La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León deberá pagar 180.000 euros a una mujer de 53 años con trastornos mentales después de que estuviera año y medio de tratamientos por la fractura del húmero derecho y tuvieran que amputarle el brazo por la baja efectividad de los mismos. 

Los hechos se remontan al 4 de enero de 2018, cuando la paciente sufrió una caída que le provocó la lesión y acudió hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Río Hortega de Valladolid. Por aquel entonces, los profesionales sanitarios decidieron colocarle una férula para inmovilizar el brazo y se le recetaron antinflamatorios y anasgélsicos para tratar la lesión.

Fue tres meses después cuando, tras no consolidarse la fractura, el equipo de traumatología planteó la posibilidad de una cirugía. Mientras tanto, la afectada tuvo que acudir a urgencias el 20 de abril de ese mismo año por el mal olor y al supuración que desprendía el brazo. Tras realizarle las correspondientes pruebas, los médicos comprobaron que presentaba una infección de la fractura, por lo que fue intervenida quirúrgicamente al día siguiente para limpiar la zona y colocarle un fijador externo para resolver la fractura.

Un mes después la fractura no había mejorado, por lo que se la volvió a intervenir quirúrgicamente el 11 de junio de 2018. Tras la revisión, los profesionales confirmaron que la lesión estaba desplazada y sin solución de continuidad en sus fragmentos, por lo que una semana después, el día 18, fue intervenidad una vez más para retirar el material de osteosíntesis, limpiar el foco de la infección y realizar una nueva osteosíntesis con injerto.

Después de varios meses de rehabilitación, en noviembre el servicio de Traumotología del hospital comprobó que había una movilización del material de osteosíntesis de la última cirugía y una infección del material. Una nueva intervención se llevó a cabo. Ya en enero del siguiente año, en 2019, las complicaciones continuaban tras retirar la escayola y se confirmó que no había habido unión de los huesos, por lo que la paciente pasó por quirófano una vez más para someterse a una cirugía de alargamiento con clavo intramedular y fijador externo. 

En marzo de 2019 la mujer regresó al servicio de urgencias por la supuración de la herida en el hombro y tras la radiografía correspondiente le diagnosticaron una fístula en la cara anterior del húmero, angulación de fragmentos de huesos y un importante desplazamiento. Tras inmovilizar el brazo nuevamente, fueron recetados antibióticos para tratar la infección. A los dos meses la supuración se repitió y finalmente los servicios médicos tomaron la decisión de amputar el brazo por infección persistente. El 12 de junio de 2019 se llevó a cabo la amputación de la extremidad.

Tras ser puesto el caso en conocimiento de la Consejería de Sanidad, Inspección Médica concluyó que tras las revisiones iniciales se tenía que haber planteado el tratamiento quirúrgico desde el primer momento, ya que además habría que haber tenido en cuenta que el tratamiento conservador solo debe llevarse a cabo con pacientes colaboradores que no eviten una satisfactoria evolución del mismo, algo que era difiícil ante el trastorno mental que padecía la paciente.

En la actualidad, la mujer se encuentra interna en una residencia al ser totalmente dependiente, incluido para actividades cotidianas del día a día como el aseo, vestirse o realizar tareas domésticas. El Defensor del Paciente señala que la amputación del brazo ha supuesto "un grave retroceso" para llegar a ser una persona autónoma.

Carmen Flores, presidenta de la asociación, cree que a pesar de la "desgracia" de los acontecimientos, esta resolución dará "mayor facilidad" a la afectada para acceder a las ayudas que precisa.