La batalla para la aplicación de un impuesto que grave las estancias de turistas en la Comunidad Valenciana puede haber acabado su tramitación parlamentaria, con el rechazo de todas las enmiendas de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox), pero aún le queda bastante recorrido tanto político como (parece) judicial. 

En el primer caso, porque aún tiene que convocarse el pleno para su aprobación, algo que parece un trámite teniendo en cuenta que la izquierda (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) es quien lo impulsa.

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En el segundo, porque los empresarios consideran que el impuesto, "mal llamado tasa turística", podría no ajustarse a derecho precisamente por el formato con el que nace: una bonificación del 100 % en su tramo autonómico para permitir que sean solo los ayuntamientos quienes decidan si aplicarlo o no. Más concretamente, el de Valencia, porque el resto de los destinos turísticos de la Comunidad está en contra.

De hecho, llama la atención que ni siquiera quienes han impulsado su tramitación en las Cortes se atreven a proponerla en los ayuntamientos a los que se van a presentar en las próximas elecciones municipales, como es el caso de la síndica del PSPV Ana Barceló en Alicante.

Tal como está planteado, este tributo es de obligado cumplimiento en toda la autonomía; es decir, todos los usuarios de hoteles, apartamentos, campings, casas rurales y cruceristas, incluso los empadronados en la región, tienen que abonarlo (entre 0,50 y 2 euros por persona y día, en función de la categoría del alojamiento). 

Sin embargo, el truco que ha utilizado la izquierda es permitir una bonificación completa del impuesto e incluir una disposición adicional que autoriza a los municipios a recaudarlo de manera paralela. De ahí que aseguren que es "municipal y voluntario" cuando, en realidad, es autonómico y obligatorio. 

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Desde Hosbec destacan que el hecho de que se haya tramitado directamente por parte de los partidos que componen el Botánico y no desde el propio Gobierno valenciano. ¿Por qué? Sospechan que es para esquivar el tener que pedir informes al Consejo Jurídico Consultivo y al Consejo Económico y Social. Es por esto por lo que ya se están preparando para, en caso de que se apruebe en Cortes, "utilizar todos los instrumentos oportunos" para recurrirlo, incluso acudiendo a los tribunales.  

Tal como informó EL ESPAÑOL, los expertos elegidos por el propio Consell para la reforma tributaria valenciana se mostraron en 2021 en contra la aplicación del tributo, en un documento titulado 'Informe sobre la autonomía financiera valenciana mediante el desarrollo de su propio sistema tributario y de tributos cedidos'. 

En concreto, en la página 152, lo introduce del siguiente modo: "Igualmente, dadas las externalidades negativas ocasionadas por las actividades relacionadas con el turismo, en término de presión sobre el medio (ocupación de espacios naturales, consumo de agua, saneamiento, etc.), así como el hecho de que la Generalitat tenga la competencia exclusiva en materia de turismo, podría barajarse la posibilidad de establecer un impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, como han hecho las CCAA de Cataluña y de las Islas Baleares".

La cuestión es si resulta oportuno. Y lo despeja a continuación: "Sin embargo, el turismo que constituye, hoy día, motor económico de la Comunidad, de ahí que, en las circunstancias actuales, entendamos que es más acomodado optar por no establecerlo".

Las enmiendas, rechazadas

El caso es que este viernes la proposición de ley que contempla aplicar este impuesto ha superado este viernes su último trámite parlamentario antes de ser aprobada definitivamente por el pleno de las Cortes.

La iniciativa salió adelante en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, con los votos favorables del PSPV, Compromís y Unides Podem, y en contra de la oposición, después de haberse debatido y votado las enmiendas presentadas por los grupos al texto.

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Las únicas propuestas asumidas fueron las presentadas por los firmantes de la ley, mientras que se han rechazado las enmiendas de la oposición que planteaban la supresión de todos y cada uno de los artículos y disposiciones de la norma.

Desde el PP, Ciudadanos y Vox insistieron en acusar al Consell de "turismofobia"; en considerar que la norma solo busca castigar a las empresas hoteleras y sus empleados, así como al conjunto de los valencianos, y en señalar que no es el momento de aplicar un impuesto a un sector que lo ha pasado muy mal con la pandemia.

La izquierda, por su parte, reprochó a la oposición que no haya planteado mejoras a un impuesto que se va a aplicar y que acabarán aplicando también los partidos que ahora la rechazan, y consideraron que la propuesta es "razonable y sensata".

En los últimos días, Compromís había propuesto también a sus socios de gobierno la posibilidad de ampliar el importe máximo de la tasa turística, fijado actualmente en 2 euros por noche en función del tipo de alojamiento, para que los municipios tengan "un rango más amplio" si deciden implantar este impuesto.

La idea, lanzada por la vicealcaldesa de Valencia, la socialista Sandra Gómez, finalmente, finalmente no ha llegado a plantearse formalmente en las Cortes, pues el plazo para presentar enmiendas a la proposición de ley a estaba cerrado y los socios no han alcanzado un acuerdo.

"Estamos convencidos de que el Ayuntamiento de Valencia, desde su autonomía municipal, tiene herramientas para encontrar soluciones", señaló la diputada socialista Trini Castelló, mientras que la síndica de Compromís, Papi Robles, ha señalado que la no aceptación de su propuesta "no cambia el sentido de esta ley".

Por su parte, el portavoz de Turismo PP, Manuel Pérez Fenoll, afirmó que esta tasa es "un nuevo impuesto que castiga a la Comunidad y a un sector que aporta casi 3.900 millones con sus impuestos cada año", y acusó al Botánico de "turismofobia".

De la misma manera, el diputado de Ciudadanos Carlos Gracia criticó que se penalice a un sector "que contribuye a las arcas públicas con más del triple del gasto que se le destina", y se castigue un modelo de empresa que es el que más valor aporta y más empleo genera, pero no se ataque a la oferta clandestina.