La Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral ha impuesto sanciones que suman más de 670.000 euros a ocho empresas de la Comunidad Valenciana por infracciones en prevención de riesgos laborales. Estas sanciones por infracciones levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, Alicante y Castellón salen publicadas este jueves en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La sanción más alta, de 310.000 euros, ha sido impuesta por la Inspección de Alicante, y corresponde a Soluciones Todotejado SL, por una infracción muy grave por vulneración de la prevención de riesgos laborales sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

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También en Alicante, la Inspección ha impuesto una sanción de 60.101 euros a Gustamur Fomento y Construcciones, SL, de Rojales; otra de 31.000 euros a Construcciones Langlo, SL, de Orihuela; 59.000 euros a Cerámica Torregrosa, SL, de Agost; y 49.181 euros a Sat Betisan (cultivo de la vid) de Novelda.

En la provincia de Valencia, la Dirección General de Trabajo ha sancionado con 40.986 euros a Ferrovial Servicios, SA (actividades de jardinería), y con 60.200 euros a Ker Dua, SL (actividades de construcción especializada).

En Castellón, la sanción dada a conocer se eleva a 60.000 euros y recae sobre Realonda, SA (fabricación de azulejos y baldosas de cerámica), de Onda.

Sanción al Ayuntamiento de Valencia

Por otra parte, la Inspección de Trabajo ha vuelto a sancionar al Ayuntamiento de Valencia por irregularidades laborales en la EMT y le ha impuesto una multa de 75.000 euros por cesión ilegal de trabajadores, según informó el Partido Popular.

La multa corresponde a la cesión ilegal de trabajadores por la externalización a un centro especial de empleo del servicio de repostaje de los autobuses.

La resolución de la Inspección de Trabajo afirma que, a pesar de la concurrencia de diversas infracciones en la articulación de la adjudicación, excediendo los límites establecidos para las licitas contratas de servicios, se considera que estas tienen un carácter instrumental, y en consecuencia, aplica las consecuencias al supuesto real, que es la cesión ilegal de trabajadores, y no al meramente formal, según el texto citado por el PP.

Por ello, resuelve que la conducta reflejada se encuentra tipificada y calificada como infracción "muy grave" y por ello se le impone una sanción de 75.000 euros.

El concejal del PP Carlos Mundina ha lamentado "la serie de despropósitos que se viven en la EMT, pues no es ni la primera ni será la última multa o condena que reciba el gobierno de Ribó y PSOE por la nefasta gestión en la compañía de transporte municipal EMT".

"Ya han condenado a pagar más de medio millón de euros por multas a la compañía y más de 10,5 millones por parte de la Agencia Tributaria", ha recordado.