La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado en su reunión de este miércoles autorizar a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento la asistencia al alcalde de la ciudad, Óscar Puente, ante la querella querella presentada por la Asociación de Juristas Europeos por el viaje en yate que llevó a cabo el pasado mes de septiembre de 2020 junto a un empresario vasco que meses antes había sido adjudicatario por urgencia de un contrato de suministro de material sanitario.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León este miércoles, el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid ha admitido a trámite la querella por cohecho presentada por la Asociación de Juristas Europeos Prolege contra el alcalde de Valladolid.

Por este motivo, la reunión de la Junta de Gobierno celebrada este miércoles bajo la presidencia del alcalde ha autorizado al Servicio Jurídico del Ayuntamiento a prestar asistencia jurídica a Puente ante la querella.

La acción judicial se presentó meses después de que el alcalde de la ciudad, tal y como publicó un medio de comunicación digital, pasara dos días de vacaciones el pasado mes de septiembre en un yate en aguas de Ibiza y Formentera acompañado por varias personas, entre ellas el empresario vasco Sergio Zaitegui, titular de un grupo de empresas que se había adjudicado en abril de 2020 un contrato de urgencia para suministrar material EPI al Ayuntamiento de la ciudad en pleno confinamiento por la pandemia del COVID-19.

En su momento, el alcalde de Valladolid defendió que había informado sobre dicho contrato de urgencia a los grupos municipales y que el mismo fue aprobado en un Pleno. Además, tal y como también confirmó el portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Martín Fernández Antolín, Puente informó a los portavoces municipales y al interventor de que el contrato se adjudicaba a un empresario "amigo" suyo ya que ante la situación de escasez y de elevados precios de dicho material en los momentos iniciales de la pandemia había "tirado de contactos".

Según las informaciones publicadas, habría sido el empresario quien se habría encargado de costear el alquiler de las jornadas que el grupo de personas pasó en la embarcación.

El Juzgado vallisoletano ha acordado además la práctica de una serie de diligencias de prueba documental. Una vez cumplimentadas, se decidirá sobre la declaración como investigado del alcalde.

La asociación querellante ha presentado una fianza de 2.500 euros, tal y como había dispuesto el Juzgado de acuerdo con los artículos 280 y 281 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.