El pasado lunes, como adelantó Invertia, la concesionaria de los hospitales de Torrevieja, Vinalopó (Elche) y Dénia, Ribera Salud, denunció ante la Guardia Civil una "entrada irregular" en su sistema informático y el "robo" del código fuente de su aplicación para la gestión sanitaria:  Cynara, propiedad de Futurs Health, su filial tecnológica.

Ayer, la consellera de Sanidad, la socialista Ana Barceló, justificó ese supuesto delito penal en la "obstrucción" de la empresa concesionaria al proceso de reversión. No quiso entrar en detalles de si se produjo, como denuncia la concesionaria, y de quién dio la orden, ya que el hackeo, según la denuncia, se realizó desde el despacho del comisionado nombrado por Barceló para la transición, el exedil de Fiestas de Elche, José Pérez Ruiz.

Pero si ya es escandaloso que desde una administración pública se responda a preguntas explícitas sobre un supuesto delito con vaguedades y justificaciones extemporáneas, más alarmante es que desde las Cortes Valencianas, institución depositaria de la representación de la ciudadanía, se jaleen este tipo de actos.

Podemos

Y eso fue precisamente lo que hizo ayer la portavoz de Podemos en la cámara autonómica, Pilar Lima, que lanzó un tuit en el que afirmaba su apoyo al supuesto acto delictivo. Incluso con un insulto final a los gestores de tres hospitales de la Comunidad.

"Que dicen los de Ribera Salud, una empresa de sanidad privada con fondos norteamericanos, en cuyas manos están algunos hospitales valencianos, que la Conselleria de Sanidad les ha hackeado sus ordenadores. Pero que hay que trasladar los datos del Hospital de Torrevieja. ¡Torpes!", señaló Lima.

No es la primera vez que portavoz de Podemos utiliza Twitter para exponer su particular idea de lo que es la Justicia. Hace una semana, ante la condena de uno de sus compañeros de partido por agredir a un policía tuiteó: "No hay pruebas pero lo condenan. ¿Normalidad democrática? Espeluznante justicia se nos está quedando. Es horrible. No estás solo. Un abrazo fuerte".

El hecho no es baladí, ya que Podemos es una de las tres patas que sustentan el Gobierno Botánico de Ximo Puig, y por tanto, corresponsable de las decisiones que se toman en el Palau de la Generalitat.

Código Penal

En el Código Penal, el artículo 197.2 establece las penas de uno a cuatro años de prisión a las que podrían enfrentarse quienes " sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado".

En el punto 4 del mismo articulado se establecen penas de prisión de tres a cinco años si el delito lo cometen "las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros". Y en el apartado 5 se cita expresamente los datos sobre "salud".