Oficina de extranjería CSIF
Hasta 30.000 inmigrantes en Castilla y León se podrían beneficiar de la regularización del Gobierno
Según los datos de CC.OO., “es un momento clave para la supervivencia de algunos sectores, para corregir la falta de mano de obra”.
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El proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España ya está en marcha.
Aprobado por el Consejo de Ministros y con apertura inmediata de solicitudes telemáticas, y presencial a partir del día 20, el plan podría beneficiar a entre 25.000 y 30.000 personas en Castilla y León, según estimaciones de Comisiones Obreras (CCOO).
La medida se enmarca en la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería en 2025 y busca aflorar empleo irregular, reforzar el sistema productivo y dar respuesta a la escasez de mano de obra en sectores estratégicos.
Los datos presentados por el secretario de Empleo, Protección Social y Migraciones de CCOO en Castilla y León, Javier Moreno, y el economista Sergio Hernández reflejan una tendencia consolidada: la población migrante es ya un pilar del mercado laboral autonómico.
En marzo de 2026, la afiliación extranjera a la Seguridad Social alcanzó las 101.755 personas, la cifra más alta de la serie histórica para ese mes. Esto supone un incremento interanual del 14,2%, muy por encima del crecimiento del conjunto de afiliados (+1,6%).
Desde 2015, el peso del empleo extranjero no ha dejado de crecer: ha pasado del 5,14% al 10,27% actual. En términos absolutos, más del 81% del aumento total de cotizantes en el último año corresponde a trabajadores extranjeros.
Castilla y León se sitúa así como la cuarta comunidad autónoma donde más crece la afiliación extranjera, superando en más de seis puntos la media nacional.
Sectores clave: hostelería, campo y cuidados
El impacto de la población migrante es especialmente relevante en sectores con alta demanda de mano de obra.
Hostelería (18% del total de afiliación extranjera), Industria manufacturera (15%), el sector agrario, donde representan casi el 39% del total, transporte, construcción y servicios auxiliares
Además, áreas como el empleo doméstico y los cuidados dependen en gran medida de trabajadores migrantes. Se trata, en muchos casos, de empleos con menor cualificación pero esenciales para el funcionamiento de la economía.
“Es un momento clave para la supervivencia de algunos sectores”, subraya Moreno.
Uno de los principales objetivos de la regularización es sacar a la luz situaciones laborales irregulares. “Muchas de las personas potencialmente beneficiarias ya están trabajando, pero sin contrato ni derechos”, asegura.
“El proceso permitirá acceder a contratos legales, cotizar a la Seguridad Social, incrementar los ingresos públicos y reducir la economía sumergida”, en su opinión.
Desde el sindicato se insiste en que esta medida “viene a hacer justicia” y a fortalecer las arcas públicas, desmontando el argumento de que la inmigración genera una carga económica.
Impacto demográfico y territorial
El crecimiento de la afiliación extranjera está siendo clave para sostener el empleo en provincias como Palencia y Soria, donde compensa la pérdida de población activa nacional.
Por nacionalidades, destacan Rumanía (más de 13.000 cotizantes), Colombia (casi 13.000), Marruecos (más de 12.000), Venezuela (más de 10.000), el grupo que más crece (+40%)
El 31,5% de los trabajadores extranjeros procede de países de la Unión Europea.
El aumento de población y empleo plantea también desafíos. CCOO advierte de la necesidad de reforzar servicios públicos como la sanidad para evitar tensiones derivadas del crecimiento demográfico.
Asimismo, ha recalcado que las oficinas de extranjería afrontan “una importante sobrecarga de trabajo debido a la falta de personal, lo que podría dificultar la tramitación ágil del proceso”.
Desde el ámbito sindical se critica el discurso de formaciones como Vox, al que acusan de “criminalizar” la inmigración sin aportar soluciones.
