Los abogados y procuradores de Castilla y León se han manifestado este miércoles, 28 de junio, en todas las provincias. Una convocatoria que se ha producido por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) con el objetivo de reclamar un "pacto en Justicia" y una "intervención decidida de los poderes públicos". Y es que, cabe recordar, que desde el pasado mes de enero comenzaron las manifestaciones. Aunque, sin duda, las que más están provocando una paralización son las de los funcionarios de Justicia, quienes conforman más del 90% de la plantilla.

Una concentración a la que han asistido decenas de profesionales, entre los que estaban el decano del Icava, Javier Martín; la decana del Colegio de Procuradores, Mar Abril; el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Javier Carranza; el juez decano de Valladolid, Emilio Vega; y representantes de los letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, sindicatos, forenses y graduados sociales.

Ante una situación "insostenible" han pedido un "acuerdo" que "reactive de forma inmediata el servicio público de Justicia", así como "medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados". Y es que, tal y como han asegurado mediante un comunicado, las "recientes y sucesivas convocatorias de huelgas" se suman a un "déficit histórico y estructural" que el servicio público "arrastra durante décadas". 

Ya se han tenido que suspender "decenas de miles de vistas" y en la mayoría de los casos "sin previo aviso, dejando miles de notificaciones sin tramitar" y con señalamientos fijados para el año 2027. "Es descorazonador que los ciudadanos y profesionales de Justicia tengamos que concentrarnos ante las sedes judiciales para recordar a los poderes públicos algo tan evidente como que la tutela judicial efectiva es fundamental para el normal funcionamiento del Estado de Derecho". 

En este sentido, se concentraban este miércoles para recordar que "la parálisis del servicio público afecta gravemente a la vida de decenas de miles de personas", así como a los propios profesionales que "no pueden trabajar". 

Por todo ello, han reclamado un "pacto de estado" tras las elecciones generales del 23 de julio que "permita crear un servicio público, efectivo y de calidad, durante la próxima legislatura". Una situación límite a la que han tenido que llegar dado que con los "miles de procedimientos paralizados y tiempos de respuesta inasumibles", la Justicia sufre una "grave crisis reputacional y con graves ineficiencias". 

"Llevamos décadas reclamando una reforma profunda y duradera de la Justicia, para convertirla en un servicio público equivalente a la sanidad o la educación. Hace falta transformar la administración de justicia en un verdadero servicio público de calidad, que mejore la seguridad jurídica en sociedad y genere confianza a la ciudadanía. Para ello hace falta abordar con altura de miras, lealtad institucional y sentido de Estado cuestiones básicas entre la mayoría de los profesionales de la justicia desde hace años", añaden. 

"Es vergonzoso, impresentable e inmoral que no negocien"

CSIF ha apoyado en las concentraciones realizadas y han asegurado que los funcionarios son "los primeros en querer y exigir al Gobierno que solucione los conflictos". En este sentido, tildan de "vergonzoso, impresentable, incomprensible e inmoral" que el Ministerio no negocie y los culpa de "alargar el conflicto". 

Por todo ello, creen que es el momento de que todos los colectivos que forman parte del servicio público de Justicia clamen "con una sola voz, la urgencia de resolver los problemas estructurales de la Justicia". Aseguran que son "conscientes" de las consecuencias que están ocasionando "a ciudadanos y profesionales". Motivo por el cual exigen al Gobierno que "se siente a negociar con los funcionarios para que se les reconozca retributiva y competencialmente las tareas que realizan en el día a día".