Juan Carlos Peinado./
La decisión del juez Juan Carlos Peinado de imponer medidas cautelares a Begoña Gómez ha generado una intensa campaña política y mediática en su contra. Más allá de las dudas que puedan surgir sobre la fundamentación jurídica concreta del auto, la medida puede considerarse razonable si se atiende a la singular posición institucional de la investigada como esposa del presidente del Gobierno. En un Estado de derecho, la igualdad ante la ley exige que ninguna persona quede al margen de las cautelas judiciales por su proximidad al poder político
El juez Peinado decidió imponer medidas cautelares que, aun no estando debidamente justificadas, son un acierto si nos remitimos a la figura política que representa Begoña Gómez: la de esposa del presidente del Gobierno.
De la misma forma que, en su momento, Begoña Gómez aprovechó la influencia de su esposo y la suya propia –la derivada de la mujer del presidente del Gobierno– para cometer, presuntamente, los delitos que se le imputan, ahora resulta totalmente verosímil que pueda utilizarla para huir de España.
Seguramente, el recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez acabará siendo aceptado por la Audiencia Provincial de Madrid para, posteriormente, fallar en favor de la mujer del presidente del Gobierno, anulando las medidas cautelares impuestas por el propio juez. Una mala justificación —por muy buenas razones que se tengan para aplicar esas medidas— puede provocar la revocación de una decisión judicial: en eso consiste el Estado de derecho.
Peinado ha errado en la justificación de la aplicación de la retirada de los pasaportes, pues utilizar el adverbio "apriorísticamente" no es muy idóneo habiendo evidencias históricas que prueban que ha habido miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han colaborado en el pasado, por acción o por omisión, en la huida de delincuentes con altos cargos institucionales.
En España, recientemente, se fugó un presidente de la Generalidad de Cataluña tras dar un golpe de Estado que financió con dinero público. Y hubo mozos de escuadra que colaboraron en esa huida.
Es cierto que Begoña Gómez presenta razones de arraigo familiar que impedirían una futurible fuga, pero no es baladí pensar que, en caso de temer ser condenada, pueda huir aprovechando la referida influencia de su marido. Cabe recordar que desconocemos la mayoría de los destinos de los viajes que el presidente del Gobierno realiza en el Falcon, básicamente porque el Gobierno que él preside se niega a facilitar esa información.
La izquierda mediática y política actual no tiene reparos en atacar a las instituciones, aquellas que se mantienen firmes frente a los vaivenes tiránicos del Gobierno de Pedro Sánchez. Y, para tan ardua tarea, no tiene reparos en sacar a las viejas glorias de la izquierda, algunas de ellas condenadas, como el dizque jurista Baltasar Garzón y el antaño fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
En definitiva, el auto del juez Peinado ha provocado que la izquierda continúe atacando a la justicia, en particular, a él. De nuevo, los españoles estamos viviendo un ataque de la izquierda contra la justicia bajo el lema: "Paremos a los jueces en las calles".
Con Alfonso Guerra, Montesquieu murió; el Partido Popular lo enterró y, ahora, toda la izquierda lo ha desenterrado para ciscarse encima.