El adelanto de las elecciones generales al próximo 23 de julio, anunciado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pillado con el pie cambiado al Partido Popular y Vox en Castilla y León. Cuando ambas formaciones se encontraban celebrando un éxito electoral que les iba a permitir desbancar al PSOE de la Alcaldía de importantes capitales de provincia –Valladolid, Salamanca, Burgos y Segovia– y de otros grandes municipios de la Comunidad, la convocatoria anticipada de los comicios generales ha forzado a PP y Vox a medir los tiempos en sus negociaciones de cara a la conformación de los nuevos gobiernos municipales.

El principal objetivo del presidente Sánchez con el adelanto electoral, además de generar un efecto shock y movilizar el voto socialista ante el descalabro del espacio de Unidas Podemos, es el de avivar el miedo a que Vox llegue a formar parte del futuro Gobierno de España. Una realidad que se presentaría como muy plausible ante los votantes si durante la campaña electoral de las generales se estuvieran configurando ejecutivos conformados por ambas formaciones en diferentes comunidades autónomas y capitales de provincia de España. Un ejemplo de lo que podría pasar solo unos pocos meses después a nivel nacional.

El PP se ha visto, por tanto, obligado a pisar el freno y es previsible que trate de postergar las negociaciones para formar los nuevos Gobiernos autonómicos lo máximo posible. Los parlamentos regionales tienen que estar constituidos a finales de junio y, desde que se celebre la primera sesión de investidura, a la que el PP podría presentarse en solitario en aquellos lugares donde pueda gobernar, cuentan con un plazo de dos meses para elegir a los ejecutivos.

Se trata de un amplio plazo que permitiría a los populares aplazar sus pactos autonómicos con Vox a finales del mes de agosto, una vez pasadas las elecciones generales, y evitar que estos acuerdos pudieran condicionar sus apoyos y empañar su imagen de cara a unos comicios en los que Alberto Núñez Feijóo se presentará con un perfil centrista y moderado. En los municipios, en cambio, la situación es bien diferente. Los ayuntamientos se constituirán y elegirán a sus alcaldes el sábado 17 de junio, en plena precampaña de las generales y la configuración de posibles pactos inevitablemente condicionará las semanas restantes hasta la jornada electoral. Una situación que en Castilla y León afectará especialmente a dos capitales de provincia: Valladolid y Burgos.

Valladolid y Burgos: los pactos entre PP y Vox en el aire

En el caso de Valladolid, el alcalde socialista Óscar Puente, que cuenta con el bastón de mando desde 2015, volvió a repetir como primera fuerza en las elecciones, logrando 58.900 votos, casi 800 más que el PP, aunque ambas formaciones quedaron empatadas a 11 concejales. El retroceso del socio de Puente, Valladolid Toma la Palabra (VTLP), de tres a dos concejales, y el ascenso de Vox de uno a tres, permitiría que el candidato popular, Jesús Julio Carnero, fuese investido alcalde con el apoyo de la formación encabezada en la ciudad por Irene Carvajal.

En esta coyuntura, y en plena precampaña, el adelanto electoral obligará a todos los partidos a afrontar las negociaciones con unas posiciones de máximos que no tendrían en el caso de no ser periodo electoral. Es posible que el PP, además de evitar un acuerdo de Gobierno con Vox que afectase a su campaña, trate de hacer que los de Juan García-Gallardo se retraten acudiendo a la investidura en solitario y dejando en sus manos hacerle alcalde a cambio de nada o permitir que Óscar Puente continúe ostentando el bastón de mando municipial.

Vox, por su parte, afrontará las negociaciones con una actitud exigente y el propio García-Gallardo ha asegurado esta misma semana que no dará "regalos" ni aceptará "chantajes" de los populares, dejando entrever que su objetivo es condicionar los futuros gobiernos municipales y autonómicos. De esa forma, el partido saldría reforzado entre su electorado de cara a las generales mientras que regalar los ejecutivos al PP a cambio de nada podría mermar considerablemente sus expectativas. 

El PSOE se mantendrá a la espera y, en el caso de que se produzca algún tipo de acuerdo entre ambos partidos a nivel municipal, lo usará indudablemente como arma arrojadiza en la campaña para tratar de desgastar a los populares, avivando el miedo a que Vox pueda formar parte del próximo Gobierno nacional. Mientras tanto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantiene su oferta a los socialistas de que gobierne la lista más votada en cada territorio, una oferta que es previsible que el PSOE no acepte ya que hacer que el PP se retrate con Vox es más favorable para sus intereses.

La misma situación se plantea en Burgos, localidad en la que el alcalde socialista Daniel de la Rosa también fue el más votado en los comicios del pasado domingo. El PSOE obtuvo 29.626 apoyos, casi 2.000 más que el PP, y un concejal más, 12 frente a los 11 de los populares. Con todo, al igual que en el caso de Valladolid, la suma de los 11 ediles del PP con los cuatro que ha logrado Vox permitirían a la candidata Cristina Ayala arrebatar el bastón de mando del Consistorio a De la Rosa.

En los últimos días, el candidato socialista ha recordado a Ayala su compromiso de "dejar gobernar" a la lista más votada, en consonancia con la propuesta de Feijóo a nivel nacional, y que la candidata expresó durante la campaña. Con todo, la popular ha confirmado que se presentará a la investidura el próximo 17 de junio y que emprenderá negociaciones con Vox, pero sin desvelar si le ofrecerá entrar en el Gobierno o si exigirá su apoyo incondicional, algo que la formación de Gallardo no estaría dispuesta a aceptar. Un adelanto electoral que ha condicionado las negociaciones entre PP y Vox en Castilla y León y que podría tener un papel decisivo en la formación de varios gobiernos municipales.