Una cosechadora de trigo.

Una cosechadora de trigo. EFE

El campo

Asaja planta a la Junta en el Consejo de Medio Ambiente por la Ley de Montes: "El agricultor está en el punto de mira"

La organización agraria denuncia que la propuesta se tramita "de forma precipitada" y sin abordar antes su contenido con el sector.

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ASAJA Castilla-La Mancha ha decidido abandonar este lunes el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) ante la negativa del Gobierno regional a retirar del orden del día la propuesta de modificación de la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, al considerar que se está tramitando "de forma precipitada" y sin escuchar previamente al sector agrario.

La organización agraria había solicitado que la propuesta no fuese sometida a toma en consideración en la reunión prevista para este lunes y que se dispusiera de más tiempo para analizar sus consecuencias y abordar su contenido con las organizaciones profesionales agrarias.

Al no ser atendida esta petición, el presidente de ASAJA CLM, José María Fresneda, y el vicepresidente, Juan José Laso, han abandonado el órgano como muestra de rechazo al procedimiento seguido por la Junta.

El movimiento se produce después de varias semanas de enfrentamiento entre la organización agraria y el Gobierno de Castilla-La Mancha por las restricciones a las labores agrícolas en jornadas con niveles naranja o rojo del Índice de Propagación Potencial (IPP).

ASAJA acusa a la Junta de ir más allá de la normativa estatal

ASAJA sostiene que la modificación planteada por el Ejecutivo autonómico no responde a ninguna exigencia reciente de la normativa nacional. Fresneda ha cuestionado que la Junta utilice como justificación la Ley de Montes estatal, que fue modificada en 2022.

"El Gobierno regional vuelve a utilizar como justificación lo establecido en la Ley de Montes estatal, una norma que ya fue modificada en 2022", ha señalado el presidente de ASAJA CLM, que considera que "no existe, por tanto, ninguna modificación reciente de la normativa nacional que justifique o exija este cambio en la legislación de Castilla-La Mancha".

A su juicio, la propuesta autonómica iría incluso más allá de lo establecido en la legislación estatal al introducir, según ASAJA, "por primera vez en España" una prohibición expresa y automática de las labores agrícolas, incluida la cosecha, cuando el IPP alcance los niveles naranja o rojo.

La organización recuerda que, tras la modificación de la Ley de Montes estatal en 2022, las comunidades autónomas debían desarrollar sus propios planes regionales de prevención para determinar las limitaciones y los usos y actividades permitidos en zonas con riesgo naranja o rojo.

ASAJA considera que es precisamente mediante esos planes autonómicos donde deberían establecerse las medidas aplicables a las campañas agrícolas y critica que Castilla-La Mancha pretenda convertir en una prohibición legal lo que la normativa estatal deja al desarrollo de los instrumentos de prevención de cada comunidad.

La organización agraria también rechaza que la modificación elimine la posibilidad de que los planes de prevención de Castilla-La Mancha establezcan un marco específico para las labores agrícolas y las campañas de cosecha, teniendo en cuenta sus características y necesidades.

La Junta defiende que no se prohíbe cosechar

La posición de ASAJA contrasta con la explicación ofrecida por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, la pasada semana. Gómez aseguró que "el que esté diciendo que no se puede cosechar en la región miente" y afirmó que el Gobierno autonómico no pretende introducir medidas adicionales a las que ya se han aplicado este año.

La consejera sostuvo que las restricciones previstas son "las mismas palabras y puntos y comas" que las recogidas en la orden aplicada durante esta campaña y defendió que los agricultores de provincias como Guadalajara y Cuenca pueden presentar una declaración responsable para cosechar en situaciones de riesgo alto, muy alto o extremo, salvo en las horas centrales del día.

El conflicto se remonta al verano, cuando ASAJA denunció que la Junta pretendía elevar a rango de ley las restricciones a los trabajos agrícolas cuando el IPP alcanzase niveles naranja o rojo. La organización llegó a advertir de que, si se prohibía cosechar durante esas jornadas, "se cargan el sector".

ASAJA calculó entonces que, si las condiciones que ahora plantea la Junta hubieran estado vigentes durante la pasada campaña, los agricultores solo habrían podido cosechar durante ocho días entre el 15 de junio y el 31 de julio, el periodo habitual de recogida del cereal en la región.

ASAJA alerta de las consecuencias para las explotaciones

La organización agraria considera que la modificación puede tener consecuencias especialmente graves para las explotaciones de cereales y otros cultivos herbáceos, que necesitan realizar las labores de cosecha dentro de ventanas temporales concretas.

"El agricultor sigue estando en el punto de mira de la Consejería de Desarrollo Sostenible", ha lamentado Fresneda, quien ha defendido que ASAJA comparte la necesidad de adoptar medidas eficaces para prevenir los incendios forestales, pero reclama que cualquier regulación sea "proporcionada, técnicamente justificada y compatible con el normal desarrollo de la actividad agraria".

El presidente de ASAJA ha justificado así la salida del CAMA: "No podemos participar en un órgano en el que se pretende avanzar en una modificación de estas características sin haber escuchado previamente al sector y sin haber estudiado suficientemente sus consecuencias".

La organización agraria reclama ahora a la Junta que abra un proceso de diálogo con el sector antes de continuar con la tramitación de la modificación de la Ley de Montes.