Las últimas elecciones republicanas se celebraron año y medio después de la Revolución de 1934

En los últimos años ha cobrado fuerza, en ámbitos de izquierda, la tendencia a devaluar el significado de la Transición, que habría representado la renuncia a una genuina ruptura democrática, y a revalorizar en cambio la experiencia de la República. El significado político que ello tiene es evidente: un relato que sitúa el origen de nuestra democracia en la Transición favorecerá la disposición al consenso entre todos los partidos, mientras que si se enfatiza su filiación respecto a una República truncada por un alzamiento militar reaccionario se propiciará una actitud de confrontación entre izquierda y derecha.

La opción entre un relato y otro es una cuestión política y los historiadores no tienen por qué participar. Su misión es examinar la documentación para construir una imagen lo más fiel posible del pasado, y eso es lo que hacen Manuel Álvarez Tardío (1972) y Roberto Villa García (1978) en su libro sobre las últimas elecciones de la República. La imagen de una joven democracia, basada en un fuerte impulso reformista y una gran movilización popular, cuyo fracaso se debió exclusivamente a un alzamiento militar apoyado por las potencias fascistas, tiene sin duda su atractivo y resulta consoladora para una mentalidad progresista, pues implica que fueron factores externos los que interrumpieron el avance democrático de nuestra sociedad. Su defecto es que resulta muy poco matizada respecto a la realidad histórica, tal como han demostrado múltiples investigaciones. En los años treinta, España se situaba en un nivel de desarrollo en que no es frecuente que una democracia se consolide, tenía una ominosa tradición de recurso a las armas con fines políticos y además recibía la influencia de una Europa enloquecida por el fascismo y el estalinismo.

La voluntad de consenso democrático era casi nula y los partidos más importantes, la CEDA en la derecha y el PSOE en la izquierda, consideraban la democracia parlamentaria establecida en 1931 como algo transitorio, que habría de ser sustituido por algún régimen autoritario o por una dictadura del proletariado más o menos cercana al modelo soviético. Con todo, hay una diferencia esencial: la CEDA nunca se alzó en armas contra las instituciones de la República y el PSOE lo hizo en octubre de 1934.

Año y medio después se celebraron elecciones. Como destacan los autores, el momento no podía ser menos oportuno, porque el recuerdo de la insurrección de octubre estaba muy vivo y las elecciones se convirtieron en "un inquietante plebiscito entre sus partidarios y sus detractores, con la amnistía como bandera sentimental de los primeros". Los republicanos de izquierda, que se integraron con socialistas y comunistas en la coalición del Frente Popular, pretendían "pasar página", pero sus aliados marxistas no estaban dispuestos a "abjurar" de su intentona revolucionaria.

Las elecciones de 1936 fueron objeto de un estudio pionero publicado por Javier Tusell en 1971, en el que esclarecieron los resultados, basándose sobre todo en informes de prensa, y realizaron un primer análisis del fraude electoral, basándose en los debates de la Comisión de actas de las Cortes, acerca de la cual concluyeron que "había actuado con sentido absolutamente partidista en la determinación de las actas válidas e inválidas". Casi medio siglo después, Álvarez Tardío y Villa han podido consultar documentación entonces inaccesible y han reconstruido lo ocurrido de forma muy minuciosa, poniendo el énfasis en el impacto del fraude electoral y de la violencia.

Respecto a los resultados, apenas hay diferencia con los establecidos por Tusell. Haciendo la media de los sufragios obtenidos por los candidatos más votados de cada lista, Tusell concluyó que el Frente Popular había obtenido 4.555.401 y la derecha 4.503.205, mientras que Álvarez Tardío y Villa, haciendo la media de los sufragios obtenidos por todos los candidatos de cada lista, concluyen que el Frente Popular obtuvo 4.434.381 y la coalición de derechas 4.402.811. El Frente Popular ganó por una mínima ventaja, pero esa ventaja fue mucho mayor en las grandes circunscripciones urbanas, en donde la ley electoral primaba más a la lista mayoritaria, con lo cual su triunfo fue mucho más nítido en escaños obtenidos. En la primera vuelta, el Frente Popular obtuvo 259 escaños, por encima ya de la mayoría absoluta, y las candidaturas antirrevolucionarias obtuvieron 189, mientras que las candidaturas centristas apoyadas por el gobierno de Portela Valladares, que habían obtenido 324.276 votos, se quedaron sin escaños.

A partir de ahí surgen varias preguntas ¿Fue limpia la jornada electoral del 16 de febrero? ¿Fue limpio el recuento? ¿Influyó en ello la precipitada dimisión del gobierno Portela? ¿Fue esa dimisión forzada por la coacción ejercida por las izquierdas en la calle? ¿Cómo logró el Frente Popular ampliar el número inicial de escaños? A todo ello responden los autores con un amplio despliegue de hechos documentados, tan amplio que el lector puede en ocasiones sentirse perdido entre árboles que le ocultan el bosque. Sin embargo, las respuestas quedan, al final, claras.

La votación fue en general limpia, a pesar de algunos incidentes, en parte porque la ley electoral daba muchas garantías de que así fuera, en parte porque el gobierno, en vista de los casos de violencia que se habían producido durante la campaña, hizo un gran despliegue de fuerzas del orden, y en parte también porque las fuerzas centristas que apoyaba el gobierno eran tan débiles que no había margen para darles la victoria mediante el fraude. El recuento no fue tan limpio, entre otras cosas por la presión del Frente Popular en la calle, que condujo a una sustitución de las autoridades locales, sobre todo desde el momento en que Portela dejó la jefatura del gobierno, impelido por esa presión.

Los autores reconocen que es imposible establecer los resultados reales, pero estiman que la manipulación del recuento en algunas provincias pudo dar al Frente Popular una treintena de escaños indebidos. En cuanto a la actuación de la Comisión de actas de las Cortes, encargada de verificar su validez, fue muy sectaria, como siempre se ha sabido, y le dio otros 23 escaños. Por último, la repetición de elecciones de Cuenca y Granada en mayo se caracterizó por la fuerte coacción que sufrieron los candidatos de la oposición. El resultado es que el Frente Popular sumó 278 escaños, muy por encima de la mayoría absoluta.