Memoria USB, uno de los dispositivos que se verán afectados por el regreso del canon digital. Foto: Ambuj Saxena / CC BY

Vuelve el canon digital, el gravamen impuesto a soportes y dispositivos electrónicos que permiten la copia y reproducción de contenidos protegidos por derechos de autor, para compensar económicamente a los propietarios de esos derechos. El Gobierno ha llegado a un principio de acuerdo con las entidades de gestión para poner en marcha la medida, según han informado varias fuentes conocedoras del pacto a los diarios El Mundo y El País, aunque aún se están puliendo los detalles del documento que habrá de modificar la Ley de Propiedad Intelectual.

El nuevo sistema, como ocurría hasta 2011, afectará a móviles, ordenadores, discos duros, tarjetas de memoria y similares. Tras una campaña en contra de este canon digital, el Gobierno del Partido Popular cambió en 2012 el sistema de compensación a los creadores por el lucro cesante que generan las copias privadas de sus obras.

Las principales críticas de los usuarios de estos aparatos al antiguo canon digital era que pagaban justos por pecadores, ya que el gravamen afectaba a todas las empresas fabricantes y a todos los usuarios finales por igual, hicieran o no copias privadas de esas obras. Con el nuevo sistema, el canon fue sustituido por una compensación económica que salía de los Presupuestos Generales del Estado, con lo que esta ya no procedía de los posibles usuarios de copias sino de todos los contribuyentes, y reducía drásticamente la cantidad percibida por las entidades de gestión, que pasó de unos 100 millones de euros anuales a 5, aproximadamente.

Pero el pasado mes de mayo, una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró este sistema contrario a la legislación europea, y en noviembre el Tribunal Supremo español anuló el decreto que lo introdujo. Las revisión del sistema por parte del Gobierno tiene por objeto acatar estas decisiones judiciales y llenar urgentemente el vacío legal que han generado.

Conviene señalar que este tipo de medidas, independientemente de la manera de financiarlas, tienen como objeto compensar a los propietarios de derechos de autor por las copias de uso privado sin fin comercial (un derecho de los consumidores amparado por la ley) de contenidos adquiridos legalmente, y no las copias ilegales.

Aún quedan por determinar con exactitud las tarifas de la compensación, qué tipos de aparatos se verán afectados por la medida, así como definir con precisión qué tipos de copias computan en ella, en un momento en el que la gran mayoría de los usuarios ya no hacen copias físicas sino digitales, muchas de ellas incluso en la nube.