Pocos colombianos sabrían ubicar a Inírida en el mapa. Olvidado desde siempre por el gobierno central, este pueblo amazónico junto a la frontera con Venezuela está separado del mundo por una selva infinita. La carretera más cercana está a 250 kilómetros de distancia, de manera que solo los inmensos ríos —que funcionan como autovías— y un pequeño aeropuerto ponen al municipio a salvo del aislamiento.

Y sin embargo, Inírida es un hervidero de comercio. Cada mañana recibe decenas de pescadores indígenas con lanchas cargadas de bagres rayados, bocachicos, tortas de yuca y canastos de asaí. Tiendas y restaurantes abren desde temprano y cientos de mototaxis zumban por las calles en busca de pasajeros. Para muchos habitantes, esta vibrante economía tiene una explicación: Inírida es también el punto de llegada del oro ilegal.

La minería de oro llegó a la Amazonía en la década de los ochenta y desde entonces no ha parado de crecer. Según un estudio de WWF y Gaia Amazonas, solo entre 2004 y 2019 su explotación creció en un 500%. En Colombia, un país azotado por la corrupción y la violencia, el 70% de la producción de oro es ilegal, lo que le ha abierto las puertas a la degradación sin control del medioambiente y a la participación de grupos armados ilegales.

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Inírida, en el departamento de Guainía, no es la excepción. Basta navegar tan solo unas horas por sus ríos para encontrarse con las balsas mineras, también conocidas como dragas. Estas embarcaciones parecen más bien casas flotantes —cocina incluida—en la que trabajan hasta nueve personas para obtener el oro que se esconde en el lecho del río.

Casas flotantes de Guainía

Un buzo se sumerge a profundidades de hasta 20 metros con una manguera que succiona los sedimentos y los eleva a la superficie. Sobre la balsa, la maquinaria separa el oro usando mercurio, un metal pesado altamente tóxico que va a parar en el río y en los peces.

Los principales afectados por esta contaminación son los indígenas, que representan el 74,9% de la población de la región. Fernando, un indígena de la zona que pidió usar un nombre falso por seguridad, explica que hace unos años las balsas mineras llegaron a su resguardo y ofrecieron dinero al capitán para que permitiera la explotación.

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El líder, como muchos otros de Inírida, aceptó. “Algunos empezaron a trabajar en las balsas porque pagan bien y no tenemos otra fuente de ingreso. Otros no estamos de acuerdo porque sabemos que el mercurio está contaminando los ríos, pero no vamos a ir en contra de las decisiones de nuestro capitán. Es decir, sí hay un debate en la comunidad sobre la minería, pero no es una confrontación abierta”, relata.

No es fácil renunciar al oro en un lugar en el que más de la mitad de la población vive en la pobreza. Oficialmente la minería supone el 7,7% del PIB del departamento. No obstante, todos los líderes sociales, funcionarios y comerciantes consultados por EL ESPAÑOL coinciden en que esta actividad es lo que impulsa los negocios de Inírida.

Cada semana, decenas de jóvenes cruzan la frontera para trabajar en las minas venezolanas, lugar desde donde proviene la mayoría del oro que llega al pueblo. Otros se emplean en las balsas del lado colombiano, cuyos dueños son principalmente “colonos”, un término utilizado por los indígenas para describir a los foráneos instalados en el departamento.

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El Secretario de Asuntos Indígenas de la Gobernación del Guainía, Silvino Aguilero, explica que las personas más vulnerables son las que trabajan como mano de obra en la extracción de oro. “Algunos compañeros indígenas pueden vender su pescado y frutas directamente a las balsas, ahorrándose el transporte hasta Inírida.

Vendedores de fruta y pescado

Otros venden el oro para poder comprar productos como jabón y sal. No estoy justificando la minería: es un problema grave porque están contaminando y lo decimos cada vez que nos reunimos con los capitanes. Pero también es cierto que no tienen a dónde más acudir”, afirma el funcionario.

Dos futuros que compiten en silencio

La estrella fluvial del río Inírida es una región megadiversa a medio camino entre las cuencas del Amazonas y el Orinoco. En ella habitan 903 especies de plantas, 476 de peces, 40 de anfibios, 60 de reptiles, 324 de aves y 200 de mamíferos. Aprovechar esta inmensa riqueza es la apuesta que están haciendo decenas de comunidades indígenas que no quieren dedicarse a la minería.

Édgar Oleriano es ejemplo de ello. Lleva años guiando turistas por los alrededores de su comunidad, Caranacoa, un caserío Puinave de poco más de cien viviendas a orillas del río Inírida. Su objetivo es dar a conocer la fauna y flora de su hogar y dar una muestra de la cultura de su pueblo visitando lugares sagrados como las Cuevas de Kwait. En el camino se pueden avistar mariposas azules del tamaño de la mano, veloces armadillos y cascadas de orquídeas.

Río abajo, la comunidad curripaca de Guamal aprovechó que Colombia es el país con mayor número de especies de aves en el mundo y diseñó una ruta de aviturismo. No muy lejos, el capitán tucano Delio Suárez, de La Ceiba, atrae a aficionados a la pesca deportiva hacia una laguna escondida entre la selva, asegurándose de que la actividad se haga de forma sostenible.

Estas son solo algunas de las decenas de “negocios verdes” que han sido impulsados por asociaciones indígenas e instituciones gubernamentales en los últimos años. Además del turismo, hay proyectos de artesanías tradicionales, producción de dulces con frutos amazónicos e incluso la cría de abejas. Además, cerca de 800 familias de todo el departamento de Guainía se dedican a la conservación de 49.558 hectáreas de selvas, financiadas por autoridades ambientales y empresas.

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“En 2014, la estrella fluvial del río Inírida fue declarada un humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar, un hecho que impulsó todas estas alternativas. Cuando se firmó el decreto, muchas comunidades prefirieron el oro y no se involucraron. Otros preferimos apostar por un uso y manejo sostenible de los territorios. Nosotros no amarramos a nadie, simplemente damos la información”, explica uno de los líderes indígenas que participó en el proceso.

'Nunca se sabe quién está escuchando'

Estas dos visiones de futuro —la minería y el desarrollo sostenible— compiten sin enfrentarse en una suerte de pacto de silencio. No solo por la comprensión de las necesidades económicas de sus compañeros y el respeto por las jerarquías tradicionales, sino también por la amenaza latente de las armas.

En el río Atabapo, que marca la frontera con Venezuela, grupos armados como la guerrilla del ELN, disidencias de las extintas FARC e incluso la Guardia Venezolana se lucran de esta actividad. “El Gobierno no llega hasta estas zonas, entonces son estos grupos los que mantienen el orden e imponen sus leyes. Y por supuesto, cobran impuestos a los mineros”, afirma un comerciante vinculado al negocio del oro.

Manaes Amaya, director del medio local El Regional, explica que no hay líderes que se opongan abiertamente a la minería ilegal por miedo a represalias: “Aquí no vivimos una situación de violencia extrema como en otras zonas del país. También esto se debe a que la producción de oro en Guainía es muchísimo menor a la que se hace en otros departamentos.

El río es la manera más rápida de atravesar la selva

De todas formas, hay que tener cuidado porque no se sabe dónde está la frontera de lo que se puede decir. Ni quién esté escuchando”. Esta cautela no sobra en un país encabeza la lista global del mayor número de asesinatos contra defensores del medioambiente, según la ONG Global Witness.

Al mismo tiempo, la contaminación de los ríos es cada vez más alarmante. En 2015, la Secretaría de Salud de Guainía halló que los habitantes de las comunidades indígenas presentaban entre 60 y 109 veces más mercurio en su cuerpo que lo recomendado por la OMS. Este año, la autoridad ambiental CDA publicó un estudio igual de desalentador: los sedimentos analizados en los ríos Guainía e Inírida contenían concentraciones entre 10 y 12.000 veces superiores a las de áreas no contaminadas.

“Uno de los problemas más importantes de la exposición al mercurio a bajas concentraciones es una pequeña reducción en el coeficiente intelectual. De acuerdo con las concentraciones, irán apareciendo problemas más severos”, afirma el doctor Jesús Olivero Verbel, coordinador del doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena. “Estamos envenenando a los que cuidan la biodiversidad y, por supuesto, que enfermen es un factor importante para la destrucción del Amazonas”, lamenta el experto.