combustibles fósiles y las derivadas de los cambios del uso del suelo —esencialmente producida por la deforestación—, las emisiones totales a nivel mundial alcanzarán los 40.900 millones de toneladas. De ahí la urgencia de que la COP28 finalice con un acuerdo claro sobre la eliminación de las energías sucias.

La profesora Corinne Le Quéré, investigadora de la Royal Society en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Anglia del Este (Reino Unido), insiste en que "los últimos datos de CO₂ muestran que los esfuerzos actuales no son lo suficientemente profundos ni generalizados como para poner las emisiones globales en una trayectoria descendente hacia el cero neto”. Sin embargo, matiza, “algunas tendencias en las emisiones están empezando a cambiar”, lo que demuestra que “las políticas climáticas pueden ser efectivas”.

Los mayores emisores

El Global Carbon Budget Report 2023 indica que la Unión Europea, responsable del 7% de las emisiones globales, verá reducido el CO₂ que envía a la atmósfera en un 7,4% este año. Esto supone entre un 4,9% y un 9,9% menos que en 2022. “El consumo de gas natural y carbón se ha visto reducido gracias al aumento de la capacidad renovable”, asegura el estudio.

Por su parte, Estados Unidos, responsable del 14% de las emisiones globales, espera reducirlas en un 3%, lo que supone entre un 1% y 5% respecto al año pasado.

En general, dicen en el estudio, el resto del planeta “sigue la línea” de Europa y Estados Unidos. Eso sí, con dos grandes excepciones: China e India. El gigante asiático, cuyas emisiones suponen el 31% de las totales en el mundo, las verá incrementadas este año un 4%.

Por su parte, en India, donde las emisiones suponen el 8% de las globales, aumentará un 8,2% respecto a 2022. Según el estudio, “los datos demuestran que las emisiones de la India, desde 2022, superan ya las de la Unión Europea en su conjunto”.

Papel mojado

Por su parte, un nuevo análisis realizado por el consorcio Net Zero Tracker ofrece una visión actualizada de las promesas globales de eliminación de los combustibles fósiles. Una evaluación que podría relacionarse directamente con las emisiones de CO₂ de este año.

El análisis de Net Zero Tracker, presentado también en la COP28, constata que la mayoría de los países, regiones, ciudades y empresas aún no se han comprometido a poner fin a la explotación, producción y uso de combustibles fósiles en un plazo coherente con los objetivos del Acuerdo de París. Esto a pesar de la amplia adopción de los objetivos de cero emisiones netas.

Así, se demuestra una vez más que las promesas y compromisos de las cumbres del clima quedan en papel mojado y que se desoyen las recomendaciones de los expertos. Ya el pasado año, el Grupo de Expertos de Alto Nivel de Naciones Unidas, en su informe Integrity Matters, recordaba que “todas las promesas de cero emisiones netas deberían incluir objetivos específicos dirigidos a poner fin al uso de combustibles fósiles”. Algo que, por el momento, parece no estar materializándose.

Según el análisis, sólo el 6% de los países productores de petróleo se han comprometido a eliminar las prospecciones petrolíferas. Y tan solo el 5% de los países productores de gas se han comprometido a hacer lo propio.

A nivel regional, África se sitúa como el continente con un mayor porcentaje de empresas (el 50%) que se ha comprometido a eliminar sus actividades relacionadas con los combustibles fósiles. Por su parte, en Europa solo el 27% de las compañías han adquirido este compromiso.

Además, el 56% de las empresas que cotizan en bolsa y se dedican a la producción de carbón se han comprometido a dejar de utilizar, parcial o totalmente, este combustible fósil. Por el contrario, tan solo el 3% de las empresas han realizado la misma promesa referida al petróleo o a la producción de gas.

El reto de los Estados insulares

Los malos datos de emisiones y la falta de compromisos reales llegan a la vez que los pequeños Estados insulares vuelven a reivindicar su lugar en el mundo. El pasado sábado 2 de diciembre, el primer ministro de Tuvalu, Kausea Natano, reiteraba la necesidad de crear un tratado de no proliferación de combustibles fósiles.

[Líderes mundiales piden un tratado de no proliferación de energías fósiles en la COP28]

Esta demanda histórica de las islas más castigadas por la crisis climática comenzó allá en la COP26 en Glasgow, cuando un mandatario del mismo país de Oceanía dio un discurso con el agua cubriéndole las pantorrillas. De aquella manera demostraba los estragos del calentamiento global dentro —y fuera— de sus fronteras.

Otro pequeño Estado insular, Vanuatu, puso en la agenda de la asamblea general de Naciones Unidas la necesidad de un tratado de no proliferación de energías fósiles el pasado septiembre. Y este lunes, 4 de diciembre, fue la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, la que defendió también la urgencia de ampliar la financiación climática para que estas naciones no desaparezcan y puedan adaptarse.

Y es que, tal y como se publicaba en ENCLAVE ODS durante la COP27, un informe de 55 países vulnerables estimó que sus pérdidas combinadas por los efectos del cambio climático ascendieron a 525.000 millones de dólares durante las últimas dos décadas. Otros informes apuntan a que esa cifra podría ascender al año para 2030.

Por ello, Mottley quiso poner sobre la mesa los próximos pasos “lógicos” para ampliar la financiación climática. Estos serían “gravar con un impuesto del 0,1% los servicios financieros globales, con uno del 5% los beneficios de la industria de los combustibles fósiles y con el 1% el transporte marítimo de mercancías”.

Solo gravar el 5% de los beneficios del petróleo y el gas, que el año pasado ascendieron a los 4 billones de dólares, les daría a los Estados vulnerables, según la primera ministra, 200.000 millones para invertir en adaptación climática, pérdidas y daños.

A esta recaudación, puntualizó, se podrían añadir cerca de 700.000 millones de dólares si se toma también el 1% del valor del transporte marítimo de mercancías (valor que el año pasado ascendió a 7 billones de dólares). Así, sumando la recaudación de la tasa a los servicios financieros, la de los combustibles fósiles y la del transporte marítimo, “tendríamos 690.000 millones”, recapituló Mottley.

La primera ministra también valoró los progresos que se han dado en materia de financiación en este último año y los compromisos anunciados durante los primeros días de la COP28 sobre pérdidas y daños. Sin embargo, aseveró que aún “no estamos donde tenemos que estar”.

Además, subrayó la necesidad de que las instituciones, como ya ha hecho el FMI, “se alejen de la deuda ligada al PIB per cápita y se centren en la vulnerabilidad climática” como factor clave para el acceso y la financiación.