Cuando Marion Mifsud Mora viajó desde Canadá a Malta para visitar a sus padres, no sabía que su viaje se convertiría en una pesadilla. Lo mismo le ocurrió a Andrea Prudente, una turista estadounidense que vio cómo sus vacaciones en el país europeo truncaron su destino. 

Ambas estaban embarazas. Ambas sufrieron abortos espontáneos en suelo maltés. Y ambas estuvieron a punto de perder la vida por culpa de una de las legislaciones más restrictivas del Viejo Continente, que prohíbe el aborto en cualquier caso. 

Mora explica a Reuters lo "aterrada" que estaba: algo empezó a ir mal en su embarazo cuando apenas llegaba a lo de manera natural cuando no llegaba apenas a los cuatro meses. Llegó al hospital con una infección severa. Estaba debatiéndose entre la vida y la muerte; el procedimiento en países como España o Canadá, la solución médica hubiese sido ponerle fin al embarazo y tratar a Mora. 

Sin embargo, en Malta, la legislación maltesa prohíbe que los sanitarios intervengan hasta que el latido del corazón haya parado. Si un médico del país participa en un aborto, se enfrenta a penas de hasta cuatro años de cárcel. 

Intervenciones "de vida o muerte"

"Mi hija de tres años podría haberse quedado huérfana, por intentar 'proteger' a un bebé que no tenía ninguna oportunidad de vivir", lamenta Mora en un artículo escrito por Diana Cacciottolo para la agencia de noticias británica. La pesadilla de esta canadiense acabó con su traslado a París, donde pudieron tratarla con todas las garantías. 

La historia de Prudente fue muy similar. El verano pasado, su caso saltó a los medios internacionales: tras sentirse mal, fue al hospital y se encontró con que estaba en una situación "de riesgo extremo" para su vida. Necesitaba, contó a The Guardian, una "intervención de vida o muerte". La estadounidense perdió todo el líquido amniótico y tenía la placenta separada. 

Su bebé, explicó al medio británico, no tenía posibilidades de sobrevivir. Estaba "clínicamente muerto", pero "su corazón aún latía". El riesgo de hemorragia e infección para ella era crítico, pero los doctores tenían las manos atadas hasta que el latido parase. Finalmente, tuvo que ser trasladada a España para sobrevivir.

Jay Weeldreyer, su pareja, recalcó a The Guardian que "es una tortura emocional y psicológica inconcebible". Y añadió: "Lo único que quería es que dejase de haber latido para no perder a la mujer a la que amo". 

La ley más restrictiva

Malta cuenta con una de las legislaciones más restrictivas de Europa respecto al aborto, que data de 1854. Es ilegal en cualquier caso, incluso si hay malformaciones o en caso de violación. Se equipara, así, a países como Andorra o Nicaragua, y su norma sería más dura que la de Arabia Saudí o Polonia.

[El aborto, un derecho no reconocido en gran parte del mundo: Polonia, al mismo nivel que Arabia Saudí]

En el último año, el Legislativo maltés ha empezado a hacer aproximaciones a una reforma considerada "tibia" por las organizaciones de derechos humanos. En un país eminentemente católico, en las próximas semanas se espera que se apruebe una enmienda que evitaría que se repitiesen casos como el de Mora o Prudente. Porque, como dijo la primera a Reuters, "si a nosotras nos ha pasado, ¿a cuántas más les habrá sucedido y no lo han contado?". 

Los defensores de la reforma aseguran que "es modesta", aunque "podría salvar vidas". Sin embargo, los más críticos lamentan que "podría abrir la puerta al aborto libre".

Eso, a pesar de que la reforma propuesta por el Gobierno laborista de Malta solo contempla la interrupción voluntaria del embarazo en casos médicos que pongan "en grave riesgo" la salud de la mujer. Por tanto, el aborto seguiría siendo una práctica ilegal en el resto de casos, incluida la violación, el incesto o las malformaciones del feto. 

Un derecho humano según la ONU

Entre los detractores de esta modificación estaría la iglesia católica del país, el principal partido de la oposición, la expresidenta Marie Louise Coleiro Preca y algunas asociaciones médicas. Según informa Reuters, estos querrían que la reforma se limite a "los casos en los que la vida de la mujer esté en peligro". 

Porque, como asegura a la agencia de noticias Tonio Fenech, exministro de Finanzas y miembro de la fundación antiaborto Life Network, "el concepto de salud podría derivar en abortos por motivos de salud mental".  

La oposición de Malta al aborto contrasta con la petición del Parlamento Europeo de reconocer el derecho "a un aborto legal y seguro" en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. En un gesto simbólico, con 324 votos a favor y 155 en contra, el año pasado Parlamento aprobó una resolución no vinculante que afirmaba que "los derechos de las mujeres y las niñas son inalienables y no pueden suprimirse ni rebajarse". 

Por su parte, Naciones Unidas lleva años reclamando y recordando que el derecho al aborto es un derecho humano. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU asegura que "negar el acceso a los servicios de salud dirigidos solo a mujeres, como el aborto, es violencia de género, un trato inhumano y podría considerarse tortura".