La Real Academia Española emitió anoche un comunicado, consensuado en el pleno de los académicos que se celebró por la tarde, en el que mostraba su preocupación por algunos de los postulados de la nueva Ley Orgánica de Educación, bautizada como Ley Celaá, en concreto aquellos relativos al uso del español en los diversos niveles de enseñanza.

La RAE espera que el Gobierno no se desvíe “de la protección que el artículo 3 de la Constitución dispensa al español como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar”. Además, los académicos expresan en el comunicado que su principal preocupación “es que el futuro texto legal no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna y accedan a través de ella a la ciencia, a la cultura, o, en general, a los múltiples desarrollos del pensamiento que implica la labor educativa”.

De esta manera, la RAE se suma a las voces críticas con un texto que ha sido aprobado por la mínima por el Gobierno con el apoyo de nacionalistas catalanes y vascos y que ha sido muy criticado por la oposición y por la educación concertada. Aunque la institución carece de competencias para pronunciarse sobre problemas de constitucionalidad, se ofrece para colaborar con el gobierno. “Dada la importancia que tiene para nuestra nación el español como lengua oficial, y los deberes de protección que la Constitución impone, la Real Academia Española, sin perjuicio del análisis crítico final que en su caso proceda, se pone a disposición del Gobierno y del legislador para prestar el asesoramiento que se considere necesario”, reza el comunicado.

La RAE espera, en cualquier caso, que la nueva ley no signifique un menoscabo del uso del español en nuestro país. “Formamos parte de una comunidad cultural que integran cerca de 600 millones de personas con capacidad para utilizar el español y más de 485 millones que lo tienen como lengua materna”, continúa la nota. “Esta circunstancia convierte al español en un bien de valor incalculable, que es patrimonio común de las naciones y los pueblos que lo usan como lengua de comunicación y de enseñanza, y obliga a todos los Gobiernos, especialmente el de España, a garantizar su conocimiento y libre utilización. En todo el universo hispanohablante se sigue con particular atención el trabajo que impulsa y lleva a cabo la Real Academia Española, con sus academias hermanas de todo el mundo, a favor de la unidad del español, de su cuidado y de su fortaleza”.