La responsabilidad del Gobierno en la gestión de las residencias durante la pandemia: una cuestión que exige respuestas

Durante los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19, las residencias de mayores se convirtieron en el epicentro del drama sanitario y humano que vivió España. Miles de fallecidos, familias desconsoladas y una gestión administrativa que ha sido objeto de debate público, judicial y político.

El Gobierno central, en su delirio obsesivo de acoso y frustrado derribo de la presidente de la Comunidad de Madrid, Ayuso, vuelve a la carga a través de una juez que fue directora general de Marina Mercante en el Ejecutivo de Zapatero, y que soslaya los pronunciamientos judiciales anteriores sobre el tema. Proporcionalmente otras comunidades gobernadas por el PSOE, tuvieron mayor incidencia mortal, Castilla la Mancha, Rioja o Asturias. 

En este contexto, tal vez, cabría mejor analizar con rigor el papel que jugó el Gobierno central, y en particular el Ministerio de Sanidad y el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la gestión de estos centros y en la emisión de directrices que, por su contenido y forma, tuvieron consecuencias irreversibles.

Una coordinación asumida públicamente

El 19 de marzo de 2020, Pablo Iglesias compareció en rueda de prensa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para anunciar un plan de actuación y declarar que el Gobierno asumía la coordinación de los servicios sociales, incluyendo las residencias de mayores. Este hecho, documentado en video y medios oficiales, es clave para determinar una responsabilidad política directa en las decisiones tomadas y su ejecución posterior.

Las instrucciones del Ministerio de Sanidad

En ese mismo marco temporal, el Ministerio de Sanidad publicó la Guía de prevención y control frente al COVID-19 en residencias de mayores y otros centros sociosanitarios. En ella se dictaban normas como:

- "Se deben suspender todas las visitas a los centros sociosanitarios".

- "Se deben suspender todas las salidas de la residencia".

Estas expresiones, aunque no emplean el término "prohibido", tienen un carácter imperativo. En lenguaje jurídico-administrativo, la fórmula "se deben" implica una obligación. Emitidas desde una autoridad nacional y en el contexto de un estado de alarma, estas directrices no podían ser ignoradas ni consideradas meras recomendaciones.

Además, la Orden SND/265/2020, también publicada por el Ministerio, instaba a que los residentes infectados con COVID-19 fueran atendidos preferentemente en la propia residencia, reservando el traslado hospitalario solo para casos que lo requiriesen según evaluación médica. Esta orden incentivaba la medicalización interna de las residencias, muchas de las cuales no estaban preparadas para ofrecer atención clínica adecuada.

¿Consecuencia lógica o decisión evitable?

Las instrucciones del Gobierno central, junto con la saturación del sistema sanitario y la falta de recursos inicial, crearon un escenario en el que muchos mayores con síntomas graves no fueron derivados a hospitales, permaneciendo en centros sin medios adecuados. El resultado fue una cifra dramática de fallecimientos en residencias: más de 20.000 personas murieron en estos centros en los primeros meses de la pandemia.

Esto abre una pregunta que debe abordarse con honestidad: ¿fueron estas muertes una consecuencia inevitable del colapso sanitario, o el resultado de decisiones administrativas erróneas?

Responsabilidad política y moral

Aunque las competencias sobre la gestión directa de las residencias están transferidas a las comunidades autónomas, el Gobierno central asumió públicamente la coordinación de los servicios sociales y dictó instrucciones de obligado cumplimiento. Por tanto, no puede eludir su cuota de responsabilidad en las decisiones que contribuyeron a aislar, desatender o restringir los derechos de miles de residentes.

Es legítimo debatir si el contexto justificaba decisiones drásticas, pero también lo es exigir responsabilidades por los errores cometidos, tanto desde el punto de vista político como ético. Las víctimas y sus familias merecen no solo reconocimiento y memoria, sino también verdad y justicia.