Corría el año 1998 y Castilla-La Mancha caminaba con paso más o menos firme hacía la consolidación institucional autonómica. Con unos cuatrocientos mil habitantes menos que en la actualidad, hace justo 20 años encaraba su final la IV legislatura autonómica que, en su inicio, había conocido la irrupción por primera vez de Izquierda Unida en las Cortes de Castilla-La Mancha, amenazando la mayoría absoluta del PSOE de José Bono, que obtuvo 24 de los 47 diputados/as elegidos tres años antes.

De forma paralela al desarrollo de la legislatura, un grupo de cargos institucionales y responsables políticos del PCE e IU en Castilla-La Mancha, encabezados entre otros por el diputado regional de IU, decidieron y acordaron su desembarco en las filas socialistas, eso sí, había que procurar que no quedara nada a la izquierda del PSOE. Y a ello hay que añadir, por un lado la previsión de un importante crecimiento demográfico en la región y por otro la muy rumore Consejería de la oposición que ostentaba por entonces el PP.

Todas estas circunstancias, y dada la proximidad de año electoral, facilitaron el consenso PSOE, y sus progresistas con el PP para perpetrar el primer y originario pucherazo electoral, a través de la primera reforma, interesada y partidista, del sistema electoral establecido en la Ley 5/1986, Electoral de Castilla-La Mancha.

Dicha Ley, antes de su modificación, vigente durante seis legislaturas, en base a la horquilla entre 47 y 59 diputados/as recogida en el Estatuto de Autonomía, establecía el siguiente sistema electoral (artículo16):

A cada una de las cinco provincias se le adjudicaba un mínimo inicial de cinco escaños y los veintidós restantes, hasta 47, se distribuían entre las provincias en proporción a su población, conforme al siguiente procedimiento:

a) Cuota de reparto resultante de dividir por veintidós, la cifra total de la población de derecho de las cinco provincias.

b) Adjudicación a cada provincia de tantos Diputados como resultado, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto.

c) Los restos se adjudicaban a la fracción decimal mayor.

Esa primera reforma, operada mediante la Ley 8/1998 de Modificación Parcial de la Ley 5/1986, suprimió la fórmula de distribución de los 22 escaños en proporción a la población, con el objetivo de bloquear el número de escaños y blindar el bipartidismo ante el crecimiento poblacional previsible y las “incertidumbres” políticas que se vislumbraban, estableciendo un número cerrado de escaños para cada provincia:

“Albacete, diez diputados; Ciudad Real, once diputados; Cuenca, ocho diputados; Guadalajara, siete diputados y Toledo, once diputados.”

Transcurridas dos legislaturas más, año 2007, nos encontramos con una reforma fallida del Estatuto de Autonomía y una región con más de 2.100.000 habitantes (¡se entienden las verdaderas intenciones de la reforma de 1998!) y asistimos a una de las más escandalosas anomalías democráticas conocidas (más propias de finales del siglo XIX). El blindaje del 98, la supresión de la fórmula de distribución, unido al crecimiento de la población y al interés del gobierno del PSOE de no modificar la Ley Electoral a pesar de contar con mayoría absoluta, provocó que en las elecciones autonómicas celebradas en mayo de 2007, la provincia de Guadalajara con una población de 213.505 habitantes y 168.039 electores, eligiera un escaño menos que la provincia de Cuenca cuyo número de habitantes y de electores, 208.616 y 165.873 respectivamente, era menor.

La convocatoria de estas elecciones fue recurrida por IU y el Tribunal Constitucional resolvió rechazar la impugnación pasadas las elecciones y tras la siguiente reforma electoral.

Revalidada la mayoría absoluta del PSOE, se abre paso la una nueva modificación mediante la Ley 12/2007 de 8 de noviembre, que lejos de afrontar la necesaria reforma justa y democrática se limita a incrementar un escaño por Guadalajara y otro por Toledo, sin introducir criterio de distribución alguno. Quedando como sigue:

“Albacete, diez diputados; Ciudad Real, once diputados; Cuenca, ocho diputados; Guadalajara, ocho diputados; y Toledo, doce diputados”.

Esta modificación acabó por no servir a sus fines y en 2011 el PP pasó a gobernar la región con mayoría absoluta. Y claro, tal y como ha ocurrido con los otros presidentes de Castilla-La Mancha, Cospedal se pone manos a  la obra. Mediante la Ley 4/2012, de 17 de mayo, el PP en solitario aprueba la modificación de la Ley 5/1986, elevando el número de escaños a elegir de 49 a 53, por considerarlo “democráticamente saludable”. Unos meses después Cospedal procedió a reformar el Estatuto de Autonomía, reduciendo la horquilla de escaños a 25-35 y fijando en la Ley Electoral el número de escaños en 33, sin ninguna fórmula de distribución  en las provincias.

Se trataba, una vez más, de una reforma antidemocrática y no tanto por el número de escaños, sino por no tener un sistema de elección que garantice pluralidad, proporcionalidad, representatividad, igualdad y participación en la vida política, elementos básicos de cualquier sistema electoral democrático que se precie.

Todo este cúmulo de reformas (por mucho que la última sea la más injusta y antidemocrática no excusa las anteriores ni las venideras), suponen un ataque sin parangón en ninguna otra comunidad autónoma a las normas básicas de la democracia, impiden una representación proporcional a la voluntad ciudadana expresada en las urnas, son contrarias al principio fundamental de pluralismo político, además de afectar a la dignidad del pueblo castellano manchego, ya que recibimos un trato discriminatorio con respecto al resto de ciudadanos y ciudadanas de las demás comunidades autónomas.

Ahora, recuperando malos hábitos, se vuelve a amagar con una reforma estatutaria para después impulsar una modificación de la Ley Electoral, marca de la casa, que consistirá en elevar a 35 el número de escaños, pensando única y exclusivamente en mantener el poder, es decir, lo de siempre.

Sin embargo para los hombres y mujeres que luchamos por una sociedad más justa, diferente y alternativa a la actual, superar esta situación, avanzar en democracia y regenerar las instituciones debe ser una prioridad ineludible, sin medias tintas ni paños calientes.

Daniel Martínez. Responsable de Política Municipal y Relaciones Institucionales IU Albacete