Fragata D601 "Mohammed VI"
Ceuta, Marruecos y el 29-N: ¿está España preparada para una crisis de seguridad nacional?
Tres incursiones de buques militares marroquíes y demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Rabat y qué está haciendo el Gobierno de Sánchez para proteger la soberanía española?
Los recientes incidentes navales en aguas próximas a Ceuta vuelven a poner sobre la mesa una cuestión que España no puede ignorar: ¿estamos ante episodios aislados o ante una estrategia de presión por parte de Marruecos?
La coincidencia entre las incursiones marítimas y los antecedentes de presión migratoria en la frontera merece una investigación rigurosa. No demuestra que exista una operación coordinada, pero sí justifica exigir explicaciones y una respuesta clara del Gobierno.
Ceuta y Melilla son España. La defensa de su soberanía no puede depender exclusivamente de la buena voluntad de Rabat.
¿Puede Marruecos invadir Ceuta y Melilla antes del 29-N?
Una intervención militar directa es un escenario que los responsables de Defensa deben contemplar, aunque no existen pruebas públicas suficientes para afirmar que Marruecos prepara una invasión inminente antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La presión también puede adoptar formas menos convencionales: incidentes marítimos, instrumentalización de los flujos migratorios o campañas de desinformación. Son actuaciones que pueden poner a prueba la capacidad de respuesta de un Estado sin llegar a una guerra abierta.
España necesita una estrategia de disuasión y defensa que proteja ambas ciudades y permita responder con firmeza a cualquier vulneración de su soberanía.
La prudencia no consiste en ignorar los riesgos, sino en prepararse para ellos.
¿Hay espías o soldados marroquíes infiltrados mediante la inmigración irregular?
Cualquier indicio de infiltración de agentes extranjeros o de actividades hostiles contra España debe investigarse con rigor. Sin embargo, no hay base para afirmar que la inmigración irregular constituya, en su conjunto, una operación de infiltración militar marroquí.
La obligación del Estado es identificar amenazas concretas, reforzar la inteligencia y garantizar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispongan de los medios necesarios para proteger nuestras fronteras.
Ni prejuicios ni ingenuidad: seguridad, control y transparencia.
¿Podría Sánchez declarar el estado de sitio y suspender las elecciones?
La proximidad del 29-N suscita interrogantes políticos, pero también exige rigor jurídico.
El artículo 116 de la Constitución establece que el estado de sitio debe ser declarado por el Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta y a propuesta exclusiva del Gobierno, cuando exista una amenaza de fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o el orden constitucional que no pueda resolverse por otros medios.
Su declaración no implica automáticamente la cancelación de las elecciones. Además, mientras esté vigente alguno de los estados excepcionales previstos en ese artículo, no puede disolverse el Congreso.
Por tanto, afirmar que el Gobierno prepara una crisis con Marruecos para suspender los comicios sería especulativo. Lo que sí debe exigirse es que cualquier decisión extraordinaria respete la Constitución y las garantías democráticas.
La seguridad nacional no puede convertirse en una herramienta de conveniencia política.
¿Estamos en guerra con Marruecos sin saberlo?
Los incidentes conocidos no permiten afirmar que España y Marruecos estén en guerra. Pero tampoco sería responsable minimizar posibles vulneraciones de nuestra soberanía.
El Gobierno debe responder a preguntas fundamentales: ¿por qué se produjeron las incursiones?, ¿qué medidas se han adoptado para evitar que se repitan?, ¿está España preparada para responder a una escalada de tensión?
La cooperación diplomática con Marruecos es necesaria, pero no puede confundirse con la renuncia a defender los intereses españoles.
Ceuta y Melilla no son fichas de negociación. Son España.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer los hechos acreditados, las investigaciones en marcha y las medidas adoptadas para proteger el territorio nacional.
El 29-N debe celebrarse con todas las garantías democráticas. Y la seguridad nacional debe quedar al margen de cualquier cálculo electoral.
Porque la cuestión fundamental no es alimentar el miedo a una guerra, sino exigir que España esté preparada para impedir que una crisis fronteriza se convierta en una amenaza mayor.
