La "tasa turística" planteada de manera recurrente por Compromís y Unidas Podemos en la Comunidad Valenciana y que, de momento, ha contado con el rechazo del PSOE, no sería un impuesto general para aplicar en todo el territorio, sino algo con una lectura "muy local, municipalista y diversa", según el conseller de Hacienda, Vicent Soler.
El socialista intervino este martes en las Cortes para descartar aplicar ahora mismo este tributo, al asegurar que no era el "momento adecuado" teniendo en cuenta la crisis que atraviesa el sector por las restricciones derivadas de la pandemia. Pero sí dejó algunos apuntes muy interesantes sobre lo que se puede esperar en el futuro.  
Para empezar, Soler da por hecho que "habrá que hablar" sobre este impuesto porque está implantado en otras regiones europeas. A partir de ahí, el conseller considera que "un tratamiento uniforme de este tema sería no solo imprudente, sino además contrario a los intereses de un sector importantísimo para la Comunidad, que se está recuperando de un periodo enormemente dramático".
Es decir, que en esta cuestión no habrá una "armonización fiscal", como se reclama desde la Generalitat para el conjunto del Estado, y se desliza su enfoque será municipalista. 
En este sentido, Soler ha reiterado que un planteamiento "uniforme" de la medida para todo el territorio sería "absolutamente inadecuado, imprudente y atentatorio contra los intereses del sector", que también tendría que participar también en el debate. Hasta ahora todos los empresarios turísticos, da igual el subsector, han rechazado frontalmente la medida.
El hecho de que la tasa turística pueda ser voluntaria y municipal elimina de un plumazo una de las reivindicaciones de los vicepresidentes Mónica Oltra (Comrpomís) y Héctor Illueca (Unidas Podemos): que lo que recaude se destine a políticas del Gobierno valenciano.
De hecho, y como ya se había apuntado en anteriores debates sobre este tributo, si la recaudación fuese municipal podría ayudar a paliar la infrafinanciación que sufren los municipios considerados turísticos, cuyo censo sufraga los servicios que en temporada alta utiliza un volumen mucho más alto de población.
España fue en 2019 el segundo país más visitado del mundo, solo por detrás de Francia, y solo Baleares y Cataluña aplican en la actualidad este impuesto. Los empresarios, sin embargo, aseguran que las características específicas de la Comunidad Valenciana, con un mercado especialmente sensible al precio, podría tener consecuencias graves para el sector a corto plazo.  

Playa de Alicante, en imagen de archivo. EFE

Los socios responden

Las declaraciones de Soler obligaron a un repliegue a los socios del PSOE en el Botánico. La síndica adjunta de Compromís en las Cortes, Aitana Mas, ha manifestado, en declaraciones a los periodistas en los pasillos la Cámara, que el debate "no está en si tasa turística sí o no sino en cómo hacemos esa tasa turística".
Mas ha defendido que Compromís está dispuesto a abrir el debate "que viene aplazado de otros años" y cree que "este es uno de los años propicios para hablar y ver cuándo se puede implantar esta tasa y de qué manera hacerlo para que todo el mundo esté cómodo en esa opción" y pueda ser una realidad a finales de 2022 o principios de 2023.
Preguntada sobre si influirá en la aprobación de los presupuestos, ha contestado que el PSPV "ya ha dicho que no tiene inconveniente -de abordar la tasa- siempre y cuando miremos de qué manera y cómo, por lo que no contemplamos todavía esa opción" y el debate se trasladará al parlamento valenciano.
Por su parte, la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha explicado que su formación espera que la tasa "sea una realidad" y se "pase de las palabras a los hechos para empezar a aplicarla lo antes posible" y recaudar fondos para otro tipo de inversiones como políticas de vivienda para los jóvenes o medioambientales.

Quejas en la oposición

En la oposición, el diputado popular Rubén Ibáñez ha lamentado la comparecencia del conseller de Hacienda, Vicent Soler, en lugar de la del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, como había solicitado su formación.
Ibáñez ha criticado que el Gobierno valenciano "tiene descentrada y descolocada a la ciudadanía con una inseguridad jurídica más que manifiesta, porque la parte comunista del Consell dice que sí a la tasa y la socialista dice que no lo saben" y lo que les une es "recaudar más recursos" ante el aumento del número de sus asesores.
La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha afirmado que su formación se opone a la subida de impuestos y más a la implantación de nuevos que además "gravan a un pilar fundamental de la economía valenciana como es el turístico" y espera que el PSPV "no se deje embaucar por estos cantos de sirena que no quieren el bien para el turismo de esta comunidad y se mantenga firme" contra esta medida.