Una de las fotografías mostradas por el gobierno colombiano en la que se ven algunos cañones del galeón San José.

El viernes 4 de diciembre, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, comunicó públicamente el hallazgo del legendario galeón español San José, hundido en 1708 frente a la costa de Cartagena de Indias (Colombia), y aseguró que el buque es "patrimonio de todos los colombianos", pero según las leyes internacionales pertenece a España por tratarse de un buque de guerra. El gobierno de Colombia, que ha tratado el descubrimiento como secreto de Estado, reveló muy pocos datos sobre los objetos encontrados -apenas unas cuantas fotografías de cañones y vasijas- y su emplazamiento, para dificultar todo lo posible las reclamaciones de España y la empresa cazatesoros con la que Colombia lleva litigando más de dos décadas.

El imponente San José iba cargado con 600 personas y 200 toneladas de oro, plata y joyas procedentes del virreinato del Perú -cuyo valor fue estimado por los cazatesoros en miles de millones de euros- para financiar la costosa Guerra de Sucesión que enfrentaba en España al rey Felipe V con el pretendiente Carlos II y que supuso el cambio de dinastía a favor de los borbones. Después de hacer escala en Portobelo (Panamá), la nave partió de Cartagena de Indias, acompañada por una flotilla de protección, el 8 de junio de 1708 y fue atacada en el Caribe por una flota inglesa, como tantas otras expediciones españolas. El comandante José Fernández de Santillán decidió regresar a Cartagena para buscar refugio, pero tras un intercambio de artillería con el buque inglés Expedition, comandado por Charles Wager, sufrió una explosión que provocó su hundimiento. Sólo sobrevivieron 11 personas. A partir de ese momento, el tesoro del San José se convirtió en uno de los más buscados.

Los antecedentes del caso hacen prever una complicada batalla por los derechos sobre el tesoro encontrado ahora por el gobierno colombiano. En 1979, la empresa cazatesoros Glocca Morra Company inició su búsqueda y consiguió un acuerdo con el gobierno colombiano según el cual ambas partes se repartirían al 50% el tesoro en caso de encontrarse. En 1982, la compañía aseguró haber encontrado el San José, pero cedió sus derechos a otra empresa, la estadounidense Sea Search Armada, al tiempo que el estado colombiano tomó las riendas de la investigación y redujo la parte pactada con los cazatesoros al 5%, un hecho que abrió un combate legal que ha durado más de 20 años y se ha resuelto a favor del gobierno colombiano. Además, en 2013, el Ministerio de Cultura colombiano impulsó una ley de protección del patrimonio subacuático que pretende blindar legalmente los hallazgos de este tipo.

España, por su parte, se ha mostrado prudente a través del secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, que se encontraba de viaje oficial en Cuba cuando conoció la noticia del hallazgo el pasado viernes. Dijo que "el Gobierno español va a solicitar al colombiano una información precisa acerca de la aplicación de la legislación de su país en la que fundamenta y justifica la intervención sobre un pecio español". Al mismo tiempo, Lassalle aseguró que España hará valer sus derechos y actuará "con arreglo a defender lo que entendemos que es el patrimonio subacuático y el respeto a las convenciones de la Unesco a las que nuestro país se comprometió hace muchos años".