Al final no ha habido "tasa turística consensuada con el sector", tal como prometían los diputados y cargos del PSOE valenciano, empezando por Ximo Puig. La izquierda en las Cortes (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) ha dado el visto bueno definitivo este viernes al impuesto que gravará al turismo a partir de finales de 2023, un tributo autonómico y obligatorio que nace bonificado y que, en principio, solo lo aplicarán los ayuntamientos, empezando por el de Valencia. 

La medida salió adelante gracias al voto telemático, porque en la votación presencial ganó el 'no' por un voto. Resultado final: 51 a 46. El PSOE no se ha desmarcado así de sus socios en el Gobierno tripartito, pese a la petición expresa que la patronal turística Hosbec, la mayor de la Comunidad Valenciana, había hecho 24 horas antes. Todos los subsectores de alojamiento están en contra de la implantación de este tributo y han firmado para que no se implante.

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En este sentido, el presidente de la Diputación de Alicante y del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado en un mensaje de Twitter que si gobierna en 2023 (hay elecciones autonómicas) la tasa turística no se llegará a aplicar. 

El impuesto valenciano sobre estancias turísticas, incluido en la ley sobre medidas fiscales para impulsar el turismo sostenible y que se ha aprobado en el último pleno ordinario de este año, empezará bonificado al 100 % en su rango autonómico y serán los municipios quienes decidan si implantará.

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Esta tasa turística oscila entre el medio euro al día -con un límite de siete días- para estancias en cámpines, hostales, pensiones, apartamentos turísticos estándar y casas rurales de hasta tres estrellas, y los dos euros para establecimientos hoteleros a partir de cuatro estrellas superior.

Los ingresos que se obtengan por este tributo indirecto propio en principio se destinarán íntegramente, según la norma, a inversiones y gastos vinculados tanto a la promoción, impulso, protección, fomento y desarrollo del turismo sostenible en la Comunidad Valenciana, como a la mejora de servicios o políticas de acceso a la vivienda de afectados por la afluencia turística.

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La ley contempla exenciones para los menores de 16 años, las personas con una discapacidad del 66 % o más, los programas sociales subvencionados por las Administraciones como el Imserso, las estancias en albergues juveniles para menos de 30 años, los congresos científicos o las competiciones deportivas oficiales.

El grupo socialista, quien inicialmente mostró sus reticencias sobre esta tasa a la que se ha opuesto públicamente el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, ha votado en bloque a favor de la creación de esta norma, al igual que Compromís y Unidas Podemos.

Según el Botánico, esta ley supone equipararse a la mayoría de países europeos, que aplican una tasa similar, y permitirá hacer mejoras en los municipios que sufren los efectos más adversos del turismo, mientras que la oposición ha criticado el nuevo impuesto -que el PP derogará si gobierna la próxima legislatura- y ha acusado de "turismofobia" al tripartito.

Un "peaje ideológico"

Las reacciones a esta votación no se han hecho esperar. La vicealcaldesa y responsable del Patronato de Turismo Alicante City&Beach, Mari Carmen Sánchez, de Cs, ha calificado de "imposición ideológica" y de "zancadilla al sector turístico" la aprobación este jueves de la tasa turística.

La regidora de Turismo ha recordado, en un comunicado, que "esta tasa sale adelante con todo el sector en contra, con el secretario autonómico de Turismo en contra y con un presidente de la Generalitat que se ve obligado a contentar a sus socios del Botánico pero que tampoco está convencido de su oportunidad".

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"En resumen, que una vez más pagamos todos el peaje ideológico de una minoría que va a acabar perjudicando a una mayoría", ha señalado Sánchez, quien ha añadido que "la tasa turística se aprueba pese a existir estudios serios y contundentes que rechazan su implantación por gravar doblemente los bolsillos de los valencianos, sin haberla acompañado de los informes pertinentes que esta medida necesita y sin haber escuchado al sector".

Sánchez ha hecho alusión al informe elaborado por la Universidad de Alicante (UA) que cifra en más de 3.800 millones los impuestos generados por la actividad turística en la Comunitat Valenciana y limita a 53 millones lo que se recaudaría por este gravamen a las pernoctaciones.

"Está claro que no compensa y menos en el momento económico actual con la inflación que tenemos y los costes energéticos disparado", ha asegurado Sánchez, quien ha criticado las afirmaciones de los grupos de izquierda sobre el valor añadido del turismo.

Más impuestos "verdes"

Por otra parte, el pleno de las Corts también ha aprobado, por los votos a favor del Botánico y en contra de la oposición, la ley del cambio climático y la transición ecológica de la Comunidad Valenciana, que incluye la creación de tres impuestos "verdes" para gravar las emisiones de dióxido de carbono.

En concreto, se crean los impuestos sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, sobre las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las actividades económicas, y por el volumen de vehículos que acceden a determinados establecimientos comerciales implantados en grandes superficies.

Según el tripartito, esta ley busca mitigar las emisiones, adaptar la vida a la nueva situación y que quien más contamine más pague, mientras que la oposición ha lamentado que se creen tres nuevos impuestos en el contexto actual de dificultad, que implican una "doble imposición" y con un calendario "imposible de cumplir".

La aprobación de las dos leyes, en cuya votación ha participado también el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha sido recibida con aplausos de la bancada de los grupos del Botánico.