Señalan los expertos que un coche se devalúa un 10% en el primer minuto de conducirlo fuera del concesionario y que a finales de su primer año el coche habrá perdido otro 10% adicional.

Algo así quizás está ocurriendo ya con Vox en Castilla y León. Su marca se devaluó nada más entrar en el gobierno de coalición con el PP. La ‘institucionalización’ tiene un coste inmediato para el partido pequeño que se alía con el grande para formar gobierno: les va bien en lo personal a quienes consiguen cargo, pero mal a su partido.

Estamos hartos de verlo. Lo vivimos a principios de los 90 con el Centro Democrático y Social (CDS) y lo hemos vuelto a comprobar recientemente con Ciudadanos. Los dirigentes de Ciudadanos en la comunidad daban saltos de campana cuando tomaron posesión de los sillones del poder gracias al pacto con el PP. Pero arruinaron el futuro de su partido, tal como se comprobó en las autonómicas del pasado 13 de febrero.

Qué decir de Podemos. Del griterío y los escraches en las calles se adaptaron rápidamente a los deleites de la vida purpurada mediante la alianza con su eterno enemigo, el PSOE. Y unos años después, la formación morada apesta a funeral.

En Castilla y León, el desgaste de Podemos en el gobierno lo ha pagado sobre todo su líder, Pablo Fernández, que deambula solitario y sonámbulo por los pasillos de las Cortes presto a cerrar la puerta y a apagar la luz en cualquier momento. En esta nueva coyuntura de llanero solitario, la vida le da Francisco Igea para reconfortarlo. Aunque acaso ambos deban reconfortarse mutuamente de sus desdichas.

Vox ha entrado ya en ese proceso de deterioro tan prototípico. Y, conforme pasan los días, a tenor de las declaraciones de algunos de sus cargos, a finales de año la pérdida de valor acumulada puede ser considerable.

No es lo mismo gritar desde la oposición que estar en el gobierno. En la oposición, uno puede proferir todo tipo de barbaridades sin consecuencias. Sin embargo, los dichos y los hechos desde el gobierno adquieren otra dimensión.

Al entrar en el gobierno de Castilla y León, los dirigentes de Vox se han ‘institucionalizado’, es decir, han pasado a disfrutar de las prebendas del poder. Y donde antes decían digo, ahora dicen Diego.

Salto mortal de Pollán

El caso más notorio es el del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán. En un abrir y cerrar de ojos ha hecho el salto mortal de exigir el cierre de las autonomías a ocupar la presidencia de un parlamento autonómico. Y, a cambio de un salario redondo de 98.000 euros al año (76.355,28 euros de salario más 21.600 euros en concepto de gastos, más coche oficial, más gabinete, etc.), se dedica ahora a recorrer las provincias de Castilla y León haciendo apología de la autonomía y de la institución que hace unas semanas se proponía clausurar. Por mucho que lo explique, de convencer a alguien, solo será a los tontos de capirote.

Vox argumenta que no hay contradicción en ello, que siguen en su afán de liquidar las autonomías, pero hasta que no tengan la mayoría suficiente para reformar la Constitución, se adaptarán a lo que hay. O sea, lo de siempre. Lo mismo que hizo Ciudadanos cuando anunció en 2019 que se proponía cerrar todos los chiringuitos de la Junta (la denominada administración paralela) y, finalmente, no llegó a eliminar ninguno. Todos esos chiringuitos siguen ahí, vivitos y coleando.

Vox propone también reducir el gasto público. Y sí, quizás lo reduzca en determinadas partidas del presupuesto regional, pero desde luego no lo está haciendo en lo relativo a sueldos y prebendas de sus cargos públicos. El propio presidente de las Cortes y su compañera en la Mesa, Fátima Pinacho, son un buen ejemplo: siguen cobrando lo mismo que los anteriores y manteniendo sus mismos privilegios.

Se entiende así que quienes antes aplaudían las declaraciones de los dirigentes de Vox en las redes sociales, les dirijan ahora calificativos gruesos y hasta insultos por un cambio de actitud tan radical. Han llegado al poder, pero no están predicando con el ejemplo. De momento, están haciendo lo mismo que todos.

El caso del empadronamiento de Macarena Olona en Salobreña para poder concurrir como candidata a las elecciones andaluzas repite el que protagonizó aquí en 2019 Javier Maroto (PP), cuando se empadronó a toda prisa en Sotosalbos (Segovia) para poder ser elegido senador territorial por Castilla y León. Tejemaneje que también trató de hacer Toni Cantó en Madrid para colocarse en las listas de Isabel Ayuso, aunque su pretensión la tumbaron finalmente los tribunales.

Todos estos empadronamientos fraudulentos constituyen una tremenda falta de respeto a la ciudadanía. Son prácticas que no deben verse como simples anécdotas. En pueblos pequeños algunos alcaldes recurren a estas inscripciones fraudulentas que consiguen modificar de manera tramposa los resultados de las elecciones municipales. Pero Vox, tan dado a criticar corruptelas de los demás, repliega velas cuando se trata de los suyos.

Es verdad que la ley deja al respecto demasiados agujeros. Para empadronarse solo se exige que la persona viva habitualmente donde dice, aunque sea una tienda de campaña, una caravana o un gallinero. Olona residirá a partir de ahora en algún lugar de Andalucía, pero está claro que el empadronamiento lo ha pedido deprisa y corriendo por motivos electorales.

Tampoco es de recibo la diligencia sectaria de la alcaldesa socialista de Salobreña enviando a la pareja de la policía local a comprobar si Olona reside donde dice.

Demasiadas incongruencias

Así pues, en pocas semanas están aflorando demasiadas incongruencias entre los dirigentes de Vox. Es también el caso del consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, que el pasado martes comparecía en las Cortes para explicar el programa de actuación de su consejería.

No es solo que su intervención ante la comisión de las Cortes sonara más a mitin que a una comparecencia parlamentaria, como si los papeles que leía se los hubiera redactado el mismísimo Santiago Abascal. Es sobre todo su ejemplo personal.

Veganzones arremetió contra los sindicatos, la patronal, las subvenciones a unos y otros, el diálogo social, etc. cuando resulta que su carrera profesional ha transcurrido entre el Servicio Público de Empleo de la Junta, alguna fundación de relaciones laborales y el Consejo Económico y Social.

Es decir, Veganzones debía estar haciendo esos trabajos tan solo por razones puramente económicas, por la necesidad que todos tenemos de un salario para satisfacer nuestras necesidades familiares. Se deduce que esos trabajos entre sindicatos, asociaciones empresariales, el CES, el diálogo social y así los aborrecía, porque el martes en las Cortes arremetió justamente contra el trabajo que él mismo ha estado realizando en los últimos quince años. De traca.

Parece claro que el proceso de desgaste de Vox ha empezado en Castilla y León. Se extenderá a otros territorios a medida que la formación vaya asumiendo poder ejecutivo, v.gr., Andalucía. El problema es que este proceso de declive durará al menos media docena de años.

Mientras tanto, muchos cargos se aprovecharán en lo personal del éxito del partido, igual que han hecho los de Ciudadanos y Podemos. Finalmente, la ciudadanía se hartará de hipocresías y promesas incumplidas, pero será ya demasiado tarde.

Abascal pretendía que Castilla y León se convirtiera en laboratorio de gobierno de Vox y fuera ejemplo para exportar al resto de España. Los primeros resultados de las pruebas ya los tiene a la vista. Y dejan mucho que desear.