El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, durante una reunión en la Moncloa en noviembre de 2024 ICAL
La batalla de Castilla y León contra la Ley de Vivienda y el decreto de Sánchez con el eco del desahucio de Maricarmen
El Gobierno de Mañueco rechaza el control de rentas y las zonas tensionadas y achaca el desalojo de la octogenaria en Madrid al "fracaso" del Gobierno.
Más información: La Junta vincula el desahucio de Maricarmen con el "fracaso" de las políticas de vivienda del Gobierno de Sánchez
Castilla y León se ha convertido en punta de lanza de la oposición a las políticas de vivienda de Pedro Sánchez. No es un gesto simbólico: es una estrategia deliberada, sostenida y coordinada desde el Gobierno autonómico para desmarcarse del modelo estatal.
El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco rechaza declarar zonas tensionadas, considera un error el control de precios y acusa a Moncloa de premiar con dinero público solo a quienes aplican una receta que, a su juicio, encoge la oferta y no impide que la gente acabe en la calle.
En ese contexto político, el desalojo de Maricarmen, de 87 años, sacada en camilla el miércoles de la casa del barrio de Retiro de Madrid en la que vivió más de 70 años, se ha convertido en el caso más crudo del debate.
Un día después, la Junta no dudó: aquel desahucio no era un drama aislado de Madrid, sino la radiografía del "manifiesto fracaso" de una ley estatal que prometió proteger y ha terminado por polarizar.
El portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, no evitó el atajo político. Dijo que el caso era una sentencia sobre una norma nacional cuya reforma corresponde al Congreso, que "ha sobrado ideología y han faltado resultados" y que, si la Ley de Vivienda no funciona, hay que cambiarla.
El mismo miércoles, las Cortes de Castilla y León exigieron al Gobierno paralizar el real decreto que reserva subvenciones directas a las comunidades que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado y que los 90 millones previstos se integren en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para todas las autonomías.
![El secretario primero de las Cortes, Daniel de la Rosa, y el presidente de la Cámara, Francisco Vázquez, durante el pleno de este miércoles](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11360478.jpg?p=w:320\/h:240&h=h3LrPYHk"])
Para Castilla y León, según el PP, eso serían unos 4,8 millones. El procurador popular José Luis Sanz Merino lo llamó "prueba del fracaso de las políticas de vivienda de la izquierda" y un decreto "claramente discriminatorio".
Dos modelos enfrentados
La vivienda es, según el CIS de septiembre, la primera preocupación de los españoles, con un 37,5% de menciones. El Banco de España sitúa el déficit cerca del millón de viviendas de aquí a 2028.
En ese clima, dos modelos se miran de frente. El de Sánchez apuesta por intervenir rentas en zonas tensionadas. El de las comunidades del PP, por más suelo, más construcción, seguridad jurídica para el propietario y ayudas al inquilino sin topar el mercado.
La Junta lleva años diciendo que no elaborará un mapa de zonas tensionadas. Carriedo sostiene que la medida no es obligatoria y que perjudica a los jóvenes que quieren comprar. Mañueco llegó a amenazar con ir a los tribunales si Moncloa "hurtaba" fondos a la comunidad por no aplicar esa herramienta.
El exconsejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio Juan Carlos Suárez-Quiñones insistió en varias ocasiones durante su mandato en que cumplir la Ley es tanto declarar esas zonas como no declararlas, y que el control de precios "ha sido un fracaso en Europa" y lo está siendo en Cataluña.
El laboratorio catalán
Ese es el dato que la Junta no deja de esgrimir. Cataluña es el laboratorio más visible de las zonas tensionadas y, según el Consejo General del Poder Judicial, la comunidad con más lanzamientos: en 2025 concentró cerca de tres de cada diez desahucios de España, más de 6.000 frente a algo más de 2.000 en Madrid.
En alquiler, la diferencia es aún más marcada. En el primer trimestre de 2026, Cataluña volvió a encabezar la estadística. Carriedo lo resumió sin matices: donde se han aplicado las zonas tensionadas hay más desahucios.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue más lejos el mismo jueves. "Por cada desahucio que hay en Madrid se producen cinco en la Cataluña de Illa y de Sánchez", afirmó.
El caso de Maricarmen, paradójicamente, ocurrió en Madrid, que tampoco declara zonas tensionadas. El contrato de renta antigua de 1956 no resistió la compra del edificio en 2018 por Urbagestión ni la pretensión de subir el alquiler de unos 500 euros a más de 2.000.
El Supremo dio la razón a la propiedad. Era el cuarto intento. Ayuso recordó que el desalojo se ejecutó "en cumplimiento de la ley", por orden judicial y con la Policía Nacional, y que el Gobierno central ha tenido ocho años para cambiar esas normas. La izquierda y Sumar pidieron un nuevo decreto, congelación de rentas e incluso la expropiación.
Unos ven a una anciana víctima de un fondo inversor; otros, una sentencia firme y una política que no ha generado oferta suficiente.
La receta de Castilla y León
Frente al tope de precios, Mañueco presume de otra caja de herramientas. Carriedo asegura que las ayudas al alquiler de la Junta son "las más amplias de toda España" y que la comunidad está entre las de vivienda más barata.
El alquiler ronda los 10,2 euros el metro cuadrado, lejos de los más de 20 de Madrid o Baleares. En venta, el metro se mueve en torno a 1.360-1.400 euros, muy por debajo de la media nacional. Segovia tensa el mercado local; Zamora sigue siendo la más asequible.
Las subvenciones al alquiler son la bandera social del Ejecutivo autonómico. En las últimas convocatorias se ha llegado a más de 21.000 y después a más de 22.000 familias, con presupuestos que han saltado hasta cerca de 49 y luego más de 53 millones, cubriendo a todos los solicitantes que cumplen requisitos.
La Junta paga el 50% de la renta con carácter general, el 60% a menores de 36 años y hasta el 75% a jóvenes en el medio rural o a personas en vulnerabilidad sobrevenida. También cubre habitaciones.
A eso se suman incentivos fiscales: cuenta ahorro-vivienda joven con deducción de hasta 1.500 euros anuales durante cinco años; bonificaciones al alquiler estable; tipo reducido del 3,75% en transmisiones para jóvenes, familias numerosas, VPO y víctimas de violencia de género, frente al 8% general; e impuesto cero en las transmisiones en el medio rural.
El diagnóstico es el contrario al de Moncloa: limitar rentas saca pisos del mercado, dispara el alquiler de temporada y no construye.
Un frente autonómico del PP
Castilla y León no está sola. Andalucía ha dicho, por boca de su consejera Rocío Díaz, que no tiene intención de declarar ninguna zona tensionada. Aragón, con Jorge Azcón, ha rechazado tramitar solicitudes y la Delegación del Gobierno ha recurrido esa negativa.
Madrid, Extremadura, Andalucía y Cantabria han llevado o anunciado recursos contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 por invasión de competencias. El PP resume su receta en tres palabras: suelo, construcción y simplificación administrativa.
El mapa de las zonas tensionadas es, de hecho, un mapa político. Más de 300 municipios y 9,3 millones de personas están ya bajo ese régimen, concentrados sobre todo en Cataluña, Navarra y Euskadi. En las comunidades del PP, decenas de ayuntamientos han visto bloqueadas sus peticiones.
El Ministerio acusa a esas autonomías de tacticismo. Ellas responden que el Estado no puede premiar con dinero a quien aplica una receta que consideran dañina y castigar a quien no la aplica.
El eco de Maricarmen
La imagen de una octogenaria sacada en camilla de la casa de toda su vida no cierra el debate: lo enciende. Condensa el miedo a perder el hogar, la indignación ante un fondo que multiplica la renta y la sensación de que las administraciones llegan tarde. Pero detrás del símbolo sigue el problema de fondo.
España construye menos viviendas de las que forma hogares. Los precios reales han crecido más que las rentas. Los jóvenes tardan cada vez más en emanciparse. Y los desahucios, aunque bajan en algunos trimestres, siguen superando los 20.000 al año.
La Ley de Vivienda prometió contener alquileres y blindar a los vulnerables. Tres años después, la vivienda encabeza el CIS, el déficit se agranda y Cataluña, el territorio que más ha aplicado el control de precios, lidera los lanzamientos.
Eso no demuestra, por sí solo, que la alternativa del PP funcione donde la demanda es más feroz: Madrid, Málaga, las islas o el litoral. Sí explica por qué Mañueco, Ayuso, Moreno o Azcón se niegan a copiar el modelo y por qué Castilla y León ha decidido pelear el decreto hasta el último euro.
La Comunidad se presenta como el reverso de Moncloa: precios más contenidos, ayudas masivas al alquiler, fiscalidad para la compra joven y un no rotundo al tope de rentas. Su batalla no va solo de 4,8 millones. Va de no aceptar que el Estado condicione la financiación autonómica a una política que considera fracasada.
El eco de Maricarmen les sirve para decir que la ley nacional no evitó el drama. La oposición responde que tampoco lo evitan ellos cuando el mercado se tensiona. Al final, el choque es anterior al portal de Sainz de Baranda. Es la vieja guerra entre regular el precio o multiplicar la oferta.
Sánchez ha apostado por lo primero, presionado por socios que piden ir más lejos. Las comunidades del PP, por lo segundo, con la seguridad jurídica del propietario como condición previa.
Mientras el pulso político se litiga, cada desahucio se convierte en munición. El control de rentas no ha contenido los lanzamientos allí donde más se ha aplicado pero la apuesta por la oferta tampoco ha alcanzado aún la escala que exige el déficit. España discute el modelo y el problema, entretanto, sigue sin resolverse.
