Que desde los albores de la democracia, allá por los años 70-80, se vió la necesidad de legislar el derecho de huelga no es algo discutible, como no lo es que se ha impedido, por la siniestra, todo tipo de acción en tal sentido.

Es claro que estamos, junto con el derecho de reunión, con los derechos políticos más importantes; pero, también, son los derechos que menos se han desarrollado, menos se han legislado y, con ello, demostramos una discapacidad democrática para abordar los temas que sirven para consensuar y alcanzar acuerdos sobre derechos fundamentales.

Que todos debemos de tener la capacidad y posibilidad de protestar ante situaciones injustas no puede tener discusión, como que todos deberíamos tener derecho a la huelga como modelo de protesta democrática, pues el poder protestar, discrepar, disentir, e incluso clamar por un derecho, no puede ser limitado en ningún caso y es un indicador del nivel y calidad democrática.

Como cualquier derecho, debe de regularse en el modo, modelo y forma de ejercer, de forma que se evite la colisión con otros derechos igualmente respetables y protegidos en el ámbito constitucional y democrático, de manera que se respete al máximo la libertad y derechos de todos los ciudadanos.

Desde el minuto cero de nuestra democracia, se ha permitido y soportado la violencia de los denominados "piquetes informativos", se ha comprendido como lícito la destrucción de mobiliario urbano, el enfrentamiento violento y la agresión a policías y viandantes como un ejercicio lícito de protesta frente al que no se ha intervenido, no se ha legislado y no se ha impedido, de forma que cualquiera podemos protestar y orinar en las botas del policía sin que ello tenga consecuencias o estas sean irrisorias.

Resulta triste que tengamos que ver cómo se destruyen los bienes de todos o los de los particulares que nada tienen que ver con la protesta, y como es en el ejercicio del derecho de protesta nadie asuma ese daño. ¿Acaso yo no tengo derecho a la sanidad, al uso pacífico de mi modo de desplazamiento, al respeto de mis bienes, a poder desarrollar libremente mi trabajo... etc? pues el derecho de un vándalo que protesta está por encima de todo ello.

Yo apoyo prácticamente todas las reclamaciones que se realizan frente al poder, las que limitan los derechos, las que cercenan las libertades, las que destruyen los negocios y los modelos de vida, pero me dan arcadas y me resultan vomitivas aquellas que responden a usos y circunstancias políticas y que, como he padecido, llegan al abandono de los menores discapacitados para protestar por la guerra en la que no intervenimos, o aquellas, como pasó el otro día, que permitan que personas con capacitades intelectualmente reducidas tengan que padecer más de 3 horas, con el estrés, angustia y sin sentido que para ellos tiene, en una retención de piquetes huelguistas, u otros pongan en peligro su vida al no poder llegar al hospital por los que protestan.

Aquellos que viven de la sindicación, de la protesta, de la organización unas veces justa, y otras mafiosa, de los intereses colectivos y que además lucran como "liberados", deberían emplear su tiempo en la imaginación, en el desarrollo de modelos de protesta no violenta que permita la visualización del conflicto, el apoyo ciudadano, la presión al poder para cambiar la situación, siempre de forma pacífica, sin cercenar o perjudicar los derechos de los demás, en lugar de diseñar actuaciones violentas, dañinas, perjudiciales y repulsivas para encubrir su incapacidad y su falta de respeto democrático.

La huelga, la manifestación, no tienen que suponer daños ni en los bienes, ni en los derechos de los demás, sólo debe de servir para la visualización, presión y solución de un conflicto. Todo aquello que supere estos parámetros, u ocasione daños a terceros, no debe de ser permitido y si, como debería de ser preciso, las organizaciones convocantes no tienen o no actúan con un servicio de orden que impida ese tipo de daños, deberían de sufragar todo aquel daño o perjuicio que se ocasione con la protesta.

Es muy triste que los agricultores tengan que llegar a la protesta con sus tractores, resulta vomitivo que la ministra use la misma para despistar su responsabilidad imputándosela a las comercializadoras, intermediarios o empresas del sector, e incluso a los propios agricultores; pero, una vez visualizado, obtenido el apoyo y demostrado su poder, los bloqueos dañinos, los enfrentamientos con la policía y la Guardia Civil, los daños en bienes, etc. hacen que esta, como cualquier otra protesta, pierdan su valor democrático.

Tu protesta es la mía, es la de todos, pero los bienes y derechos míos, y de todos, deberían de ser respetados por tu protesta. Mientras no entendamos esto y permitamos que los "sarracenos violentos" campen a sus anchas, luego no debemos de quejarnos, ni debemos de pensar que nuestra democracia es de alta calidad.