Javier Tebas, presidente de LaLiga, durante una conferencia Europa Press
No es fútbol ni Derecho, es LaLiga de los vetos imaginarios de Tebas
La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha declarado nula la exclusión del Real Madrid y el FC Barcelona del Órgano de Control de LaLiga, abre la puerta a que el Consejo Superior de Deportes actúe.
La Audiencia Provincial de Madrid ha declarado nula la exclusión del Real Madrid y el FC Barcelona del Órgano de Control de LaLiga por vulnerar su derecho de asociación. La sentencia desmonta uno a uno los argumentos esgrimidos por Javier Tebas, niega la existencia de conflicto alguno con la Superliga y subraya la ausencia total de procedimiento. Un aviso judicial que podría desembocar en la inhabilitación del presidente de LaLiga por vulneración de derechos fundamentales. Una más.
Hay que reconocerle a LaLiga (y a Tebas) su genio creativo: ha conseguido inventar el único órgano colegiado del mundo que expulsa a sus miembros sin procedimiento, sin debate, sin conflicto real y —lo más admirable— sin pestañear. Todo con un clic. Una simple patada digital al Madrid y al Barça para enviarlos a la sala de espera de Zoom. Lo llaman "prudencia institucional". El diccionario lo llamaría "arbitrariedad".
La Audiencia Provincial de Madrid ha tenido la paciencia —y la elegancia— de explicar lo que a estas alturas ya resulta sonrojante: que el derecho de asociación no se suspende cuando aparece la palabra "Superliga" en un PowerPoint. Que no se puede recusar sin procedimiento, excluir sin base legal, ni dirigir una liga profesional como si fuera una cuenta de Twitter personal.
Porque eso es lo que ha hecho Javier Tebas: jugar a ser legislador, juez, parte, fiscal y ejecutor. Todo en uno. El código fuente de lo que los clásicos llamaban "desviación de poder", pero con micrófono de podcast y WiFi de alta velocidad.
La sentencia es demoledora en su tranquilidad. Dice, con la sobriedad del que conoce el derecho, que no había conflicto de interés, ni real ni inventado. Que no se puede apartar a dos clubes porque, en un universo paralelo, quizá, tal vez, algún día, formen parte de una Superliga. Si eso es suficiente para vetarlos, mañana podrían expulsar a quien mire raro en una asamblea.
Por si alguien albergaba dudas, el tribunal recuerda que el famoso Órgano de Control no es un club de lectura ni un comité de bienvenida, sino el lugar donde se decide qué se reparte, cómo y entre quién. Excluir ahí a los dos clubes que más generan sin procedimiento alguno no es "gestión", es mutilación democrática. Y lo grave no es solo la expulsión, sino la naturalidad con la que se ejecuta.
La defensa de LaLiga, esa que se esconde tras la Comisión Delegada, también se desinfla. No hay actas, no hay votos, no hay respaldo. Lo único que hay es una ficción revestida de solemnidad y barnizada con las formas que tan bien domina la casa: las de un poder que se arroga a sí mismo toda la legitimidad… porque sí.
El TJUE, por cierto, también pasa por aquí. La sentencia europea deja claro que la Superliga competiría con la UEFA, no con LaLiga. Pero claro, cuando uno quiere ver amenazas hasta en el escudo, cualquier sombra parece un monstruo. Y todo disidente, un traidor.
Lo que está en juego no es una batalla jurídica menor, sino el modelo de poder en el fútbol español. Y esta vez, el tribunal ha puesto coto. Porque sí, excluir sin base ni forma no solo es ilegal: es democráticamente tóxico. Y cuando el que lo hace tiene nombre, apellidos y despacho en Torrelaguna, ya no hablamos de errores técnicos, sino de una forma de entender el poder: la del que interpreta la ley como le conviene y ejecuta como le place.
Y no, esto no va a acabar aquí. La sentencia abre la puerta a que el Consejo Superior de Deportes actúe. Porque cuando se vulnera el derecho de asociación, lo que asoma no es solo la sombra de otra denuncia… sino la posibilidad real de una inhabilitación. Otra más.
Al final, todo empieza con una reunión por Zoom… y puede acabar con una carrera política que sale por la puerta de emergencia. Sin pitido de VAR. Pero con sentencia firme.
*Miguel García Caba es profesor de Derecho Administrativo y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
