El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, que asegura la estabilidad de la financiación de este servicio, especialmente importante para la vertebración del territorio y, en particular, en las zonas en declive demográfico, y constituye una de las principales herramientas de la política postal del Gobierno de España.

Hasta su aprobación, el plan ha seguido los trámites reglamentarios incluyendo la validación de la Comisión Europea, los informes preceptivos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo Superior Postal, el informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y el dictamen favorable del Consejo de Estado.

En concreto, el plan contempla las condiciones en las que el operador designado, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, debe prestar el servicio, incluyendo la extensión mínima de la red postal, las condiciones de recogida y entrega de los servicios postales y las obligaciones de información y tratamiento de las consultas, quejas y reclamaciones.

A ello se suma el sistema de control y seguimiento de la prestación del servicio, así como las penalizaciones por el incumplimiento de los objetivos de calidad, el procedimiento para la evaluación del coste del citado servicio, que incluye una nueva metodología basada en las directrices de la directiva postal europea y en la Comunicación de la Comisión relativa al Marco de la Unión Europea sobre ayudas estatales y los criterios para determinar la contribución del Estado a su financiación.

Según el Ejecutivo, el alcance del plan va más allá del establecimiento de las condiciones en que el operador designado ha de prestar el servicio postal universal y de la metodología de cálculo para su financiación.

Por ello, el plan ofrece otras ventajas para el sector postal en su conjunto, entre ellas, asegurar la estabilidad en la financiación del servicio postal universal lo que garantizará un servicio de calidad en todo el territorio nacional y, particularmente, en las zonas rurales, en las que las condiciones del mercado harían inviable la prestación a precios asequibles.

Asimismo, aporta una mayor seguridad jurídica para los usuarios al regular determinadas situaciones, que hasta la fecha carecían de regulación y ayuda al prestador designado, Correos y Telégrafos, empresa pública de más de 54.000 empleados, a fijar un horizonte financiero estable, de forma que puedan acometerse con menores incertidumbres las necesidades de modernización que se derivan de los retos que suponen las nuevas tecnologías para los servicios postales y los que surgen de las demandas que plantea la sociedad de la información.

Asimismo, aporta transparencia al sector y eliminará incertidumbres, al verificarse que la financiación del Estado se aplica al servicio postal universal evitándose las subvenciones cruzadas y la sobrecompensación.

Asimismo, el nuevo plan de prestación del servicio postal universal introduce cambios positivos en el sector postal en general y en el servicio postal universal, entre ellos establecer un sistema de cálculo del coste neto más objetivo, fiable y coherente que asegura la sostenibilidad financiera del operador designado, sin interferir en la libre concurrencia que debe presidir un mercado totalmente liberalizado.

Correos ya ha recibido los fondos

Aplicando la metodología contenida en el plan, el coste neto estimado del servicio postal universal en los ejercicios 2011 a 2020 supone un total de 1.282,6 millones de euros.

Desde 2011 hasta 2020, Correos ya ha recibido con carácter provisional y a cuenta 1.278,7 millones de euros, prácticamente el importe estimado para todo el período.

Según el Gobierno, la aprobación del plan permitirá a la CNMC determinar la carga financiera soportada por Correos en dicho periodo y regularizar las aportaciones financieras realizadas por el Estado para asegurar la prestación del servicio postal universal.