El juicio para buscar justicia y la verdad sobre el fallecimiento de los seis mineros en 2013 en una mina de Pola de Gordón (León) ha comenzado hoy. Lo ha hecho con las familias a las puertas del juzgado Penal 2 pidiendo justicia y con una petición de aplazamiento de la vista por parte del abogado de la empresa responsable, Hullera Vasco Leonesa, que finalmente no ha tenido la aceptación de la jueza. Además, se ha pedido que varios de los acusados no tengan que venir a todas las sesiones por motivos de edad y laborales “con el perjuicio económico que supone trasladarse a León”, han esgrimido los abogados. “Los que no van a venir son los muertos”, gritó Toñita, una de las madres de un minero fallecido, desde la sala de espera habilitada para el juicio. A esta petición, la jueza ha decidido que asistan hasta que el miércoles 15 de febrero finalice la declaración de todos ellos. Y no tendrán que volver hasta la fase de conclusiones, pero no acudirán durante el resto de las declaraciones de testigos y peritos. 

El abogado de Mario Calvo Herze, director general de la Hullera Vasco Leonesa, la empresa acusada del fallecimiento de los seis mineros en Pola de Gordón en 2013, ha solicitado a la jueza que requiera de “urgencia” al administrador concursal que aporte el acta documental de 2009 que estableció la empresa hasta su disolución y donde se establecía el organigrama de la empresa en cuestión de seguridad. Según ha manifestado, el administrador no la ha presentado y eso provoca “entorpecer” la defensa y el proceso, ya que las acusaciones y la fiscalía argumentan que la seguridad de la empresa no era correcta. En caso de que no se presente, ha solicitado el aplazamiento del juicio, por segunda vez.

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Por su parte, abogados de varias de las acusaciones se han negado a la suspensión, ya que “no es una prueba que lo justifica” ya que se trata de una “prueba documental valorable y existen otras múltiples documentales y pruebas periciales que acrediten el organigrama de previsión y salud”. Otro de los abogados destacó que “presentar un acta es algo muy sencillo y debe estar antes del interrogatorio de lo acusados”.  Para la juzgadora, no se ha vulnerado el derecho de defensa porque existen otras pruebas, incluso por parte de la defensa, y el organigrama sobre la estructura de responsabilidad en seguridad laboral ya va unido a los planes de seguridad.

Familiares a las puertas del juzgado reclaman justicia Peio García ICAL

Además, varios abogados de los ingenieros de la sociedad minera, acusados también del accidente, han pedido que ante la dilatación del juicio y su prolongación durante más de nueve años, que no acudan todos los días al juicio, que se prolongará durante los dos próximos meses, y así evitar el "escarnio público" de que los acusados hagan todos los días “el paseíllo”. Hasta que se llegue a la fase de conclusiones y donde se comprometen a estar presentes.

Algo a lo que también se han negado los abogados de varias de las acusaciones particulares ya que han alegado que en caso de tener que prestar declaración y no estar, su ausencia provocaría retrasos.

La juez sí ha tenido que intervenir para señalar hoy era el momento de cuestiones previas, “no de fondo y no es el momento procesal para discutirlas", en relación a las cuestiones de las dilaciones indebidas a las que se han referido varios acusados y de la legitimación pasiva de alguna de las aseguradoras. Algo que también han negado las acusaciones particulares ya que el argumento de las dilaciones indebidas no es válido pues la pasada suspensión del juicio oral fue por culpa de la aportación por parte de cuatro de los acusados de sus pólizas de responsabilidad con la aseguradora Mapfre. De ahí se volvió de nuevo a la fase de instrucción.

Asimismo, el abogado del hermano de Orlando González Fernández presentó una cuestión previa, ya que la madre del minero fallecido padece alzhéimer, por lo que no podrá prestar declaración en las sesiones posteriores, en su lugar lo hará su hermano. Algo que sí fue aceptado por la jueza.

Por último, La jueza propuso que se diera comienzo a las declaraciones, en previsión de posibles retrasos el resto de los días, algo que se rechazó, por lo que arrancarán mañana a partir de las 9.30 horas. Y lo hará con el que fuera presidente de la compañía, Antonio del Valle Alonso, del entonces vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle Alonso y del vocal de la sociedad, Aurelio del Valle Jover.

El juicio ha contado con toda la atención de los medios tanto locales, regionales y nacionales. La sesión se ha sido siguiendo a través de video en una sala de prensa habilitada al efecto en la sede de los Juzgados.

A la conclusión del juicio, ha hablado Ramón Carro, abogado defensor de la familia del fallecido Roberto Álvarez: “Intentamos demostrar que hubo una falta de medidas de seguridad, que había una bóveda inmensa que no controlaron y por la que se colapsó e inundó el tajo donde estaban los trabajadores y que el sistema de ventilación era deficiente. Ya es hora de que se haga justicia”, ha explicado.

Juicio durante dos meses

El Juzgado Penal 2 León juzga a 16 personas, la compañía minera y la aseguradora por delitos de homicidios y lesiones por imprudencia grave (contra la seguridad e higiene en el trabajo). Este juicio, en un principio, se inició en abril de 2021, pero fue suspendida en la primera vista al descubrir que dos de los 16 acusados, que luego resultaron ser cuatro, disponían de un seguro civil del que no habían aportado comunicación alguna.

El juicio se va a desarrollar durante los días 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 de febrero y 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 de marzo en sesiones en principio únicamente de mañana que comenzarán a las 9:30 horas. Mañana será el momento de las declaraciones de los acusados. Posteriormente y en días sucesivos, comparecerán los 80 testigos y peritos propuestos por las diferentes partes, comenzando por las acusaciones y terminando por las defensas. Tras ellos, vendrán las pruebas documentales, las conclusiones definitivas, los informes de las partes y finalmente la última palabra de los acusados. Semanas después, la magistrada dictará sentencia.