España bajo el radar radiactivo: de los jabalíes y ciervos cerca de zanjas nucleares ilegales a los peces con uranio en el Ebro

España no vive una alarma radiológica como la de Chernóbil, pero sí arrastra un mapa salpicado de cicatrices nucleares y focos bajo vigilancia. El CSN sostiene que en 2023 la radiactividad ambiental se movió en “rangos normales” y sin indicios de impacto para la salud pública, según su balance oficial, pero al mirar de cerca hay territorios donde la fauna y los sedimentos dibujan un paisaje bastante más inquietante.

Ese diagnóstico descansa sobre una vigilancia constante: campañas de muestreo de aire, agua, suelos, alimentos y leche, además de redes automáticas y laboratorios acreditados. Sobre el papel, el sistema transmite control.

El problema aparece cuando se pasa del promedio nacional a los enclaves concretos donde el pasado radiactivo sigue dejando rastro. Ahí aflora la cara menos tranquilizadora del mapa. En algunos puntos, el CSN no habla de emergencia, pero sí de legado contaminado.

Áreas que siguen bajo lupa porque la huella existe, aunque las dosis estimadas permanezcan por debajo de los umbrales regulatorios. No hay pánico oficial para la población humana, pero tampoco borrón y cuenta nueva.

El caso más incómodo por su origen es el de las Banquetas del Jarama. El propio CSN recoge que son ocho zanjas excavadas ilegalmente junto al Canal Real del Jarama para enterrar sedimentos contaminados tras un vertido accidental en 1970. La sola imagen de esas fosas clandestinas, abiertas para ocultar lodos radiactivos, sigue pesando décadas después.

Zanjas tóxicas ilegales

A esa ficha oficial se suma un relato todavía más turbador: distintas investigaciones periodísticas reconstruyeron cómo parte de esos materiales acabaron bajo tierra y cómo, con el paso del tiempo, el propio regulador encontró dificultades para localizar todas las zanjas y verificar en qué estado real se encontraban. Es decir, no solo hubo contaminación: también hubo sombras sobre dónde quedó exactamente.

El CSN mantiene el seguimiento del enclave y reconoce la presencia de radionúclidos como cesio-137 y estroncio-90, aunque evita presentarlo como un riesgo radiológico significativo para la población. Aun así, el foco inquieta más cuando se recuerda que es un espacio abierto, sin barreras para la fauna salvaje. Jabalíes y ciervos no entienden de perímetros ni expedientes administrativos.

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Palomares ocupa otro escalón porque es casi un símbolo nacional del miedo atómico. El accidente de 1966 dispersó material radiactivo y, desde entonces, España vive atrapada entre campañas de caracterización, vigilancia continua y promesas de limpieza definitiva que nunca terminan de cerrarse. Más que un episodio cerrado, Palomares sigue siendo una herida que reaparece cada cierto tiempo.

En la documentación del CSN se insiste en que la caracterización radiológica de las zonas afectadas fue realizada por el CIEMAT y que la vigilancia actual responde al control de residuos y contaminación residual, no a una crisis activa sobre la población. Pero el matiz no borra el peso simbólico de un lugar que sigue asociado a plutonio, tierra removida y décadas de incertidumbre.

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El tercer gran foco es Flix, en el Ebro, donde el origen no fue militar sino industrial. La Agencia Catalana del Agua detalló que en 2003 se identificó allí un foco primario de unos 700.000 metros cúbicos de lodos extendidos sobre unas nueve hectáreas, con contaminantes químicos y también presencia radiológica. Bajo el agua no había solo suciedad industrial: había un cóctel tóxico con larga sombra ambiental.

Un análisis académico sobre el caso recuerda, además, que en la zona se han documentado metales pesados, compuestos organoclorados y radionúclidos como uranio-238, radio-226 o plomo-210. Ese cóctel obligó al dragado y a la gestión de sedimentos, mientras peces y fauna acuática quedaban expuestos a un fondo contaminado que convirtió un tramo del Ebro en uno de los escenarios ambientales más delicados del país.