La Junta de Castilla y León, a través de su consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha insistido en que los trabajadores de la Comunidad pueden estar “tranquilos” porque tienen “garantizada” la mediación y arbitraje laboral bien a través de la financiación del SERLA o de las oficinas internas de trabajo. Ha afirmado que es el momento de “dejar trabajar” para que se intente buscar otra fórmula.

El tema sigue caliente, y pese a las críticas recibidas por los sindicatos o las recomendaciones del Consejo Económico y Social (CES) que ha enviado una carta al presidente Mañueco para que se mantenga, el portavoz ha apoyado la posición del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, que ha apostado porque estos trámites se realicen a través de los recursos y empleados públicos de la administración autonómica.

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Carriedo también ha negado que se haya recibido ni carta ni requerimiento desde  la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para instar a la Junta a mantener este servicio. En este caso, el portavoz ha lamentado que el Gobierno nunca se dirige a la Junta “con ánimo de ayudar”. Además, preguntando por la posibilidad de que esta acción vaya contra la ley de la reforma laboral, como ha indicado Unidas Podemos, ha garantizado que “la legislación se va a aplicar” y ha recordado que fue Podemos el que fue “partidario que estos servicios se hicieran por empleados públicos”.

No se sabe todavía cuando habrá reunión para la mesa del Diálogo Social, aunque ha señalado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se está trabajando en llegar a acuerdos con los agentes sociales.

Por otro lado, el consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Mariano Veganzones, ha sentenciado, según informa Ical, hoy que “no es función del CES hacer aportaciones a la Consejería y a la Junta que no le competen”, en relación a la petición del órgano consultivo al presidente Alfonso Fernández Mañueco para que financie el Serla.