Se llama The Line (la línea) y, según las estimaciones, construirla costará en torno a 500.000 millones de euros. Se trata de una ciudad futurista en línea recta y recubierta de vidrio en la que se pretende que para 2030 vivan un millón y medio de personas, aunque la idea es que su capacidad total llegue a los nueve.

Esta ciudad sólo es una de las partes de un megaproyecto NEOM impulsado por el régimen de Arabia Saudí. Esta iniciativa busca modernizar el noroeste del país a través de infraestructuras megalómanas basadas en la última tecnología y la vanguardia en el diseño urbano —y que cuestan cientos de miles de millones de euros—.

NEOM pertenece al Fondo de Inversión Pública saudí, y quiere desarrollar un centro económico a lo largo de un área de 26.500 km² que se extiende a lo largo del golfo de Aqaba y la costa del mar Rojo, conectándolas con las montañas y los valles del noreste de la nación.

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Con salida al mar Rojo, la principal peculiaridad de The Line es su tamaño y su forma. Sin nada que ver con la planificación urbana de cualquiera de las ciudades del planeta, esta se distribuirá a lo largo de de 170 kilómetros, con una anchura de tan solo 200 metros y una altura de 500 sobre el nivel del mar.

Recreación virtual del proyecto. Reuters

El escaparate del medio ambiente

Además de la exhibición de recursos económicos y de ofrecerle al mundo una imagen de modernidad, el régimen del autócrata Mohammed bin Salman —que también es el presidente de la junta directiva de NEOM— está centrando sus esfuerzos propagandísticos en presentar The Line como un hito de la eficiencia energética, la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente.

Sin coches de combustión interna, con el 100% de la energía proveniente de fuentes renovables, totalmente digitalizada y con inteligencia artificial implantada, repleta de árboles y espacios verdes, e interconectada con un avanzado sistema de transporte subterráneo. Así está exhibiendo el régimen su ciudad del futuro, en la que todos los servicios estarán a un máximo de cinco minutos a pie, y un tren de alta velocidad la recorrerá de extremo a extremo en tan sólo 20 minutos.

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De llevarse a cabo lo que está proyectado sobre el papel, la ciudad se convertiría en un referente de eficiencia energética y de movilidad, y en un ejemplo de bajo impacto medioambiental. No obstante, no es oro todo lo que reluce, ya que Arabia Saudí es uno de los países del mundo donde más violaciones de derechos humanos se producen.

Sostenibilidad sin DDHH

A la falta total de libertad de expresión y la continua represión de disidentes y activistas políticos, se le une la vocación asesina del régimen. Según el informe anual de la ONG Human Rights Watch, Arabia Saudí ejecutó a 65 personas en 2021, y junto a Irán y Egipto llevan a cabo el 80% de las ejecuciones a nivel mundial.

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Arabia Saudí se abstuvo en la votación en las Naciones Unidas para adoptar la Declaración Universal de Derechos Humanos alegando que contradecía la ley sharía (las normas que rigen la conducta y la moral de los ciudadanos y es la base del derecho islámico). Tampoco forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que incluye la libertad religiosa, y ha manifestado reservas frente a la Convención sobre los Derechos del Niño, arguyendo también que hay disposiciones que entran en conflicto con la sharía.

Otras organizaciones como Amnistía Internacional llevan años denunciando que en Arabia Saudí las autoridades sigan prohibiendo la entrada de organismos para defensa de los derechos humanos. En su último informe, la oenegé detalla cómo el régimen continúa ejecutando de forma masiva, utilizando la tortura como método de persuasión por parte de la policía y como castigo dictado por los tribunales o deportando a inmigrantes en masa.

Mujeres y comunidad LGTBIQ+

Un caso especialmente criticado por la comunidad internacional es el de las condenas a muerte a menores de edad. En estos últimos años, el régimen saudí ha hecho varias promesas de maquillaje ante la opinión pública mundial con respecto a este asunto, pero su ley continúa permitiendo que se condene a muerte a menores de 18 años.

Es habitual que a algunos delitos se les impongan dos tipos de castigo: la qisa y el hudud. El primer castigo está relacionado con la ley del talión (ojo por ojo y diente por diente), y permite a las familias de las víctimas exigir la pena de muerte o una compensación —también pueden solicitar el indulto—. El segundo castigo es coránico, las “exigencias de Dios”, y se aplica a delitos como el robo o el adulterio.

En 2020, la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí declaró que ya nadie sería ejecutado por delitos que cometió siendo menor de edad. Sin embargo, a principios del pasado mes de marzo, un tribunal penal ratificó la condena a muerte contra un joven que ya fue condenado en 2017, cuando sólo tenía 14 años.

El caso de las mujeres y de colectivos como el LGTBIQ+ es especialmente lesivo. En Arabia Saudí la homosexualidad o la transexualidad son delitos que se castigan con penas que van desde multas hasta la muerte, pasando por la flagelación pública o la castración química. Por supuesto, los derechos LGTBIQ+ no están reconocidos por el régimen, cuyas leyes se rigen por la sharía medieval.

En cuanto a las mujeres, sus roles en la sociedad también están firmemente sujetos a la los códigos morales islámicos y están sistemáticamente excluidas de la vida pública y sometidas a los hombres. El régimen no permite, por ejemplo, que una mujer pueda tener su pasaporte y viajar al extranjero sin que un tutor masculino le haya dado permiso.

La represión en todas las esferas sociales e institucionales es constante y las restricciones se extienden prácticamente a todos los ámbitos. Por ejemplo, hasta junio de 2018 estaba prohibido que las mujeres condujesen un coche, tienen limitada la capacidad para elegir con quien casarse y están permitidos los matrimonios infantiles concertados —por el contrario, los hombres pueden casarse hasta con cuatro mujeres a la vez—.

La violencia machista no está ni perseguida ni castigada, existe discriminación laboral y desigualdades profundas en derechos civiles como el divorcio, la custodia de los hijos o la recepción de herencias.