Adrián Sarasa Liñán, delegado provincial de Atenea en Zaragoza.
Llevamos décadas delegando nuestra soberanía en manos de una casta política cada vez más alejada de la realidad que vive el 95% de la población, y luego nos sorprendemos de que las decisiones que toman no tengan nada que ver con esa realidad. La democracia española no está enferma porque los políticos sean malos. Está enferma, en parte, porque los ciudadanos que podrían ser buenos políticos han decidido no serlo.
El Estado crece silenciosamente, cubriendo cada rincón de la vida económica y social, ahogando la economía y haciéndola cada vez más dependiente de la subvención o del favor político. Todo ello porque la política se ha convertido en una profesión, que vela por sus intereses, que convierte la relación con la administración en algo complejo y destruye la economía, a veces deliberadamente, con el fin de justificar el perpetuarse en el poder, como nuestros supuestos salvadores.
Imaginemos a un empresario con quince años de trayectoria. Ha creado su empresa desde cero, ha sobrevivido a dos crisis, ha pagado religiosamente sus impuestos, ha lidiado con inspecciones de Hacienda, con la Seguridad Social, con el ERTE, con los cambios de convenio, con el nuevo reglamento de protección de datos, con la reforma laboral, con el registro de jornada…
Y, sin embargo, ese empresario no tiene ningún interés en participar en la vida pública. Porque la política, tal como está organizada en España, es un oficio de dedicación plena que exige un perfil muy concreto: disponibilidad absoluta, contactos en el partido, tolerancia al escrutinio público, dependencia económica y lealtad absoluta a quien hace listas y otorga cargos y favores.
El sistema está perfectamente diseñado para disuadir al profesional real de entrar en política y para atraer todo tipo de oportunistas.
El resultado es una clase política que habla de economía sin haber dirigido jamás una empresa, que legisla sobre el mercado laboral sin haber contratado a nadie por su cuenta, que diseña políticas de vivienda sin haber pedido nunca una licencia de obra, y que debate sobre la carga fiscal sin haber conocido jamás la angustia de calcular si los ingresos del mes cubren los gastos fijos, más el inminente atraco fiscal.
La pregunta que hay que atreverse a formular es ésta: ¿qué pasaría si en lugar de intentar que los políticos profesionales gobiernen mejor, intentáramos que los profesionales participaran en política? ¿Qué pasaría si fuera obligatorio para un candidato haber cotizado al menos 10 años en el sector privado?
España ha cambiado estos últimos 40 años en todos los sectores, menos en la administración, que permanece impasible en su diseño decimonónico. Vivimos en un mundo que tecnológicamente avanza de forma vertiginosa e imparable. Los emprendedores, los profesionales, han demostrado una capacidad de adaptación e innovación que contrasta dolorosamente con la rigidez y la lentitud de las instituciones públicas.
Necesitamos que los profesionales dejen de ver la política como un mundo ajeno, sucio, inaccesible, para el que no están hechos. Necesitamos que el autónomo, el pequeño empresario, el profesional liberal, el directivo del sector privado, se convenza de que su experiencia no es un mérito menor en comparación con los veinte años en las listas de un partido. Es, precisamente, lo que falta. Necesitamos que entiendan que abstenerse de la política no es una postura neutral, es una decisión activa de dejar el campo libre a otros.
Cada vez pagamos más impuestos por servicios que cada vez son peores. Cada vez hay más regulación y menos eficiencia. Cada vez más organismos y menos resultados. Esto no va a cambiar solo. Los políticos actuales no van a dejar que su poder disminuya. Va a cambiar cuando las personas que tienen razones para cambiarlo decidan hacerlo. Eso requiere algo que es difícil, pero no imposible: mojarse.
España tiene solución. No está en ningún despacho ministerial, en ninguna secretaría de Estado, en ningún comité de expertos.
Está en el taller del mecánico que lleva quince años luchando con las inspecciones, en el almacén del empresario que decidió no crecer más allá de cuarenta y nueve empleados para no caer en el siguiente tramo regulatorio, en la mesa de la arquitecta que calcula cuántos meses tardará en obtener la licencia que en Alemania tardaría tres semanas. Todos ellos conocen el problema y todos ellos son parte de la solución.
La democracia no es sólo el derecho a votar cada cuatro años. Es la responsabilidad de presentarse. España necesita profesionales que decidan que ya es suficiente, que hagan suya la política en lugar de dejársela a quien la ha convertido en su oficio y en su negocio. Es la hora de hacer las cosas de otra manera. La hora de reemplazar los políticos profesionales, por profesionales que sacrifican parte de su tiempo en hacer política.
*Adrián Sarasa Liñán, delegado provincial de Atenea en Zaragoza.
