Una muerte administrativamente perfecta

Hay muertes que no son solo muertes. Son diagnósticos.

El caso de la joven española cuya eutanasia ha sido autorizada tras una cadena de tragedias personales —una agresión sexual, un intento de suicidio y una vida posterior marcada por la discapacidad— no es únicamente una historia privada. Es una radiografía moral de nuestro tiempo.

Porque lo que estremece de esta historia no es únicamente el desenlace. Lo verdaderamente perturbador es la eficiencia con la que el Estado ha llegado al final del proceso.

España aprobó en 2021 la ley de eutanasia, presentada por el Gobierno como uno de los grandes avances sociales de la legislatura. Se habló entonces de dignidad, de libertad individual y de derechos civiles. Palabras nobles, sin duda, que forman parte del vocabulario habitual de las democracias modernas. Sin embargo, las palabras se vuelven incómodas cuando se confrontan con la realidad.

Antes de la solicitud de eutanasia hubo una agresión brutal. Hubo una víctima. Hubo un trauma que ningún discurso institucional puede disolver con facilidad. Hubo, finalmente, una tentativa de suicidio que dejó a una joven atrapada en un cuerpo que ya no respondía como antes. Y, en medio de todo ese itinerario, estuvo el Estado.

Un Estado que proclama proteger a las víctimas de violencia sexual.

Un Estado que asegura reforzar la salud mental.

Un Estado que promete acompañar a los más vulnerables.

Pero cuando uno observa el recorrido completo, surge una pregunta que incomoda profundamente al poder político: ¿dónde estuvo ese Estado cuando aquella vida empezaba a quebrarse? Porque la paradoja es evidente.

Cuando la petición fue ayuda para vivir, el sistema pareció difuso, lento, insuficiente. Cuando la petición fue morir, la maquinaria institucional funcionó con una precisión casi impecable. Comisiones médicas. Informes. Evaluaciones. Procedimientos garantistas. Resoluciones administrativas. Todo el engranaje jurídico del Estado se activó para asegurar que el proceso fuera escrupulosamente correcto.

Una muerte legal. Una muerte autorizada. Una muerte administrativamente perfecta. Y es precisamente esa perfección burocrática la que debería inquietarnos.

Porque una democracia madura no puede conformarse con garantizar que alguien pueda morir con arreglo a la ley. Su verdadera obligación es intentar, con todos los medios posibles, que nadie llegue a desearlo como única salida. Aquí es donde aparece la responsabilidad política. El Gobierno de España ha hecho de la ampliación de derechos uno de los pilares de su relato político. La Generalitat de Cataluña reivindica, con frecuencia, la excelencia de su sistema sanitario y su sensibilidad social.

Pero cuando el discurso institucional se encuentra con una historia concreta como esta, las preguntas se vuelven inevitables:

¿Funcionaron realmente todos los mecanismos de apoyo a la víctima?

¿Recibió la joven todo el acompañamiento psicológico, social y sanitario que necesitaba?

¿Hizo el sistema todo lo posible para evitar que aquella desesperación terminara convirtiéndose en una decisión irreversible?

Tal vez sí. Tal vez no. Pero si hoy media España se formula esas preguntas es porque algo, en el fondo, no encaja del todo.

Las sociedades modernas han desarrollado una notable capacidad para regular jurídicamente el final de la vida. Lo que todavía parece más difícil es construir instituciones capaces de sostener a quienes atraviesan el abismo del sufrimiento. Legislar es relativamente sencillo. Acompañar es mucho más complejo. Acompañar implica recursos, presencia, continuidad y humanidad. Implica que el Estado esté ahí cuando la vida se rompe, no solo cuando llega el momento de certificar su final.

Por eso esta historia no desaparecerá cuando se cierre el expediente administrativo. Porque deja flotando una pregunta incómoda que ningún gobierno debería ignorar: ¿Qué tipo de sociedad hemos construido si el Estado demuestra ser más eficaz organizando una muerte digna que garantizando una vida que merezca ser vivida?

Las leyes pueden cerrar un procedimiento. Pero hay preguntas que permanecen abiertas. Y esta es una de ellas.