El Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Alicante ha desestimado íntegramente la demanda interpuesta por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) contra el Hércules. Con esta victoria del equipo blanquiazul, este seguirá haciendo uso del estadio José Rico Pérez hasta 2032 en las mismas condiciones que actualmente.

El fallo del magistrado da validez al contrato suscrito entre el Hércules y Aligestión, la entidad que era dueña del estadio antes de que el IVF lo comprara en una subasta en 2017 dentro del proceso de liquidación de la sociedad.

La obligación que se marcaba entonces, y como indica la sentencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, era la cesión al club durante 25 años el uso para que dispute
sus partidos. Y el IVF reclamaba a través de la vía judicial que se resolviera el actual arrendamiento para lograr un nuevo convenio de uso en el que se marcarían otras condiciones. Así fue como surgió el plan de convertirlo en el Alicante Arena.

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Esa solución que se buscaba desde el anterior equipo de Gobierno de la Generalitat implicaba que el club perdía todo el protagonismo de la gestión del espacio ya que se convertía en un recinto multiusos donde el equipo podría jugar sus partidos, pero en el que además se podrían organizar grandes eventos.

Esta victoria judicial para el equipo de Alicante deja atrás este planteamiento. Así el club podrá seguir haciendo uso de la instalación hasta 2032 en las mismas condiciones que se pactaron en 2007: pagando el canon anual estipulado en el contrato y el 7% de sus ingresos brutos por campaña.

La sentencia, sin embargo, también señala que el Hércules tiene prioridad para el uso del estadio, aunque no de forma exclusiva. El fallo, fechado este viernes, también condena a las costas al IVF y es recurrible ante la Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de 20 días.

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El juicio entre el Hércules y banco del Consell por el arrendamiento del Rico Pérez ha estado repleto de incidencias y parones, ya que se suspendió hasta en tres ocasiones: primero al solicitar el club una indemnización en el caso de la resolución del contrato; tras nombrar el juez un perito encargado realizar un estudio sobre el estado de la instalación y por último, al rechazar las partes el perito propuesto.