Instituto Valenciano de Fertilidad (IVI)

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Salud Seguridad farmacológica

Escándalo sanitario: centros de reproducción conservaron óvulos con sustancias ilegales

Fueron importados de contrabando de Japón por una empresa española a través del aeropuerto de Valencia.

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Una empresa filial del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) y proveedora de centros se enfrenta al pago de una multa de más de 20 millones de euros y a cuatro años de cárcel para su administrador más una sanción de similar cuantía por haber importado de forma ilegal lotes para conservar óvulos desde Japón y utilizarlos para tratamientos de fertilidad en España. Aunque los 'kits' no contaban con la autorización sanitaria de la UE, no llegaron a poner en peligro a las mujeres que se sometieron al proceso según precisan las autoridades.

Los hechos se remontan a 2012, cuando la compañía Biomedical Supply quiso recurrir a los productos manufacturados por la nipona Kitazato Bio Pharma. En un primer momento cumplieron los cauces legales, que incluyen la notificación a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la presentación de la documentación que acredita la regularidad de la compra. Pero los 'kits' carecían de la etiqueta CE y, por tanto, no se podían importar ni comercializar en España, por lo que la AEMPS denegó la operación.

Se trata de productos que permiten la vitrificación -congelación- y conservación de ovocitos y embriones pero que contienen un antibiótico, la gentamicina. El criterio de la Agencia, que sigue la Fiscalía de Valencia al imputar los cargos, es que requerían de una autorización específica expedida por un organismo europeo al tratarse de un medicamento no homologado para la Unión Europea. La defensa de Biomedical Supply argumenta que la sustancia ejercía de "conservante" y por tanto estaba legitimada para importar los lotes con un certificado de "instrumental sanitario".

Sin embargo, pese a la negativa, la compañía siguió importando estos productos a través del aeropuerto de Valencia y de forma "clandestina", según informa Las Provincias, que también cifra en cinco millones de euros el valor de la mercancía adquirida. Hasta 2014 pudieron hacerlo sin obstáculos de Sanidad, que tardó más de un año en poner fin a la compra. A partir de ese año, empezaron a camuflarlos en envíos de productos que sí estaban homologados y a falsear las facturas de su proveedor japonés para ocultar la verdadera naturaleza de su compra.

El contrabando fue finalmente detectado por el servicio de aduanas de Manises y puesto en conocimiento tanto de la AEMPS como de la Justicia. Ignacio Bermejo, máximo directivo de Biomedical Supply, se enfrenta a cuatro años de cárcel y una multa de 27 millones de euros por delitos continuados de falsedad en documento mercantil y contrabando. La propia empresa se enfrenta a otra sanción de 21 millones por participar en la introducción de hasta 51 de estos kits.