Castilla y León, el termómetro decisivo del idilio entre un PP reforzado y un Vox que exige su cuota de poder

Ese día marcará el arranque formal de la XII Legislatura en una comunidad donde, una vez más, el Partido Popular necesitará el respaldo de Vox para gobernar.

Con 33 procuradores para el PP y 14 para Vox, la suma de 47 escaños supera la mayoría absoluta de 42, pero el pacto no está cerrado. Las conversaciones se han intensificado en las últimas semanas y entran ahora en su fase más delicada.

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Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a revalidar la presidencia de la Junta, insiste en la necesidad de un Gobierno “estable” y sin sobresaltos. Vox, por su parte, mantiene su reivindicación de formar parte del Ejecutivo autonómico, no solo de apoyar desde fuera.

La desconfianza mutua

En este contexto, las expectativas de un acuerdo rápido se ven contrarrestadas por las lecciones del pasado reciente, donde las diferencias ideológicas y de poder han complicado las alianzas.

Este guion resulta conocido. En 2022, PP y Vox alcanzaron un acuerdo de coalición que permitió a Mañueco gobernar. Aquel pacto saltó por los aires en junio de 2024 tras la aceptación por parte de los populares del reparto de menores inmigrantes no acompañados del Gobierno.

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La crisis de 2024 no solo rompió la coalición sino que también generó desconfianza mutua, obligando a ambos partidos a reconstruir puentes con mayor cautela en esta nueva legislatura.

Cuatro años después, las posiciones iniciales se repiten con matices: el PP preferiría un apoyo parlamentario sin entrar en el reparto de consejerías, mientras que Vox exige condicionar las políticas centrales y presencia en el Gobierno.

"Mejor mañana que pasado"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reconocido en los últimos días que las negociaciones avanzan "con mayor velocidad" y que se producen "algunas cesiones" por ambas partes. "Mejor mañana que pasado", ha repetido, en un claro mensaje de prisa relativa.

No obstante, esta urgencia aparente choca con la realidad de un partido que debe gestionar sus propias divisiones antes de comprometerse a fondo.

El partido de Santiago Abascal llega a esta mesa con el viento en contra a nivel nacional. Los barómetros de marzo de 2026 dibujan un Vox estancado o ligeramente a la baja, con estimaciones de voto entre el 16,6% y el 17,1%.

El impulso de las autonómicas —donde ganó un procurador más y rozó el 19%— no se ha traducido en un crecimiento sostenido. Las divisiones internas pesan: críticos como Juan García-Gallardo, exvicepresidente de la Junta, han aireado discrepancias con la dirección de Abascal.

La reciente expulsión del histórico Javier Ortega Smith, quien ha criticado abiertamente la gestión de la cúpula nacional, o el cada vez mayor distanciamiento del exportavoz en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros han hecho mella en el seno de la formación.

Estas divisiones no solo debilitan la imagen de unidad sino que también complican las negociaciones regionales, al proyectar una imagen de inestabilidad interna que el PP podría aprovechar.

El lastre internacional de Vox

A esto se suma el desgaste por su línea internacional. El apoyo firme a Donald Trump y al Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu, especialmente tras la escalada militar contra Irán a finales de febrero, ha generado malestar en sectores de su electorado.

La percepción de seguidismo y un perfil bajo ante determinados incidentes han alimentado críticas internas y externas.

Este posicionamiento ha sido particularmente controvertido entre los sectores más aislacionistas o críticos con intervenciones extranjeras, exacerbando las voces disidentes que demandan un retorno a un discurso más centrado en los asuntos domésticos de España.

Mañueco, reforzado con dos escaños más y un 35,47% de los votos, negocia desde una posición de relativa comodidad. Sabe que sin Vox no hay investidura viable, pero también que el tiempo juega a su favor si logra proyectar estabilidad.

Esta fortaleza electoral le permite presionar para un acuerdo que minimice las concesiones, priorizando un gobierno de estabilidad sobre uno de coalición plena.

El pacto en Castilla y León se ha convertido en un termómetro para otros territorios como Extremadura y Aragón y, de rebote, para la estrategia nacional de ambos partidos. Con la constitución de las Cortes el próximo martes, la presión aumenta.

La constitución de las Cortes

Ese día se elegirá la Mesa de la Cámara, un primer test de la correlación de fuerzas en el que el PP aspira a recuperar la Presidencia siete años después.

Aunque el grueso del acuerdo de Gobierno podría demorarse unas semanas más, nadie quiere que el arranque de la legislatura quede lastrado por la incertidumbre.

La elección de la Mesa servirá como barómetro inicial de la disposición al diálogo, donde cualquier desacuerdo podría anticipar las dificultades en el pacto gubernamental. Lo que se dirime estos días en Valladolid no es solo quién ocupará las consejerías.

Es hasta qué punto un Vox debilitado por sus fracturas internas y por su controvertida agenda internacional puede mantener su influencia en una comunidad clave. Y hasta dónde está dispuesto el PP a ceder para garantizar un Ejecutivo sin sobresaltos.

El martes las nuevas Cortes nacerán oficialmente. El verdadero pacto, sin embargo, todavía se está cocinando.