De todas las hojas de ruta aprobadas, la que más discrepancias ha creado ha sido la relativa al trasvase del Tajo-Segura, que plantea una reducción del agua que llega hacia zonas del Levante con extensas superficies de regadío y déficit hídrico crónico, como Alicante o Murcia.

No obstante, Ribera ha insistido en que "lo más importante es anticiparnos a un escenario problemático" de falta de agua. Y es que, según informa el MITECO, se estima que los caudales de los ríos españoles se han reducido en torno a un 12% desde 1980 y alertan de una disminución de hasta un 40% del agua disponible de aquí al año 2050.

[Más de 190 municipios beben de reservas de agua contaminadas: “El problema es enorme y va a más”]

El agua no sobra

El Tajo es el río más largo de la Península Ibérica. Se extiende desde los montes Universales, en la sierra de Albarracín, en Teruel, y recorre más de 1.000 kilómetros hasta desembocar en la ciudad portuguesa de Lisboa. Entre medias, parte de su agua se ve desviada. Pasa desde que, a finales de los años 60, se decidió dar luz verde a una de las mayores obras de ingeniería de nuestro país: el trasvase Tajo-Segura.

Entonces, las necesidades eran otras y la conciencia medioambiental no alcanzaba los estándares actuales. En aquel momento, se consideró imprescindible trasvasar agua del Tajo al Segura para transportarla a unas zonas áridas y con un déficit hídrico crónico, como son las de Murcia y Alicante, además de Almería (aunque en menor medida). El hecho de no limitar el desarrollo económico primaba sobre cualquier otra cuestión. Además, pululaba la idea de que el agua sobraba e iba a perderse en el mar.

De esta manera se comenzó a derivar agua del río Tajo desde los embalses de Entrepeñas, en Guadalajara, y Buendía, en Cuenca, mediante un acueducto de unos 292 kilómetros que conecta las cuencas del Tajo y del Segura. Los datos oficiales muestran cómo desde los años 80 hasta el 2000, los hectómetros cúbicos de agua trasvasados no dejaron de crecer. Como tampoco la superficie dedicada a agricultura de regadío en las zonas mencionadas del Levante español.

Murcia, por ejemplo, es la región española con más superficie dedicada a estos fines con respecto a su extensión de terreno. Según el último informe de Análisis de los Regadíos Españoles, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, esta comunidad tiene unas 183.477 hectáreas de regadío (el 16,21% de su superficie geográfica). Por su parte, la Comunidad Valenciana cuenta con 290.711 (el 12,5% de su terreno), de las que en torno a unas 98.000 pertenecen a la provincia de Alicante.

Superficie de cultivos de regadío en Almería. Europa Press

Qué plantean las nuevas medidas

Para asegurar que lo que se trasvasa no acaba con la fuente principal desde la que se obtiene el agua, la ley de 1980, de Regulación del Régimen Económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura, mantenía unos caudales mínimos. Es decir, unos límites que no podían sobrepasarse a la hora de desviar el agua. En total, ascendían a 400 hectómetros cúbicos para regadíos y 110 para abastecimiento humano.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), sin embargo, ha interpretado que ni aquella disposición como ninguna de las posteriores hacían referencia a los caudales ecológicos, aquellos niveles que son necesarios para preservar los hábitats naturales del río.

El plan hidrológico aprobado ahora para el Tajo lo que ha hecho es fijar lo que ya le exigían desde hace dos décadas la normativa europea sobre masas de agua, la Ley de Aguas y las cinco sentencias del Tribunal Supremo. 

Así, la regulación de caudal más importante se producirá en Aranjuez para 2023, cuando se aumentará en siete metros cúbicos por segundo desde los seis actuales. Después, en 2026, continuará subiendo hasta los ocho metros cúbicos y, en 2027, a 8,6. Esto quiere decir que se aumentará la cantidad de agua en la cabecera del Tajo, pero, a su vez, se irá reduciendo paulatinamente la cantidad desviada hacia la huerta de Europa: Alicante, Murcia y Almería. 

Según justificó la ministra de transición ecológica, Teresa Ribera, este plan de tercer ciclo para el Tajo viene a establecer unos caudales ecológicos que no existían, y no mínimos como se había manifestado hasta ahora. 

El problema es que la medida en seguida ha encendido las alarmas de los que viven de ese agua. Sobre todo, en las provincias del Levante. El déficit hídrico que ya de por sí manifiesta la región unido a una reducción del trasvase y un contexto de cambio climático les dificulta la labor, según han manifestado organizaciones agrarias como Asaja.

Por su parte, el Ministerio ha reconocido que, en el peor de los escenarios –de falta de lluvias y sequía– el agua desviada podría reducirse hasta en 110 hectómetros cúbicos anuales. No obstante, para tal caso, el Gobierno ha puesto en marcha medidas para paliar estos efectos y los de la crisis climática. 

Imagen del trasvase Tajo-Segura. Europa Press

Así las cosas, en el paquete de medidas anunciadas este martes se plantean más de 5.000 millones en infraestructuras de regadío, más de 1.300 millones para la restauración y conservación del Dominio Público Hidráulico y más de 1.200 millones a infraestructuras de desalinización y reutilización. En esto último es uno de los puntos que ha subrayado el Gobierno para tranquilizar a los agricultores y asegurar el acceso equitativo de los ciudadanos al agua.

Además, la nueva planificación también incide en la recuperación ambiental de los espacios fluviales y en reducir el riesgo de inundación, incorporando soluciones basadas en la naturaleza, y también en la seguridad hídrica. 

A favor y en contra

En torno a la aprobación del plan hidrológico para el Tajo, el debate en torno a él ha ido subiendo de temperatura. Por un lado, está la parte ecologista, que no ve suficientes las medidas tomadas y piden mayores caudales ecológicos. Desde su punto de vista, el río necesita más agua para soportar las previsiones de sequía que amenazan a unas masas de agua ya de por sí afectadas.

En el campo de lo político, las discrepancias se han disparado porque, en una primera reunión del Consejo Nacional del Agua, se acordó la inclusión de una cláusula en la que si el agua del Tajo cumplía con la calidad suficiente, se podría volver a reducir el caudal ecológico (se permitiría trasvasar más agua). Sin embargo, esto no se ha incluido en el texto final.

Así, la medida aprobada ahora cuenta con el apoyo de Castilla-La Mancha (gobernada por el PSOE). No así de la Comunidad Valenciana (presidida por el PSPV-PSOE, en coalición con Compromís y Unides Podem), Murcia (por el PP) y Andalucía (PP), que no ven con buenos ojos lo planteado por el Gobierno. Aseguran que supondrá una pérdida de 15.000 empleos directos y 5.700 millones de euros, según datos de asociaciones de agricultores. 

La Diputación de Alicante ha ido más allá y prepara su recurso en el Tribunal Supremo contra el recorte del trasvase. Carlos Mazón, su presidente, ha asegurado en una manifestación reciente de los regantes en Madrid que “la Diputación no va a fallar a nuestra provincia y a nuestros regantes" ante lo que ha tildado como “una decisión injusta”.

Lo cierto es que más allá del ámbito político, tampoco se han hecho esperar los comentarios de expertos como José Trigueros, presidente del Instituto de la Ingeniería de España (IIE). Según declaraciones recogidas por Efe, Trigueros ha insistido en que "no hay suficientes puntos técnicos" para "justificar suficientemente" la medida.

Estos análisis deben ser elaborados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), "referente en todo el papel de la hidrología" en España, entre cuyos criterios ha de figurar el "evidente cambio climático" pues "en algunos casos va a llover mucho más que antes y en otros va a llover nada" y este dato ha de ser tenido en cuenta para la planificación.

Para el experto, el problema es que "nos encontramos en un año electoral y se está anteponiendo los intereses políticos a los técnicos", por lo que "ahora mismo hay una visceralidad" a la hora de hacer anuncios o tomar decisiones "en cuanto a que si digo esto o lo otro me quito un puñado de votos". Por ello, ha pedido a los dirigentes políticos que "dejen paso a los técnicos", puesto que en caso contrario el resultado "es un caos total y absoluto".